Cuando Pericles Namorado Urrutia dejó la Procuraduría de Justicia del Estado (en tiempos, ay, tan lejanos del presente) declaró sin dudas: "Podré haber metido la pata, pero nunca metí las manos". Al maestro (maestro de mi papá y amigo mío) le tocaron tiempos ciertamente difíciles. Era gobernador Agustín Acosta Lagunes, y las olas del mal azotaban varias partes de Veracruz.
 
Con la excepción del bienio de Fernando Gutiérrez Barrios, que vio pasar la paz como quien mira un barco en la noche, la violencia no ha cesado y las autoridades estatales – como las federales – poco han podido hacer para solucionar este problema que viven los veracruzanos.
 
Pero la violencia no es el único mal que infecta nuestras vidas. La corrupción, el enriquecimiento inexplicable, la impunidad, el descaro y la mentira han terminado por ensuciar el ambiente social y político de Veracruz. Durante varios años, propios y extraños fuimos testigos de saqueos descarados y cosas todavía más turbias. Nadie hizo nada.
 

Entonces llegó Miguel Ángel Yunes Linares (aunque en realidad no se había ido) y prometió acabar con la violencia en seis meses que se volvieron veinticuatro, y ofreció que saldaría cuentas con quienes metieron las manos en los dineros públicos. Los veracruzanos le creyeron.
 
Al parecer se equivocaron. Javier Duarte de Ochoa fue detenido por las autoridades federales, y las autoridades estatales metieron a la cárcel a varios ex funcionarios del duartazgo. Y ahora nos damos cuenta de que hubo quienes metieron las patas y las manos en el manejo de lo que fue la Procuraduría y es ahora la Fiscalía General, el mismo infierno pero con diferente diablo.
 
El arco del triunfo
 

Lo primero que hicieron fue pasarse la ley por el arco del triunfo al darle el cargo a un abogado con menos de cinco años de experiencia en las artes legales, como establece el artículo 67 de la Constitución del Estado. No recuerdo ahora qué artimaña usaron el gobernador y los legisladores de hace dos años para evadir el ordenamiento constitucional, aunque ya no importa.
 
Tampoco sabemos, y tal vez no sepamos nunca, qué pensó Jorge Winckler cuando le dijeron que iba a ocupar un puesto para el que no estaba calificado. El caso es que llegó y tomó posesión haiga sido como haiga sido. Pronto comenzaron los arrestos de ex funcionarios duartistas.
 
Y el gobernador anunció decomisos e incautaciones, recuperaciones y revelaciones de cómplices presuntos o confesos del ex gobernador, ahora delincuente confeso y convicto. Varios de los señalados por la opinión pública devolvieron parte de lo robado, algo que el sentido común – pero no la ley – interpreta como admisión de culpa: ¿por qué voy a devolver algo que no he robado?
 

Esos siguen libres. Y los que estaban en la cárcel ya comenzaron a salir en libertad condicional porque – según fuentes del Juzgado Penal de Pacho Viejo, que es donde estaban detenidos desde hace casi dos años – la actuación de la Fiscalía fue "deficiente, pasiva y omisa", es decir: nadie hizo bien su trabajo.
 
Quizá tampoco sepamos si tal ineptitud de la Fiscalía fue a propósito o por ignorancia. Muchos opinan que los expedientes se armaron mal con toda intención para que los acusados salieran en libertad – condicional pero libertad – bajo el nuevo gobierno. Otros creen que no, y aseguran que los sumarios reflejan la falta de experiencia de quienes los prepararon y de quienes los revisaron.
 
Por supuesto, hay quienes afirman que los acusados salieron de la cárcel porque hay compromisos del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez con el duartazgo. No falta material: el ahora diputado Héctor Yunes Landa ha declarado varias veces que Javier Duarte apoyó con dinero al ahora gobernador, aunque no ha presentado ninguna prueba de sus dichos. Y uno piensa que si hubiera pruebas habrían salido a la luz pública desde hace tiempo.
 

Y hay quienes se escandalizan porque el nuevo gobernador no parece muy dispuesto a hacer mucho para impedir que los ex funcionarios salgan de la cárcel. Pero uno no puede esperar que las cosas se sigan haciendo como antes, como siempre, y que el gobernador intervenga en asuntos que son cosa del Poder Judicial. Así no se cambia.
 
Sobre todo, hay que tomar en cuenta que los acusados podrán estar en libertad condicional, o sometidos a tratamiento médico, pero todavía están sujetos a juicio.
 
Mientras no se conozcan con claridad los cargos, mientras no se presenten sin ambigüedad las pruebas de los delitos que se les atribuyen, mientras no se ventilen sus casos ante un juez competente (y uso el término en toda la extensión de la palabra), mientras no haya sentencias, mientras no se cumpla el debido proceso, habrá que esperar y volver a tener confianza, aunque sea poca, en las instituciones.
 

Lo que ya no tiene remedio es que Javier Duarte, delincuente confeso y convicto, podría salir de la cárcel dentro de no mucho tiempo. Alguien metió la pata. Y las manos.