Los expertos querían saber cuánto. Cuántos torturados hay en México, cuántas víctimas, cuántos desaparecidos, cuántos detenidos, cuántos procesados, cuántos sentenciados, cuántas leyes, cuántos refugiados, cuántos asilados, cuántos, cuántos, cuántas.
 
Los funcionarios mexicanos desgranaron cifras, ofrecieron porcentajes, leyeron proyectos de ley y declaraciones, expresaron preocupación, agradecieron la oportunidad de rendir cuentas, y todos nos quedamos como estábamos antes de que comenzara la sesión en que el Comité de las Naciones Unidas Contra la Tortura evaluaría en Ginebra lo que ha hecho México en este triste asunto.
 
En un mundo de datos, los expertos buscaban respuestas y los funcionarios (de Gobernación, de Relaciones Exteriores, de la Defensa Nacional, de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Fiscalía General, del Instituto Nacional de Migración, de la Comisión de Atención a Víctimas) no pudieron decir mucho aunque hablaron durante casi tres horas entre la mañana del jueves y la tarde del viernes.
 

De todos modos, nos enteramos de algunas cosas. Por ejemplo, que hasta agosto del año pasado solamente Durango y Chihuahua habían homologado sus leyes sobre la tortura y que otras leyes no se han implementado, que todavía no se han creado las fiscalías especializadas, que la tortura en México es endémica, que las encuestas sobre delitos se suspendieron, que los detenidos no tienen acceso fácil a abogados, y que no se sabe cómo se está evaluando la aplicación de procedimientos legales, que pocas policías y fiscalías llevan un registro de detenidos, etcétera.
 
También nos enteramos que sólo se denuncian siete de cada cien delitos, y que muy pocas de esas denuncias prosperan, que no hay información que permita dar seguimiento a la política migratoria de México, y que no se sabe si hay acuerdos bilaterales sobre los solicitantes de asilo en Estados Unidos que tienen que esperar en México a que se resuelvan sus casos (dato que llamó la atención de la pareja de funcionarios estadounidenses que asistieron a las sesiones, aunque no se acostumbra que terceros países envíen representantes a las evaluaciones).
 
Llamó la atención el caso de Daniel García, quien lleva dieciséis años preso sin juicio (los expertos, que saben de estas cosas, señalaron que cuarenta de cada cien detenidos en México deberían ser liberados por irregularidades en su detención o en sus procesos). La respuesta mexicana fue que se está negociando un arreglo amigable con García. Amigable.
 

Se habló de los treinta y siete mil desparecidos cuyo paradero no se sabe desde hace quince años, de los cientos de fosas clandestinas, de las policías que no investigan y terminan pidiendo a los familiares que investiguen ellos, de la mala investigación y del encubrimiento en el caso de los cuarenta y tres de Ayotzinapa, de la ausencia de un sistema que garantice respuestas rápidas, imparciales y efectivas.
 
También supimos que no hay registros de los casos de tortura, ni de las investigaciones ni las detenciones ni los enjuiciamientos que han promovido las fiscalías especializadas (tal vez porque no hay muchas), y supimos que los organismos forenses no son independientes, y etcétera.
 
"El Estado mexicano no ha llevado a la práctica las recomendaciones del Comité, y por eso volvemos a hacer las mismas preguntas que hicimos hace años", explicó uno de los expertos.
 

Las respuestas fueron reveladoras. Uno oyó hablar de un país diferente, de una nación de leyes, que otra vez – como cada seis años – quiere deshacer todo para rehacerlo todo. Si uno ponía cuidado oía cifras y programas de otro tiempo, de otro gobierno.
 
Pero los números parecían decir que la situación del país mejoró durante los últimos seis años. No se sabe si realmente disminuyeron las causas de preocupación o si las instituciones simplemente dejaron de contar. Los funcionarios transitan por los caminos pedregosos de la estadística y las arenas áridas del lugar común, y por ahí se fueron hablando de lo que había logrado otro gobierno para no reconocer que la cosa es seria.
 
Los expertos terminaron pidiendo que la voluntad política aproveche la coyuntura para promover hasta donde sea posible los cambios necesarios. Martha Delgado, subsecretaria de Relaciones Exteriores para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, recordó que el gobierno es nuevo y está dispuesto a hacer lo que tiene que hacer.
 

"Estamos convencidos de que podemos transformar la situación de inseguridad y garantizar en el futuro cercano el pleno respeto a los derechos humanos, cultivar una nueva cultura de la legalidad y de estado de derecho en el país", declaró la funcionaria antes de contradecirse. "(Pero) esta reconstrucción nos va a tomar mucho tiempo. No quisiera yo desearlo a largo plazo, pero no es una cuestión que podamos resolver en unos meses".
 
Cuántos. Neruda tenía sed de saber cuánto. Qué ganas. Nos quedamos con las ganas.