La tarde de este lunes, luego de que el ex secretario de Finanzas y Planeación, Mauricio Audirac, saliera del reclusorio de Pacho Viejo para seguir en libertad su proceso penal, y que el abogado Rodolfo de la Guardia, defensor del ex secretario duartista de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, acudiera al Palacio Legislativo para presentar la tercera demanda de juicio político en contra del fiscal general Jorge Winckler por los presuntos delitos de fraude procesal, tortura e ilegalidad de la investigación y denuncia por desaparición forzada –en la que también fueron incluidos el ex mandatario Miguel Ángel Yunes Linares y el ex titular de la SSP, Jaime Téllez Marié–, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez tuiteó: “Lo advertimos, fue un fiasco y show mediático la ‘recuperación de bienes’, ‘denuncias’ e ‘investigaciones’ contra (Javier) Duarte y sus ex funcionarios, el gobierno anterior pactó con ellos la negociación de propiedades a cambio de su libertad y bajar las penas. Empieza a salir la verdad.”
 
Sin embargo, si desde semanas antes de que asumieran constitucionalmente el poder, tanto el gobernador de MORENA como Eric Cisneros, titular de la SEGOB, ya habían advertido que el fiscal yunista sería sometido a juicio político y destituido de la Fiscalía General del Estado (FGE), por qué entonces Cuitláhuac y su operador político cometieron el error de invitarlo a la conferencia de prensa de este domingo en la que fue anunciada formalmente la Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz.
 
¿Qué caso tenía que lo invitaran si ya no confían en él ni están conformes con su desempeño al frente de la Fiscalía General?
 

Este lunes 3, por ejemplo, luego de que declarar que investigan si la administración de Yunes Linares destinó recursos públicos para comprar y simular la recuperación de bienes inmuebles de ex funcionarios duartistas, el secretario de Gobierno dejó entrever que en este asunto también estaría inmiscuido Winckler Ortiz, de quien reiteró que será destituido. “Me canso ganso que se va”, declaró sobre lo dicho el día anterior por el fiscal, quien negó que vaya a renunciar, argumentando que la FGE es constitucionalmente autónoma.
 
¿Por qué Winckler se aferra a la FGE? Porque será una instancia determinante si el nuevo gobierno de MORENA decide fincarles responsabilidades penales a los ex funcionarios de la administración anterior, incluido Yunes Linares, su jefe político.
 
Por eso es más que obvio que el litigante de origen oaxaqueño no es confiable para Cuitláhuac García por su incondicionalidad al ex gobernante panista.
 

En abril de 2016, por ejemplo, antes de la elección que ganó el abanderado de la alianza PAN-PRD, jugó un papel protagónico en el caso de “Los Porkys” como defensor de una presunta menor de edad que supuestamente habría sido violada en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río. El abogado yunista detonó un gran escándalo con repercusión mediática estatal y nacional que puso en entredicho a la administración del gobernador Duarte de Ochoa e impactó negativamente la campaña del candidato del PRI, Héctor Yunes Landa, que era el contendiente a vencer.
 
Pero el colmo es que en junio de 2017, siendo ya fiscal, Winckler fungió también como defensor voluntario del mandatario panista y de su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez, todavía alcalde en funciones de Boca del Río, en la investigación que por enriquecimiento ilícito se les sigue desde 2015 por las denuncias que diputados federales y ex diputados locales del PRI, así como el ex gobernador Duarte y el Movimiento de los 400 Pueblos presentaron en su contra ante la FGE y la PGR.
 
Yunes Linares y Yunes Márquez son representados desde entonces por Winckler, quien consiguió amparos provisionales y definitivos. Sin embargo, en junio del año pasado, la PGR atrajo la carpeta de investigación FGE/FLM/IM/45E/2015 por el delito de enriquecimiento ilícito en agravio del servicio público. La investigación ministerial fue solicitada con el oficio PGR/S5IDF/DGAE/1784/2016, suscrito por la agente del Ministerio Público adscrita a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales.
 

Winckler, vinculado también a grupos de poder económico muy allegados a la familia Yunes Márquez, fue perfilado a la FGE no para servir realmente a los veracruzanos sino al fallido proyecto sucesorio del ex mandatario panista, quien fracasó en su intento de heredarle el poder a su primogénito.
 
El abogado oaxaqueño sabe mejor que nadie que si llegó a la FGE a finales de 2016 fue por la presión que su jefe político, todavía como gobernador electo, ejerció sobre el fiscal duartista Luis Ángel Bravo Contreras, quien originalmente había sido ratificado en enero de 2015 también por el Congreso local por un periodo de nueve años.
 
La versión que corrió en noviembre del año antepasado es que el litigante cordobés habría llegado a un acuerdo con Yunes para que a cambio de presunta impunidad nombrara primero a Winckler Ortiz como visitador general de la FGE y así, un mes después, el abogado yunista lo sustituyera en la titularidad de este órgano constitucionalmente autónomo previa ratificación de la LXIV Legislatura, bajo control de sus diputados aliados del PAN y PRD.
 

Una vez instalado en la Fiscalía, Winckler comenzó a usarla como instrumento de propaganda y coacción para impulsar la candidatura de Miguel Ángel Yunes Márquez mediante la intimidación y persecución de los adversarios políticos del ex gobernador.
 
El caso más sonado fue el de la ex primera dama de Veracruz, Karime Macías. El reportero Noé Zavaleta, de la revista “Proceso”, consignó que el caso de Macías Tubilla fue utilizado por el gobierno de Yunes para contrarrestar la ventaja que en algunas encuestas le sacaba Cuitláhuac García, de MORENA, al candidato del PAN.
 
Zavaleta citó textualmente: “El fiscal general Jorge Winckler Ortiz denominó ‘Bombazo winckleriano’ a una breve columna periodística que él mismo envió a sus reporteros afines. Es un texto cargado de errores ortográficos y pifias gramaticales, en el cual afirma que el escándalo de la esposa de Duarte hizo avanzar a Yunes Márquez: ‘Están agraviados porque Chiqui, Chiqui, Chiqui Yunes avanzó de menos cinco puntos en todas las encuestas con este Bombazo Winckleriano (sic)”.
 

Sin embargo el cálculo le falló. El primogénito de Yunes Linares terminó perdiendo por un margen superior a 4 puntos porcentuales, que representaron más de 200 mil votos de diferencia a favor del candidato de MORENA.
 
TOMÁS MUNDO SE PREPARA
 
Por cierto, el que acaba de regresar de Medellín, Colombia –país que lleva 13 años practicando el sistema adversarial–, es el abogado veracruzano Tomás Mundo Arriasa, a quien este lunes 3 se le vio muy cerca del gobernador Cuitláhuac García en el Congreso del Estado, en la sesión solemne en la que la LXV Legislatura local galardonó al poeta veracruzano y traductor en lengua Náhuatl, Juan Hernández Ramírez, con la entrega de la medalla y diploma “Adolfo Ruiz Cortines”.
 

Tomás Mundo recibió la semana anterior en Sudamérica el Premio Por su compromiso y constancia en la capacitación jurídica de Alta Calidad, en el marco de la Pasantía Internacional sobre Estrategias de Litigio Penal realizado en la Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA), cuyo cuerpo académico está formado por catedráticos con estudios de posgrado en Europa y Estados Unidos, los cuales tienen años de práctica del sistema penal adversarial.
 
El abogado porteño compartió experiencias con participantes de 7 países latinos que asistieron: Bolivia, Uruguay, Panamá, Perú, México, El Salvador, Guatemala.
 
De todo este aprendizaje, lo más importante para Mundo Arriasa es cómo aterrizar todos estos conocimientos para procurar que Veracruz tenga una mejor justicia, sacar al estado del estado terrible en que lo tienen los actuales encargados de procurarla y aplicarla.
 

Para este abogado litigante, nunca más se debe permitir que las audiencias se hagan privadas, por un elemental sentido de la máxima de la experiencia: “El pueblo tiene el derecho a saber cómo se imparte justicia. En ningún país de América Latina las audiencias son privadas”, refiriendo, por ejemplo, que países como Chile y Perú están transitando a hacerlas públicas, televisadas; “que todos vean como se aplica la justicia, hacia allá debemos ir”, afirma.
 
Inclusive apunta que existe una resolución “de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obliga a que la prensa –guardando obviamente todo respeto– entre a grabar a las audiencias; así que debemos hacer valer este Protocolo, y así se debe obligadamente permitir que la prensa entre a grabar las audiencias.”
 
Otro tema de vital trascendencia, dice, es que nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales solo permite, al igual que los Estados Unidos, que en la etapa de Juicio, en el alegato de Clausura inicie la Fiscalía, luego la defensa con su argumento, y cierra la Fiscalía porque tiene la carga de la prueba, pero señala que en los países latinos, cierra la defensa, por una sencilla razón y principio del sistema adversarial: igualdad de las partes, por ello, expone, “debemos pedir a los jueces que nos permitan a nosotros argumentar después de que lo haga por segunda vez la fiscalía; que probablemente nos lo nieguen, tenemos tratados internacionales que obligan a los jueces a cumplirlos. ¿Cuál es nuestro sustento legal? El protocolo de Mallorca; ¿cómo hacerlo valer? Eso depende de la experticia del abogado.”
 

Pero además comenta que sobre los procesos en los que están involucrados ex funcionarios duartistas y que al parecer existe una mala integración de las carpetas respectivas –incluso dice que podría alcanzar al ex gobernador Duarte y a todos los que terminan este sexenio y que seguramente conocerán de cerca el sistema penal acusatorio–, existe una decisión, Acuerdo de la ONU para víctimas del Delito y Abuso del Poder: “Se podrán corregir esas carpetas, integrarlas debidamente para castigar con las penas que les corresponda según su grado de participación en los eventos delictivos, pese a que las carpetas actualmente estén mal integradas a propósito o por ignorancia del sistema penal, ambas cosas son graves; pero apoyándonos en estos acuerdos internacionales se podrá corregir el rumbo, hacer que pague quien deba hacerlo; recuperar, ahora si con seriedad y legalmente, todos los recursos públicos de los veracruzanos.”
 
Veracruz, resume, “tiene todo para estar dentro de los mejores esquemas de justicia del país, para eso se requiere voluntad política, un fiscal que conozca el sistema y un presidente del Tribunal que realmente sepa en qué consiste aplicar justicia.”