1.- Cada vez más, las inconformidades de militantes con sus dirigencias son atendidas por otras instancias.- Dice Enrique Aranda en su columna ”De naturaleza política” Que: “De concretarse las versiones según las cuales esta misma semana, en el marco de una sesión a celebrarse el viernes, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que encabeza Felipe Fuentes, deberá pronunciarse respecto de la impugnación que el expriista, moreno ahora, Alejandro Armenta, presentó contra la (desaseada) forma en que Morena –su presidenta Yeidckol Polevnsky en particular y, obvio, “ya saben quién”– volvió a imponer a Luis Miguel Barbosa como candidato a la gubernatura de Puebla, de cara a las extraordinarias de junio.
 
Si bien propios y extraños siempre han insistido en que la autoridad electoral acabará validando “por vía de hechos”, la selección del cuestionado ex perredista, independientemente la solidez de la demanda del senador con licencia, lo cierto es que la trascendencia de la resolución a validar, previo el inicio del período vacacional de Semana Santa, estará “más en el fondo de la misma, que en el beneficio que la misma pudiera representar a uno u otro de los actores implicados”.
 
Hablamos en concreto, o ello es lo que destacan especialistas y fuentes cercanas al Tribunal consultadas sobre el caso, de la sólida posibilidad de que éste acabe rechazando pronunciarse sobre el mismo y, con ello, siente un sólido precedente de que, a futuro, no aceptará involucrarse en asuntos que son responsabilidad exclusiva de los partidos, de sus dirigencias y militantes como, “nos guste o no”, es la selección de un candidato en particular, independientemente que como es el caso, “y conforme al estilo de en boga”, se haga vía una encuesta de cuestionable validez.
 

Lo que en realidad preocupa a los magistrados, a la mayoría al menos, es que con una eventual resolución sobre el llamado “Caso Armenta” pudieran abrir la puerta para que, en adelante, el Tribunal acabe decidiendo lo que, en uso de su libertad y capacidad de autodeterminación corresponde sólo a las organizaciones partidistas; “se estaría sentando un precedente poco favorable para todos y cada uno de los partidos” para los que, en estricto sentido, nada parece mejor que, en abono de su democracia interna, sean sus militantes quienes elijan y no las instancias jurisdiccionales.
 
El asunto pues, no parece menor; menos cuando se entiende que cada vez con mayor frecuencia, las inconformidades de militantes con sus dirigencias, tengan o no razón, son elevadas a la consideración de otras instancias, en razón de la evidente falta de confianza en sus propios liderazgos o, peor, en los órganos partidistas encargados de garantizar equidad y/o justicia.-
 
Ya se verá en la 4T de qué color es el guinda….
 

2.- Una nota perdida entre las noticias del Congreso de la Unión, que sólo parece reflejar los asuntos belicosos entre la mayoría y la minoría, trajo una información que a las APIS de los puertos veracruzanos, debe interesarles mucho, y también a las autoridades municipales de: Tuxpan, Veracruz, Coatzacoalcos, por ejemplo. Esto se informó en el Senado: Con 98 votos a favor y ninguno en contra, la Cámara de Senadores aprobó que las administraciones portuarias integrales (APIs) entreguen el 30 por ciento de lo que generan a los gobiernos locales donde hay puertos.
 
De acuerdo con la iniciativa avalada en el Pleno, las APIs, que administran las actividades de los 117 puertos que hay en el País, deberán entregar ese porcentaje para que haya estabilidad entre las concesiones y la entidad federativa.
 
En el dictamen, elaborado por las comisiones de Marina y de Estudios Legislativos Segunda, se señala que las actividades de las APIs en los puertos generan un desgaste en la infraestructura en los alrededores del municipio y la entidad, derivado de los camiones de carga pesada que utilizan, generando una rápida degradación de las vías de tránsito de la población.
 

Los recursos serán destinados para el mantenimiento de infraestructura urbana y las vías de acceso y mejora de los servicios públicos municipales.
 
Con la reforma a la Ley de Puertos, se obliga a las secretarías de Desarrollo Social y de Comunicaciones y Transportes a procurar el desarrollo armónico entre los puertos y las ciudades; y supervisarán que la inversión en obras de infraestructura sirva para generar un beneficio directo a la comunidad, cuidando el entorno urbano, las vías de acceso y el medio ambiente.
 
El dictamen fue remitido por el Pleno del Senado a la Cámara de Diputados para que sea discutido y en su caso, aprobado.-
 

Estaremos pendientes del resultado final de este interesante asunto.-
 
3.- Pues ya se informó con amplitud [y las autoridades locales avalaron con su presencia el hecho] rumbo y destino de los aviones “caza huracanes” que llegaron al puerto de Veracruz e hicieron mucho ruido.
 
Cuando menos nos dejaron dicho cuántos llegarán a territorio veracruzano.
 

La novedad cumplió su objetivo.