4 de marzo de 2019
alcalorpolitico.com
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twitter: HELÍHERRERA.es
Recuerdo el argumento que dieron los diputados del PRI y del PAN de la LV Legislatura del Congreso de la Unión cuando los cuestioné, en la más alta tribuna de México, respecto a las intenciones de Carlos Salinas de Gortari de privatizar la industria telefónica nacional: Por corrupción, dijeron.
“Si es por corrupción, pues entonces que se denuncie a los responsables de ella, que se les averigüe y de encontrarlos culpables que se les meta a la cárcel, pero que no se privatice una industria que le está dejando a las arcas federales poco más de dos mil millones de dólares anuales de ganancias”, les manifesté, en diciembre de 1991, en aquella lucha que los legisladores del Partido Popular Socialista desarrollamos contra los neoliberales estudiados en la Escuela de Chicago, que desmantelaron el Sector Estatal de la Economía desde el poder público.
Fue por demás. El resultado ustedes lo conocen. Teléfonos de México fue regalado prácticamente a Carlos Slim, quien de ser un mexicano que no aparecía ni siquiera en la lista de los hombres más ricos de México, al operar TELMEX se agenció las ganancias que antes las obtenía el Estado, y pasó a ser uno de los hombres más ricos del mundo, en detrimento del desarrollo nacional, que dejó de recibir esos 2 mil millones de dólares que servían para construir hospitales, escuelas, caminos, entre otras muchas cosas.
Viene esto a colación por el argumento que el presidente de la República está manejando para cerrar las estancias infantiles. “Corrupción en muchas de ellas”, sin precisar el porcentaje en que se esté dando, aunque la secretaría del Bienestar (antes Desarrollo Social), ha dicho que se generaba entre un 15 y 20 por ciento de ellas.
Al respecto, vale la pena comentar en este espacio el tema, por las centenas de miles de familias que salen afectadas por la decisión que tomó Andrés Manuel López Obrador de ya no subsidiar las estancias infantiles, y ahora entregarle los recursos directamente a los padres de familia, con todo y lo que ello conlleva, que va desde que utilicen los dineros para otros menesteres, menos para llevar a sus hijos-hijas a esos lugares donde no sólo se les cuidaba, sino se les educaba y ayudaba en la socialización de los menores.
¿Por qué si en un 15 o 20% de las estancias infantiles había corrupción no se les denuncia a las o los responsables (que ya las tienen focalizadas, dado que es el justificante para la acción de ya no otorgar el subsidio), y de esa manera no perjudican al restante 80 u 85% de las familias?
Habría que llevar a la cárcel a todas aquellas personas que medraban con esos dineros, empezando por la que fue titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles, quien se pasea a todo lujo en España, mientras acá, por seguir la política de punto final, se pasa a perjudicar a miles y miles de niños y niñas, a sus mamás o papás, que aunque les entreguen el recurso, ya no tendrán el lugar apropiado y adecuado para que les cuiden y eduquen a sus hijos.
Pero no hay voluntad del gobierno federal de actuar así contra todos estos pillos, que desviaron recursos de ese programa, que simularon estancias, que se enriquecieron con esos dineros públicos. De allí que el senador de movimiento Ciudadano Samuel García interpuso un amparo para defender las estancias infantiles, y el pasado martes informó que el Juez de Distrito en Materia Administrativa en Nuevo León, Edgar Ulises Rentería Cabañez, ordenó al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador que “publique las reglas 2019, para que las estancias infantiles sigan operando, tal como lo estaban haciendo hasta 2018, ya que al cancelar los más de 2 mil millones de pesos de apoyos para las estancias en este 2019, se está afectando a los niñ@s, a los trabajadores y a miles de padres de familia, por lo cual debe aplicarse inmediatamente el presupuesto”.
Tan fácil que hubiera sido que se procediera penalmente contra las personas vivales que medraron con esos recursos, en lugar de haber suspendido el subsidio a las estancias infantiles, que son instituciones enfocadas al cuidado y atención infantil, tanto públicas como privadas.
En base a la Encuesta Nacional de Empleo, solo el 35% de la población femenina con empleo, tiene acceso a los servicios de seguridad social que incluye el servicio de guardería. Por tanto, existen un porcentaje alto en la oferta de guarderías para trabajadoras, que no disponen de las prestaciones del Seguro Social. Estas opciones que son operadas por particulares no siempre están al alcance de las personas, de ahí la necesidad de ofrecer esta red de servicios a lo largo y ancho de la República Mexicana.
Bien por el Senador ciudadano Samuel García que, con su amparo, logra darle un revés a la terquedad de un hombre que guste o no, perdonó a los corruptos, generando efectos colaterales en perjuicio de la población que más necesita del Estado.
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Recuerdo el argumento que dieron los diputados del PRI y del PAN de la LV Legislatura del Congreso de la Unión cuando los cuestioné, en la más alta tribuna de México, respecto a las intenciones de Carlos Salinas de Gortari de privatizar la industria telefónica nacional: Por corrupción, dijeron.
“Si es por corrupción, pues entonces que se denuncie a los responsables de ella, que se les averigüe y de encontrarlos culpables que se les meta a la cárcel, pero que no se privatice una industria que le está dejando a las arcas federales poco más de dos mil millones de dólares anuales de ganancias”, les manifesté, en diciembre de 1991, en aquella lucha que los legisladores del Partido Popular Socialista desarrollamos contra los neoliberales estudiados en la Escuela de Chicago, que desmantelaron el Sector Estatal de la Economía desde el poder público.
Fue por demás. El resultado ustedes lo conocen. Teléfonos de México fue regalado prácticamente a Carlos Slim, quien de ser un mexicano que no aparecía ni siquiera en la lista de los hombres más ricos de México, al operar TELMEX se agenció las ganancias que antes las obtenía el Estado, y pasó a ser uno de los hombres más ricos del mundo, en detrimento del desarrollo nacional, que dejó de recibir esos 2 mil millones de dólares que servían para construir hospitales, escuelas, caminos, entre otras muchas cosas.
Viene esto a colación por el argumento que el presidente de la República está manejando para cerrar las estancias infantiles. “Corrupción en muchas de ellas”, sin precisar el porcentaje en que se esté dando, aunque la secretaría del Bienestar (antes Desarrollo Social), ha dicho que se generaba entre un 15 y 20 por ciento de ellas.
Al respecto, vale la pena comentar en este espacio el tema, por las centenas de miles de familias que salen afectadas por la decisión que tomó Andrés Manuel López Obrador de ya no subsidiar las estancias infantiles, y ahora entregarle los recursos directamente a los padres de familia, con todo y lo que ello conlleva, que va desde que utilicen los dineros para otros menesteres, menos para llevar a sus hijos-hijas a esos lugares donde no sólo se les cuidaba, sino se les educaba y ayudaba en la socialización de los menores.
¿Por qué si en un 15 o 20% de las estancias infantiles había corrupción no se les denuncia a las o los responsables (que ya las tienen focalizadas, dado que es el justificante para la acción de ya no otorgar el subsidio), y de esa manera no perjudican al restante 80 u 85% de las familias?
Habría que llevar a la cárcel a todas aquellas personas que medraban con esos dineros, empezando por la que fue titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles, quien se pasea a todo lujo en España, mientras acá, por seguir la política de punto final, se pasa a perjudicar a miles y miles de niños y niñas, a sus mamás o papás, que aunque les entreguen el recurso, ya no tendrán el lugar apropiado y adecuado para que les cuiden y eduquen a sus hijos.
Pero no hay voluntad del gobierno federal de actuar así contra todos estos pillos, que desviaron recursos de ese programa, que simularon estancias, que se enriquecieron con esos dineros públicos. De allí que el senador de movimiento Ciudadano Samuel García interpuso un amparo para defender las estancias infantiles, y el pasado martes informó que el Juez de Distrito en Materia Administrativa en Nuevo León, Edgar Ulises Rentería Cabañez, ordenó al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador que “publique las reglas 2019, para que las estancias infantiles sigan operando, tal como lo estaban haciendo hasta 2018, ya que al cancelar los más de 2 mil millones de pesos de apoyos para las estancias en este 2019, se está afectando a los niñ@s, a los trabajadores y a miles de padres de familia, por lo cual debe aplicarse inmediatamente el presupuesto”.
Tan fácil que hubiera sido que se procediera penalmente contra las personas vivales que medraron con esos recursos, en lugar de haber suspendido el subsidio a las estancias infantiles, que son instituciones enfocadas al cuidado y atención infantil, tanto públicas como privadas.
En base a la Encuesta Nacional de Empleo, solo el 35% de la población femenina con empleo, tiene acceso a los servicios de seguridad social que incluye el servicio de guardería. Por tanto, existen un porcentaje alto en la oferta de guarderías para trabajadoras, que no disponen de las prestaciones del Seguro Social. Estas opciones que son operadas por particulares no siempre están al alcance de las personas, de ahí la necesidad de ofrecer esta red de servicios a lo largo y ancho de la República Mexicana.
Bien por el Senador ciudadano Samuel García que, con su amparo, logra darle un revés a la terquedad de un hombre que guste o no, perdonó a los corruptos, generando efectos colaterales en perjuicio de la población que más necesita del Estado.