A raíz de la masacre, el viernes pasado, de 13 personas en Minatitlán y ahora con la ejecución de la alcaldesa de Mixtla de Altamirano, Maricela Vallejo Orea, se ha reactivado un falso debate sobre la “coordinación” que debería existir entre el fiscal general del Estado, Jorge Winckler, y el gobernador Cuitláhuac García dizque para frenar la violencia que sigue ensangrentando a la entidad.
 
Inclusive la noche de este miércoles, al conocerse al atentado contra su homóloga, el presidente municipal de Zongolica, el perredista Juan Carlos Mezhua, consideró “urgente tener una mesa de coordinación donde participe el gobernador y las autoridades federales” y que “nos coordinemos las instituciones, (porque) se deben dejar de lado todas las diferencias que se puedan tener entre las fuerzas políticas”, en alusión, obviamente, a la confrontación existente entre el mandatario estatal de Morena y el fiscal impuesto en 2016 por el ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares y los diputados locales del PAN-PRD.
 
Pero el problema de fondo de la barbarie que se ha dejado crecer en Veracruz no es solo por la “falta de coordinación” entre las instituciones de seguridad y de procuración de justicia sino más que nada por la falta de estrategia y nulo trabajo de inteligencia, la corrupción y la actitud omisa de algunos jefes policiacos y fiscales cuya colusión o complicidad –por amenazas o compromisos económicos con bandas criminales– siguen fomentando los altos índices de impunidad.
 

En la entidad, durante las administraciones de los ex gobernadores Fidel Herrera Beltrán, Javier Duarte y Yunes Linares siempre hubo una extraordinaria “coordinación” entre los gobernantes y sus procuradores o fiscales –Emeterio López Márquez, Reynaldo Escobar, Amadeo Flores, Luis Ángel Bravo y Jorge Winckler–, más, sin embargo, la espiral de violencia continuó.
 
En Veracruz no hace falta instalar mesas de seguridad y convocar a reuniones cada vez que suceda un crimen de alto impacto. Lo que realmente se requiere es que cada institución funcione eficazmente en su propia esfera de competencia, máxime si se trata de un órgano constitucionalmente autónomo como la Fiscalía General del Estado, pues la Secretaría de Seguridad Pública depende directamente del Poder Ejecutivo.
 
En Michoacán, por ejemplo, el alcalde de Nuhuatzen, David Eduardo Otlica, fue secuestrado y asesinado la madrugada del martes pasado. Sin embargo, este jueves, casi 48 horas después, el fiscal michoacano Adrián López Solís reportó la detención del presunto autor material del homicidio.
 

En Veracruz, en cambio, a una semana de los hechos de Minatitlán, las indagatorias ministeriales no han avanzado.
 
No es para sorprenderse, pues según el Censo Nacional de Justicia en los estados 2018, del INEGI –el más reciente, pues el de este año se conocerán sus resultados hasta octubre próximo–, la Fiscalía General de Veracruz tiene un porcentaje de efectividad de 18 por ciento, ya que de 61 mil 402 carpetas de investigación que abrió solo alcanzó 11 mil 316 carpetas determinadas.
 
Según este Censo, estados como Yucatán y Durango tienen porcentajes de efectividad de cien por ciento, mientras que la Fiscalía a cargo del abogado yunista es la tercera peor del país, únicamente superada por las de Guerrero y Chiapas.
 

A unas horas de que el presidente Andrés Manuel López Obrador arribe a Minatitlán, Winckler tiene todavía una excelente oportunidad para demostrarle al jefe del Ejecutivo federal que contrario a lo que dijo el pasado lunes en el puerto de Veracruz, él no está “mal recomendado” como fiscal y que tampoco fue “un error” que lo dejara el ex gobernador Yunes Linares.
 
¿Nos apantallará el titular de la FGE con la presentación de los autores de la masacre de las 13 víctimas de Minatitlán, o al menos con los que ejecutaron a la alcaldesa de Mixtla de Altamirano? Sería un gran punto a su favor.