Dos incidentes de hace poco ilustran lo que pasa.
 
El jueves, una turba agredió en la Ciudad de México a un empleado de la Suprema Corte de Justicia cuando salía de su trabajo, y golpeó el vehículo en que iba, entre gritos de pinche ratero, traidor a la patria, muerto de hambre, y otros insultos. Ninguno de los agentes de policía que estaban ahí se tomó la molestia de intervenir.
 
Para quien puede ver desde lejos lo que pasa en México, el incidente del jueves debería haber encendido focos rojos en muchas partes del gobierno y de la sociedad. En el primer caso, el malestar parece tener su origen en los elevados sueldos que ganan los magistrados de la Suprema Corte y otras ramas del Poder Judicial, pero en los hechos ha ido más allá.
 

De pronto, todos los que tienen la responsabilidad de interpretar, revalidar o invalidar las leyes son corruptos. Todos. Y todos ganan cientos de miles de pesos al mes y no hacen nada. Cualquiera que siga las redes sociales encontrará opiniones parecidas, y comprobará que la opinión desinformada pesa más que el análisis desapasionado.
 
En el asunto de los salarios del Poder Judicial, es claro que hay una controversia constitucional: la fracción segunda del artículo 127 establece que nadie puede ganar más que el presidente, y el undécimo párrafo del artículo 94 señala que no se puede modificar el salario de los ministros de la Suprema Corte, los magistrados de Circuito, los jueces de Distrito, los consejeros de la Judicatura Federal o de los magistrados Electorales, incluidos los que ganan más que el presidente.
 
La vaina es que no se sabe quién puede resolver el problema. La Suprema Corte no puede ser juez y parte en esta controversia, y no hay – al parecer – ninguna otra instancia que ayude a aclarar qué es qué y cuánto es cuánto. Pero ese no es punto del conflicto.
 

Lo que debería estarse discutiendo, en todo caso, es el papel que juega el Poder Judicial en este punto de la vida del país. El grito de la turba demanda que metan a todos a la cárcel o les hagan cosas peores. El discurso oficial es ambiguo, insuficiente, y se limita a proponer una reducción de salarios pero no toca la raíz del árbol del problema: nadie ha dicho qué pasaría si se disolviera la Suprema Corte, nadie ha ofrecido opiniones concretas (aunque flota la idea de un Tribunal Constitucional, que a fin de cuentas podría ser otro infierno con los mismos diablos...).
 
En fin. El segundo incidente fue el martes, cuando otra turba en la que había empleados de un hospital infantil y familiares de pacientes secuestró en Villahermosa a Martha Lilia López, esposa de Arturo Núñez, gobernador de Tabasco, cuando salía de visitar a una sobrina. Los inconformes se negaron a hablar con representantes del gobierno estatal y retuvieron a la señora durante varias horas, hasta que la policía la rescató.
 
Un video del incidente – dice La Jornada – muestra a los trabajadores de la Secretaría de Salud "exigiendo a la esposa del gobernador bajarse de la camioneta y atender la crisis que viven los hospitales por falta de insumos, medicamentos y personal médico". Según el diario, los empleados llevan varios días en paro y exigen que les paguen salario y prestaciones. La historia se cuenta sola.
 

Los dos incidentes muestran hasta dónde ha llegado la intolerancia y dan una idea lo que puede ocurrir a estas alturas del descontento. En las redes sociales y en las calles las pasiones y los vociferantes nublan la razón y atarantan el pensamiento, y permiten que las turbas hagan cosas de las que después nos arrepentiremos.
 
Pero también viceversa. Quienes critican al gobierno parecen dispuestos a aferrarse a cualquier detalle, por insignificante que sea, para exhibir los tropiezos de la joven administración sin darse cuenta de que la opción era el PRI o el PAN. No hay para dónde correr. Unos sólo escuchan su voz en las voces de las redes sociales. Otros no quieren escuchar nada. Uno podría pensar que los mexicanos no estamos preparados para el diálogo. Carajo.
 
Reanudaremos estos monólogos una vez que enero se sienta seguro...