Cuando un gobernante manipula, minimiza o de plano desmiente por adversa la realidad, sus gobernados quedan inermes y expuestos obviamente a una situación peor.
 
Y es que este jueves, en Xalapa, en la céntrica Plaza Clavijero, a escasas tres cuadras de la sede del Ayuntamiento y del Palacio de Gobierno, fue ejecutada la lideresa de los comerciantes, María del Carmen Ruiz Hernández. El móvil de este feminicidio, ocurrido trece días después de que el gobernador Cuitláhuac García pusiera en marcha el programa Cero Tolerancia a la Violencia Contra Mujeres y Niñas, habría sido por el cobro de derecho de piso.
 
Horas más tarde, en el Mercado Rendón, cerca del Museo de Antropología, fue ejecutado un joven de 17 años de edad, empleado de un local de ropa americana.
 

Estas ejecuciones se dan después del acribillamiento, el lunes pasado en la colonia Progreso Macuiltépetl, de un elemento que comandaba la banda de guerra de la Secretaría de Seguridad Pública.
 
La violencia de alto impacto en Xalapa, atribuida a grupos del crimen organizado, aún no alcanza los niveles que marcaron los inicios de los sexenios de los ex gobernadores Fidel Herrera y Javier Duarte, en 2005 y 2011, pero es similar a la del bienio de Miguel Ángel Yunes, en cuyo cierre de su administración, el 12 de junio de 2018, fue ejecutado también un hombre en el céntrico mercado “Jáuregui”, situado a dos cuadras del Palacio de Gobierno.
 
Entrevistado acerca de las mantas que en dicho mercado popular había colocado un grupo delincuencial, Yunes Linares se negó a contestar, argumentando que “si nos metemos en esto (con las mantas), lo que hacemos es darles difusión a quienes quieren llamar la atención.”
 

Cuatro meses después, a mediados de noviembre, ocurrió una explosión en el mismo mercado xalapeño. Según la versión oficial, el siniestro fue provocado un tanque de gas en mal estado, pero locatarios lo atribuyeron a un grupo criminal que también les cobra “derecho de piso”.
 
Lamentablemente para los capitalinos, el lunes 28 de enero renunció Julio César Sánchez Amaya a la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, sin que hasta el momento se conozca a su sucesor.
 
Pero también resulta preocupante que hace una semana, entrevistado sobre el cierre de una tradicional papelería xalapeña por la inseguridad, el alcalde Hipólito Rodríguez declarara que “no fue un tema de seguridad” sino que lo atribuyera a problemas internos de los dueños, lo que posteriormente Ernesto Pérez Astorga, secretario de Desarrollo Económico del estado, desmintió al afirmar que dicho negocio sí había cerrado por temas de inseguridad, y que él se había enterado por una fotografía que se viralizó en las redes sociales en la que los propietarios informaban al público por qué habían tomado esa decisión.
 

PROLONGAN EL RIDÍCULO
 
Al ver que no contaban aún con los votos suficientes para alcanzar la mayoría calificada para declarar la procedencia del juicio político en contra del fiscal Jorge Winckler, los líderes de la bancada de MORENA decidieron solicitar un receso, por lo que será hasta este viernes a las 17:00 horas que volverá a sesionar el pleno de la LXV Legislatura para decidir la suerte del abogado yunista.
 
Pero a menos que suceda un auténtico milagro, o que cedan en lo que algunos factores de decisión les han solicitado, es posible que logren salirse con la suya de iniciar el proceso de remoción del fiscal incómodo.
 

Sin embargo, si en este primer intento fracasaron para reunir los 34 votos necesarios, francamente se ve difícil que en esta segunda ronda logren conseguirlos.
 
Y es que todo parece indicar que Winckler y quienes están detrás de él apuntalándolo para que no lo remuevan porque de su salida de la Fiscalía dependerá la tranquilidad e impunidad de muchos ex funcionarios de la anterior administración, les comieron el mandado a los que despachan en Palacio de Gobierno y a sus aliados políticos que se supone les operan en el Palacio Legislativo.
 
Lo más lógico es que si ya hicieron acuerdos con algunos diputados, éstos difícilmente van a meter reversa. Sobre todo dependiendo del monto del compromiso.
 

¿Acaso fueron tan ingenuos como para suponer que no les iban a repetir la misma operación del bienio pasado, en el que les cooptaron a tres legisladores: Sebastián Reyes Arellano, Eva Cadena y Miriam Judith González Sheridan, a la que inclusive hicieron candidata a gobernadora por el PANAL para restarle votos a Cuitláhuac García, de MORENA?
 
Pero, además, ¿qué podían esperar de sus operadores estrellas en el Congreso local, como José Manuel Pozos Castro, quien supuestamente aspira a la Secretaría de Gobierno, y Javier Gómez Cazarín, muy bueno pero para vender automóviles?