14 de febrero de 2019
alcalorpolitico.com
* ES DEMOCRACIA O SERÁ PARTIDOCRACIA
*SE HABLA DE TRAICIONES EN EL CONGRESO
*LO QUE SE DICE QUE DIJO Y LUEGO DESDIJERON
“Dicen” que el Gobernador veracruzano “dijo” que en las fiestas del Carnaval de Veracruz, los únicos “que dicen” que ganan son los organizadores, porque “se dice” que los hoteles no registran repuntes… Ante “dicho decir”, los empresarios hoteleros “dijeron” que en “dichas” fiestas carnestolendas, regularmente los hoteles se encuentran con elevado nivel de huéspedes, por lo que se puede “decir” que, entre tantos “dichos” aparecieron los “diretes”.
Al final del día no se “que decir” sobre todo cuando sobre el carnaval veracruzano se “ha dicho” tanto y se sigue “diciendo”, sin que nadie me aclare el ¿por qué se “dice”?.
Y ya “se dice” que también los sectores del histórico barrio de La Huaca, “ya dijeron” que pese a tantos “dimes y diretes” “le dicen” a sus fans que, por sobre “lo que digan”, sus comparsas de éste año todos “dirán” que son de primera… Así las cosas, en éste carnaval del mundo que “dicen” que engaña tanto, ya no hay nada “que decir”, por ello mejor “no digo” y me quedo calladito, dado que en boca cerrada “muchos dicen” que no entran moscas… Ahí dejo los “diretes” de esa ciudad de la Verdadera Cruz que celebra MEDIO MILENIO de existencia… Bueno: “Eso dicen”.
“QUE EN VERACRUZ NO HABÍA NI PARA EL GASTO CORRIENTE”
Declaró ante los medios de comunicación el gobernador veracruzano Cuitláhuac García Jiménez, que durante sus primeros meses de administración, no contó con los recursos necesarios ya no se diga para mejorar servicios y atender circunstancias emergentes, sino incluso no se disponía ni siquiera para pagar la nómina a más de todo lo que constituye el gasto corriente de una administración estatal.
Tales escenarios, que no son nada extraños en los círculos del sector público, obligan a reflexionar que las leyes debieran de ser estrictas para establecer normas y, obviamente frenos y sanciones, hacia todo gobernador o alcalde, incluyendo al Presidente de la República, para que se vean imposibilitados legalmente de entregar su administración a quien resulte su sucesor, sin que para ello en la tesorería municipal, estatal o federal, se encuentren debidamente registrados y disponibles, claramente auditados y depositados en cuentas bancarias, los recursos que le permitan al sucesor correspondiente, el disponer con la capacidad económica suficiente para afrontar con puntualidad, absolutamente todos los compromisos económicos que en los primeros cuatro meses de la nueva administración, deberán de afrontarse en todos los rangos pendientes del sector público, requerimiento legal que, de no cumplirse, convierta al infractor en acreedor de penas significativas, incluyendo la inhabilitación como servidor público para el resto de su vida.
Aquí la pregunta sería en primer término: ¿Quién podría ser el ciudadano, la organización, el funcionario y ya no digamos el legislador, que pudiera aventarse “un tiro” de tales magnitudes?...
Porque los funcionarios públicos no son suicidas (salvo en raras excepciones) y, en realidad, sí existen algunas normas que presumiblemente rigen tales escenarios, mismas que en principio nadie cumple, por la sencilla “razón” que resulta muy cómodo y “conveniente” para la imagen de un funcionario público, el referir que endeudó al municipio, al estado o al país, porque se requerían tales recursos para construir puentes, avenidas, carreteras, aeropuertos, hospitales, drenajes o estadios deportivos, refinerías, escuelas, plantas generadoras de energía y todo lo que podría ser útil para la colectividad, pero al final del día, tales recursos pertenecían de alguna forma al presupuesto de la siguiente administración, hecho que equivale a comprometer de buena o de mala fe, la capacidad operativa y administrativa en lo general de aquellos que como sucesores son “dueños de la pelota”, pero también de los pendientes adquiridos por el antecesor, tanto así que, de manera anticipada, se desgasta el presupuesto que correspondía y debería estar intacto para ser ejercido por posteriores generaciones de funcionarios, insuficiencias presupuestales que abarcan años o décadas, según las dimensiones del crédito obtenido.
Por ejemplo, un crédito aplicado para ser liquidado en un plazo de 18 años, impactará presupuestalmente a tres distintas administraciones estatales… Otro crédito firmado por un cuerpo edilicio municipal, por doce años, afectará igualmente a tres periodos administrativos, todo ello si se cumple con puntualidad y no existen problemas de liquidez, porque también se estilan las “renegociaciones” de los adeudos, algunas de ellas ante emergencias y otras para que un alcalde o gobernador disponga de liquidez en su administración, pero esa negativa herencia, sin duda alguna, la recibirá el sucesor.
Aseguran quienes deambulan por los círculos bancarios, que los créditos para el sector público son saludables porque permiten incrementar ingresos, para mejorar instalaciones, al tiempo de beneficiar a la colectividad e, indudablemente, esa constituye unas de las ventajas, pero difícilmente tal impacto resulta positivo para la imagen y el poder productivo de las subsecuentes administraciones, salvo que los beneficios disminuyan clara y substancialmente los egresos de la siguiente administración, o sea, que la deuda se pague por sí misma con los ahorros que representará para las nuevas generaciones de administradores públicos, pero ello con frecuencia por no decir que de siempre, resulta contrario para una sana administración pública porque, regularmente, aparecen imponderables que obstaculizan el alcanzar los efectos ofertados.
Pero a más de ello, otro efecto negativo es que conforme se incumple con el pago, decrece la calificación bancaria al margen del regularmente cuantioso incremento al costo de la misma, cadena de quebrantos que limitan las acciones de alcaldes, gobernadores e incluso (como dicen los roqueros) presidente de la nación, los cuales, nada tuvieron que ver con el manejo administrativo de sus antecesores, pero terminan pagando los platos rotos y… Eso sí, seguramente procederán de la misma forma prolongando una cadena de ineficacias tras ineficiencias.
Por tales escenarios, se debe insistir en la urgencia de que los cuerpos legislativos coloquen candados pero “claros y realistas”, para que no suceda sólo lo que convenga a los partidos y funcionarios en turno, o sea, a los grupos de poder, haciendo hacia un lado a quienes son generadores de impuestos y al final, cargan sobre sus espaldas el peso de ocurrencias y caprichos, incluyendo intereses personales o de grupos en el manejo de los recursos públicos y, con ello en el deterioro del desarrollo integral de la colectividad en lo general. Por lo mismo, de no aplicar correcciones seguiremos con panoramas como el que apunta el actual gobernador veracruzano Cuitláhuac García Jiménez, cuando eleva la voz para referir que en cajas no recibió ni un centavo, incluyendo la ausencia de recursos para sufragar los tres primeros meses de los compromisos monetarios estatales… Ahí la dejamos.
LO QUE SE LEE
Que tanto entre los partidos políticos como entre diputados locales miembros de la actual Legislatura veracruzana, se viene comentando que, algunos legisladores veracruzanos “traicionaron” a sus respectivos colores partidistas, por haber asumido actitudes para entorpecer “el juicio legislativo” que se le sigue al fiscal veracruzano Jorge Winckler, lo que representa con notoriedad, que están en contra de las líneas marcadas por sus respectivos mandos partidistas.
LO QUE SE VE
Que por su propia voz, vuelve a quedar en claro ante la población veracruzana, que los diputados no son realmente representantes de la sociedad que habita en el distrito de donde provienen, ni tampoco responden a los intereses de la sociedad veracruzana en lo general, sino que, sus determinaciones regularmente están sujetas a las instrucciones que reciban de sus respectivos mandos partidistas, que con frecuencia son extraños al interés de la colectividad.
LO QUE SE OYE
Que las actitudes reflejadas por los actuales legisladores locales veracruzanos, confirman por sí mismas y con toda puntualidad, que al interior del Congreso de Veracruz, quienes toman las decisiones no son precisamente los congresistas, sino que obedecen o han obedecido tradicionalmente a los mandos impuestos por grupos de poder con dominio en cada uno de los respectivos partidos políticos, quienes a su vez, refieren intereses específicos que no coinciden con los intereses de la sociedad, reflejándose la debilidad de la vida democrática mexicana. ante los imperios dominantes ahora identificados como “partidocracia”.
Atiendo sus puntos de vista en:
alfredo.rí[email protected]
*SE HABLA DE TRAICIONES EN EL CONGRESO
*LO QUE SE DICE QUE DIJO Y LUEGO DESDIJERON
“Dicen” que el Gobernador veracruzano “dijo” que en las fiestas del Carnaval de Veracruz, los únicos “que dicen” que ganan son los organizadores, porque “se dice” que los hoteles no registran repuntes… Ante “dicho decir”, los empresarios hoteleros “dijeron” que en “dichas” fiestas carnestolendas, regularmente los hoteles se encuentran con elevado nivel de huéspedes, por lo que se puede “decir” que, entre tantos “dichos” aparecieron los “diretes”.
Al final del día no se “que decir” sobre todo cuando sobre el carnaval veracruzano se “ha dicho” tanto y se sigue “diciendo”, sin que nadie me aclare el ¿por qué se “dice”?.
Y ya “se dice” que también los sectores del histórico barrio de La Huaca, “ya dijeron” que pese a tantos “dimes y diretes” “le dicen” a sus fans que, por sobre “lo que digan”, sus comparsas de éste año todos “dirán” que son de primera… Así las cosas, en éste carnaval del mundo que “dicen” que engaña tanto, ya no hay nada “que decir”, por ello mejor “no digo” y me quedo calladito, dado que en boca cerrada “muchos dicen” que no entran moscas… Ahí dejo los “diretes” de esa ciudad de la Verdadera Cruz que celebra MEDIO MILENIO de existencia… Bueno: “Eso dicen”.
“QUE EN VERACRUZ NO HABÍA NI PARA EL GASTO CORRIENTE”
Declaró ante los medios de comunicación el gobernador veracruzano Cuitláhuac García Jiménez, que durante sus primeros meses de administración, no contó con los recursos necesarios ya no se diga para mejorar servicios y atender circunstancias emergentes, sino incluso no se disponía ni siquiera para pagar la nómina a más de todo lo que constituye el gasto corriente de una administración estatal.
Tales escenarios, que no son nada extraños en los círculos del sector público, obligan a reflexionar que las leyes debieran de ser estrictas para establecer normas y, obviamente frenos y sanciones, hacia todo gobernador o alcalde, incluyendo al Presidente de la República, para que se vean imposibilitados legalmente de entregar su administración a quien resulte su sucesor, sin que para ello en la tesorería municipal, estatal o federal, se encuentren debidamente registrados y disponibles, claramente auditados y depositados en cuentas bancarias, los recursos que le permitan al sucesor correspondiente, el disponer con la capacidad económica suficiente para afrontar con puntualidad, absolutamente todos los compromisos económicos que en los primeros cuatro meses de la nueva administración, deberán de afrontarse en todos los rangos pendientes del sector público, requerimiento legal que, de no cumplirse, convierta al infractor en acreedor de penas significativas, incluyendo la inhabilitación como servidor público para el resto de su vida.
Aquí la pregunta sería en primer término: ¿Quién podría ser el ciudadano, la organización, el funcionario y ya no digamos el legislador, que pudiera aventarse “un tiro” de tales magnitudes?...
Porque los funcionarios públicos no son suicidas (salvo en raras excepciones) y, en realidad, sí existen algunas normas que presumiblemente rigen tales escenarios, mismas que en principio nadie cumple, por la sencilla “razón” que resulta muy cómodo y “conveniente” para la imagen de un funcionario público, el referir que endeudó al municipio, al estado o al país, porque se requerían tales recursos para construir puentes, avenidas, carreteras, aeropuertos, hospitales, drenajes o estadios deportivos, refinerías, escuelas, plantas generadoras de energía y todo lo que podría ser útil para la colectividad, pero al final del día, tales recursos pertenecían de alguna forma al presupuesto de la siguiente administración, hecho que equivale a comprometer de buena o de mala fe, la capacidad operativa y administrativa en lo general de aquellos que como sucesores son “dueños de la pelota”, pero también de los pendientes adquiridos por el antecesor, tanto así que, de manera anticipada, se desgasta el presupuesto que correspondía y debería estar intacto para ser ejercido por posteriores generaciones de funcionarios, insuficiencias presupuestales que abarcan años o décadas, según las dimensiones del crédito obtenido.
Por ejemplo, un crédito aplicado para ser liquidado en un plazo de 18 años, impactará presupuestalmente a tres distintas administraciones estatales… Otro crédito firmado por un cuerpo edilicio municipal, por doce años, afectará igualmente a tres periodos administrativos, todo ello si se cumple con puntualidad y no existen problemas de liquidez, porque también se estilan las “renegociaciones” de los adeudos, algunas de ellas ante emergencias y otras para que un alcalde o gobernador disponga de liquidez en su administración, pero esa negativa herencia, sin duda alguna, la recibirá el sucesor.
Aseguran quienes deambulan por los círculos bancarios, que los créditos para el sector público son saludables porque permiten incrementar ingresos, para mejorar instalaciones, al tiempo de beneficiar a la colectividad e, indudablemente, esa constituye unas de las ventajas, pero difícilmente tal impacto resulta positivo para la imagen y el poder productivo de las subsecuentes administraciones, salvo que los beneficios disminuyan clara y substancialmente los egresos de la siguiente administración, o sea, que la deuda se pague por sí misma con los ahorros que representará para las nuevas generaciones de administradores públicos, pero ello con frecuencia por no decir que de siempre, resulta contrario para una sana administración pública porque, regularmente, aparecen imponderables que obstaculizan el alcanzar los efectos ofertados.
Pero a más de ello, otro efecto negativo es que conforme se incumple con el pago, decrece la calificación bancaria al margen del regularmente cuantioso incremento al costo de la misma, cadena de quebrantos que limitan las acciones de alcaldes, gobernadores e incluso (como dicen los roqueros) presidente de la nación, los cuales, nada tuvieron que ver con el manejo administrativo de sus antecesores, pero terminan pagando los platos rotos y… Eso sí, seguramente procederán de la misma forma prolongando una cadena de ineficacias tras ineficiencias.
Por tales escenarios, se debe insistir en la urgencia de que los cuerpos legislativos coloquen candados pero “claros y realistas”, para que no suceda sólo lo que convenga a los partidos y funcionarios en turno, o sea, a los grupos de poder, haciendo hacia un lado a quienes son generadores de impuestos y al final, cargan sobre sus espaldas el peso de ocurrencias y caprichos, incluyendo intereses personales o de grupos en el manejo de los recursos públicos y, con ello en el deterioro del desarrollo integral de la colectividad en lo general. Por lo mismo, de no aplicar correcciones seguiremos con panoramas como el que apunta el actual gobernador veracruzano Cuitláhuac García Jiménez, cuando eleva la voz para referir que en cajas no recibió ni un centavo, incluyendo la ausencia de recursos para sufragar los tres primeros meses de los compromisos monetarios estatales… Ahí la dejamos.
LO QUE SE LEE
Que tanto entre los partidos políticos como entre diputados locales miembros de la actual Legislatura veracruzana, se viene comentando que, algunos legisladores veracruzanos “traicionaron” a sus respectivos colores partidistas, por haber asumido actitudes para entorpecer “el juicio legislativo” que se le sigue al fiscal veracruzano Jorge Winckler, lo que representa con notoriedad, que están en contra de las líneas marcadas por sus respectivos mandos partidistas.
LO QUE SE VE
Que por su propia voz, vuelve a quedar en claro ante la población veracruzana, que los diputados no son realmente representantes de la sociedad que habita en el distrito de donde provienen, ni tampoco responden a los intereses de la sociedad veracruzana en lo general, sino que, sus determinaciones regularmente están sujetas a las instrucciones que reciban de sus respectivos mandos partidistas, que con frecuencia son extraños al interés de la colectividad.
LO QUE SE OYE
Que las actitudes reflejadas por los actuales legisladores locales veracruzanos, confirman por sí mismas y con toda puntualidad, que al interior del Congreso de Veracruz, quienes toman las decisiones no son precisamente los congresistas, sino que obedecen o han obedecido tradicionalmente a los mandos impuestos por grupos de poder con dominio en cada uno de los respectivos partidos políticos, quienes a su vez, refieren intereses específicos que no coinciden con los intereses de la sociedad, reflejándose la debilidad de la vida democrática mexicana. ante los imperios dominantes ahora identificados como “partidocracia”.
Atiendo sus puntos de vista en:
alfredo.rí[email protected]