17 de abril de 2019
alcalorpolitico.com
La orden de aprehensión que la magistrada federal María Elena Suárez Préstamo, titular del Primer Tribunal Unitario de Cancún, acaba de librar en contra del ex gobernador poblano Mario Marín y del empresario textilero Kamel Nacif por la presunta comisión del delito de tortura en agravio de la periodista Lydia Cacho hace más de 13 años, está por colocar en el ojo del huracán mediático a la actual secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aseguró en noviembre de 2007 que no había ni un solo elemento que probara la concertación de Marín con el Poder Judicial de Puebla y el gobierno de Quintana Roo para actuar en contra de la autora del libro “Los Demonios del Edén”, cuando fue detenida en Cancún, en diciembre de 2005, y trasladada por carretera hasta la entidad poblana.
A lo más hubo “tortura sicológica”, sostuvo hace 11 años y cinco meses la ahora titular de la SEGOB.
En solo dos sesiones, los ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Olga Sánchez Cordero llevaron a la SCJN a uno de sus máximos descréditos al echar abajo la investigación contra el llamado “Gober precioso”, por violaciones graves a las garantías de la autora del libro que desnudó “el poder que protege a la pornografía infantil” en México.
Aguirre y Sánchez Cordero desacreditaron el dictamen presentado a finales de noviembre de 2007 por el ministro Juan Silva Meza, quien después de un año de investigaciones realizadas por mandato de la Corte, había logrado establecer la “componenda” de autoridades, encabezadas por Marín, para perseguir a la periodista a solicitud del influyente empresario textilero Nacif Borge, amigo, entre otros poderosos políticos, del priista Emilio Gamboa Patrón.
El dictamen fue desechado en las sesiones del martes 27 y jueves 29 de noviembre, cuando finalmente se exoneró “por falta de pruebas” al mandatario poblano del PRI.
El camino lo abrió Aguirre Anguiano al desacreditar una parte central del informe, argumentando que el ministro Silva Meza se había excedido del mandato de la Corte al incluir las redes de pederastia y pornografía infantil en su investigación. Fue apoyado por los ministros Margarita Luna Ramos, José de Jesús Gudiño Pelayo, Mariano Azuela, Sergio Valls y Guillermo Ortiz Mayagoitia, presidente de la SCJN. Con seis votos contra cuatro, la resolución desechó esa parte de la investigación.
Con este primer deslinde a favor de Marín, se desactivó la acusación en su contra en el sentido de que protegía las redes de pederastia y pornografía infantil descritas por Cacho Ribeiro en su libro, en el que mencionaba a Kamel Nacif, al empresario pedófilo jean Succar Kuri, actualmente preso, y a otros destacados políticos, entre ellos a Miguel Ángel Yunes Linares, quien acababa de renunciar al PRI en protesta por la postulación de su acérrimo enemigo Fidel Herrera a la gubernatura de Veracruz.
La segunda y definitiva votación a favor de Marín fue promovida dos días después por doña Olga, actual promotora de los derechos humanos desde la SEGOB.
EL CHOQUE CON YUNES
Por cierto, Lydia Cacho narró la siguiente anécdota ocurrida en abril de 2005, unos días antes de la presentación de su libro por los periodistas Carlos Loret de Mola y Jorge Zepeda Patterson.
Según contó la escritora, estando en la oficina de la Editorial Grijalbo llegó Faustino Linares, director de la empresa, y preguntó: “¿Quién es Miguel Ángel Yunes Linares?”
Le contestaron que lo acababan de nombrar subsecretario de Seguridad Pública federal. Don Faustino comentó: “Ah, vaya, pues me ha llamado y quiere que vaya a verlo a sus oficinas hoy mismo, en un par de horas de ser posible”. Al empresario lo tuvieron que sentar para explicarle quién era este personaje político y su papel en la historia del libro, ya que no lo había leído porque acababa de llegar de España.
Don Faustino y el editor acudieron a las oficinas de la Secretaría de Seguridad Publica. En la entrevista, Yunes les dijo que su nombre nunca debió aparecer en el libro. Le explicaron que Lydia sólo había transcrito las declaraciones que estaban consignadas en el juicio de Succar Kuri. Entonces Yunes les leyó unas cartas de funcionarios que, según él, lo exoneraban de cualquier responsabilidad en el caso.
Estas mismas cartas habían sido publicadas tiempo atrás en La Jornada, cuando Yunes ejerció su derecho de réplica por un reportaje de ese diario donde se hacía alusión a que su nombre había sido citado en el juicio contra el pederasta. Después de leerles personalmente las cartas, trató de convencerlos de que en la presentación del libro también se les diera lectura, para después emitir una declaración en que la editorial descalificaba a Lydia ya que no avalaban la transcripción del nombre de Miguel Ángel Yunes en su libro. Pero el director de la editorial se negó a hacerlo, aunque le ofreció al funcionario policiaco que Lydia lo entrevistaría y que en una nueva edición aparecería su versión. Sin embargo, Yunes respondió que de ninguna manera hablaría con la periodista. Le propusieron entonces que escribiera un texto exponiendo su postura.
Le ofrecieron que ese texto y los facsímiles de las cartas podrían formar parte de un apéndice de una nueva edición. Además le sugirieron que dicho texto podría ser leído por el editor del libro durante la presentación, así como el contenido de las misivas. Dijo que lo iba a pensar, pero que también la editorial pensara en lo que él les había propuesto primero. Después de la entrevista, Yunes insistió por teléfono y hasta mandó una enviada para saber si aceptaban su propuesta. Pero le dijeron que no, aunque le reiteraron que seguía en pie los ofrecimientos que la editorial le había hecho.
Don Faustino le contó a Lydia con detalle lo platicado durante la reunión, por lo que discutieron y coincidieron en que “habría que avisar a otra autoridad”. Llamaron entonces por teléfono a José Luis Santiago Vasconcelos, encargado de la SIEDO de la PGR, a quien le explicaron los hechos ocurridos en las oficinas de Yunes. El subprocurador les pidió la dirección del lugar donde se llevaría a cabo la presentación del libro. Antes de colgar el aparato telefónico, Santiago Vasconcelos le dijo a Cacho Ribeiro que no se preocupara porque estarían protegidos.
Lydia comentó que “al llegar a la Casa de la Cultura, el español no daba crédito por el despliegue de seguridad enviado por la SIEDO. Nos miramos y Faustino, casi en voz baja, nos dijo: ‘¿qué le sabrán a Yunes?’ ”.
A lo más hubo “tortura sicológica”, sostuvo hace 11 años y cinco meses la ahora titular de la SEGOB.
En solo dos sesiones, los ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Olga Sánchez Cordero llevaron a la SCJN a uno de sus máximos descréditos al echar abajo la investigación contra el llamado “Gober precioso”, por violaciones graves a las garantías de la autora del libro que desnudó “el poder que protege a la pornografía infantil” en México.
Aguirre y Sánchez Cordero desacreditaron el dictamen presentado a finales de noviembre de 2007 por el ministro Juan Silva Meza, quien después de un año de investigaciones realizadas por mandato de la Corte, había logrado establecer la “componenda” de autoridades, encabezadas por Marín, para perseguir a la periodista a solicitud del influyente empresario textilero Nacif Borge, amigo, entre otros poderosos políticos, del priista Emilio Gamboa Patrón.
El dictamen fue desechado en las sesiones del martes 27 y jueves 29 de noviembre, cuando finalmente se exoneró “por falta de pruebas” al mandatario poblano del PRI.
El camino lo abrió Aguirre Anguiano al desacreditar una parte central del informe, argumentando que el ministro Silva Meza se había excedido del mandato de la Corte al incluir las redes de pederastia y pornografía infantil en su investigación. Fue apoyado por los ministros Margarita Luna Ramos, José de Jesús Gudiño Pelayo, Mariano Azuela, Sergio Valls y Guillermo Ortiz Mayagoitia, presidente de la SCJN. Con seis votos contra cuatro, la resolución desechó esa parte de la investigación.
Con este primer deslinde a favor de Marín, se desactivó la acusación en su contra en el sentido de que protegía las redes de pederastia y pornografía infantil descritas por Cacho Ribeiro en su libro, en el que mencionaba a Kamel Nacif, al empresario pedófilo jean Succar Kuri, actualmente preso, y a otros destacados políticos, entre ellos a Miguel Ángel Yunes Linares, quien acababa de renunciar al PRI en protesta por la postulación de su acérrimo enemigo Fidel Herrera a la gubernatura de Veracruz.
La segunda y definitiva votación a favor de Marín fue promovida dos días después por doña Olga, actual promotora de los derechos humanos desde la SEGOB.
EL CHOQUE CON YUNES
Por cierto, Lydia Cacho narró la siguiente anécdota ocurrida en abril de 2005, unos días antes de la presentación de su libro por los periodistas Carlos Loret de Mola y Jorge Zepeda Patterson.
Según contó la escritora, estando en la oficina de la Editorial Grijalbo llegó Faustino Linares, director de la empresa, y preguntó: “¿Quién es Miguel Ángel Yunes Linares?”
Le contestaron que lo acababan de nombrar subsecretario de Seguridad Pública federal. Don Faustino comentó: “Ah, vaya, pues me ha llamado y quiere que vaya a verlo a sus oficinas hoy mismo, en un par de horas de ser posible”. Al empresario lo tuvieron que sentar para explicarle quién era este personaje político y su papel en la historia del libro, ya que no lo había leído porque acababa de llegar de España.
Don Faustino y el editor acudieron a las oficinas de la Secretaría de Seguridad Publica. En la entrevista, Yunes les dijo que su nombre nunca debió aparecer en el libro. Le explicaron que Lydia sólo había transcrito las declaraciones que estaban consignadas en el juicio de Succar Kuri. Entonces Yunes les leyó unas cartas de funcionarios que, según él, lo exoneraban de cualquier responsabilidad en el caso.
Estas mismas cartas habían sido publicadas tiempo atrás en La Jornada, cuando Yunes ejerció su derecho de réplica por un reportaje de ese diario donde se hacía alusión a que su nombre había sido citado en el juicio contra el pederasta. Después de leerles personalmente las cartas, trató de convencerlos de que en la presentación del libro también se les diera lectura, para después emitir una declaración en que la editorial descalificaba a Lydia ya que no avalaban la transcripción del nombre de Miguel Ángel Yunes en su libro. Pero el director de la editorial se negó a hacerlo, aunque le ofreció al funcionario policiaco que Lydia lo entrevistaría y que en una nueva edición aparecería su versión. Sin embargo, Yunes respondió que de ninguna manera hablaría con la periodista. Le propusieron entonces que escribiera un texto exponiendo su postura.
Le ofrecieron que ese texto y los facsímiles de las cartas podrían formar parte de un apéndice de una nueva edición. Además le sugirieron que dicho texto podría ser leído por el editor del libro durante la presentación, así como el contenido de las misivas. Dijo que lo iba a pensar, pero que también la editorial pensara en lo que él les había propuesto primero. Después de la entrevista, Yunes insistió por teléfono y hasta mandó una enviada para saber si aceptaban su propuesta. Pero le dijeron que no, aunque le reiteraron que seguía en pie los ofrecimientos que la editorial le había hecho.
Don Faustino le contó a Lydia con detalle lo platicado durante la reunión, por lo que discutieron y coincidieron en que “habría que avisar a otra autoridad”. Llamaron entonces por teléfono a José Luis Santiago Vasconcelos, encargado de la SIEDO de la PGR, a quien le explicaron los hechos ocurridos en las oficinas de Yunes. El subprocurador les pidió la dirección del lugar donde se llevaría a cabo la presentación del libro. Antes de colgar el aparato telefónico, Santiago Vasconcelos le dijo a Cacho Ribeiro que no se preocupara porque estarían protegidos.
Lydia comentó que “al llegar a la Casa de la Cultura, el español no daba crédito por el despliegue de seguridad enviado por la SIEDO. Nos miramos y Faustino, casi en voz baja, nos dijo: ‘¿qué le sabrán a Yunes?’ ”.