7 de mayo de 2019
alcalorpolitico.com
Por la forma en que hace 13 días fue ejecutada la alcaldesa de Mixtla de Altamirano, Maricela Vallejo Orea, su esposo Efrén Zopiyactle Tlaxcaltecatl y su chofer Sabino García, todo hacía suponer que este caso –ante la presunción de la participación de miembros de la delincuencia organizada y el tipo de armas de fuego utilizadas– sería atraído desde un principio por la Fiscalía General de la República (FGR), misma que aparentemente acababa de dar un campanazo sobre la masacre de 13 personas en Minatitlán ocurrida el viernes 19 de abril con la reciente detención de dos mandos de un grupo criminal del sur de Veracruz, pero que ahora se sabe que no han sido imputados directamente por ese multihomicidio sino por otros presuntos delitos del fuero federal.
Pero otra motivación más del gobernador Cuitláhuac García para recurrir a la FGR era por la desconfianza que este lunes volvió a manifestar públicamente hacia el fiscal general del estado, Jorge Winckler, ya que nuevamente lo acusó de estar encubriendo a los presuntos autores intelectuales del asesinato de la munícipe, pues cuestionó su sospechoso letargo para resolver este crimen no obstante que desde hace un año y cuatro meses, en enero de 2018, la víctima había señalado quiénes y por qué la tenían amenazada de muerte.
Hace una semana, el lunes 29 de abril, tras la declaración del mandatario veracruzano a un noticiero de radio de la Ciudad de México, el fiscal Winckler Ortiz reviró: “Se me hace una declaración la verdad bastante grave, si el gobernador sabe quiénes fueron los autores, que venga y lo declare, si el gobernador tiene un dato que nos ayude a esclarecer los delitos, que venga y que presente esos datos de prueba, nos ayudaría mucho más que viniera y aportara a que sólo declarara.”
Pero el de la alcaldesa de Mixtla de Altamirano no es el único caso de alto impacto que el fiscal yunista tiene pendiente de resolver. Tampoco dio resultados sobre la masacre de Minatitlán. Y, hasta ahora, no ha mostrado avances sobre el impactante crimen del activista y defensor de derechos humanos Abiram Hernández Fernández, quien fue asesinado desde hace más de un mes, la madrugada del sábado 30 de marzo, en el interior de su domicilio en Xalapa.
Inclusive hace una semana, familiares de quien también era coordinador del Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara, A.C. se apostaron en la Plaza Lerdo para exigir frente a Palacio de Gobierno justicia pronta y expedita, y que este crimen no quede impune.
Por eso no fue fortuito que en una entrevista exclusiva que el diario capitalino La Jornada publicó en su edición impresa de este sábado 4 de mayo, el mandatario estatal de Morena remarcara que el fiscal heredado por su antecesor, el panista Miguel Ángel Yunes Linares, es “omiso o cómplice” ante la situación de inseguridad del estado, afirmando que Winckler “usa su ineptitud para golpearnos”.
¿Será que, ahora sí, el abogado de Yunes tendrá los días contados al frente de la FGE?
LIBERAN A POLICÍA FEDERAL
Por cierto, este lunes fue liberado un elemento de la Policía Federal (PF) que fue detenido tras una balacera protagonizada entre fuerzas de seguridad y presuntos sicarios la noche del pasado viernes en Minatitlán.
A través de la PF, el gobierno federal informó que el agente Alberto Luján Canseco obtuvo su libertad al acreditar que no agredió a policías, que es miembro activo de la corporación y que el arma con la que se le detuvo es de cargo.
De acuerdo con una ficha informativa de la PF, Luján Canseco fue detenido por elementos de la Policía Estatal de Veracruz cuando salía del inmueble de la balacera portando un arma corta.
Según se detalló, el viernes 3 de mayo los elementos de la PF, Alberto Luján Canseco y Karlos Sammy Aubry Ezpinoza, oficiales de la División de Fuerzas Federales, se encontraban fuera de servicio.
No obstante, acudieron en auxilio de sus compañeros al domicilio ubicado en Avenida Constitución, entre las calles Manuel Campillo y Carolino Anaya, en Minatitlán, donde se registraron detonaciones de arma de fuego contra elementos de seguridad.
“Del incidente resultó el fallecimiento del oficial Aubry Espinoza. Además, quedaron lesionados el oficial César Galán Sosa, de la División Científica, y la policía municipal María Guadalupe Castillo González”, se detalló.
La PF, que depende de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, reiteró que el oficial Luján Canseco pertenece a la División de Fuerzas Federales y no está adscrito a las labores de la Guardia Nacional.
Sin embargo, de acuerdo con versiones periodísticas, Alberto Luján Canseco, de la división de Fuerzas Federales, era policía tercero, cuya credencial fue expedida el 11 de marzo de 2018 y tenía vencimiento el 2 de mayo de 2019, o sea, el día anterior al del supuesto enfrentamiento de las fuerzas policiacas y los presuntos sicarios.
Este lunes, luego de la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que el mandatario abordó este asunto, el periodista Humberto Padgett dijo a Radio Fórmula que tras el enfrentamiento, seis civiles resultaron heridos y dos policías federales fallecieron, con comisión de la Guardia Nacional, no uno, como había informado el jefe del Ejecutivo federal.
Pero lo cierto es que el otro policía muerto fue José Reynaldo Antonio Arellano, quien fungía como primer Comandante de la Unidad de Recuperación de Vehículos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado.
Pero otra motivación más del gobernador Cuitláhuac García para recurrir a la FGR era por la desconfianza que este lunes volvió a manifestar públicamente hacia el fiscal general del estado, Jorge Winckler, ya que nuevamente lo acusó de estar encubriendo a los presuntos autores intelectuales del asesinato de la munícipe, pues cuestionó su sospechoso letargo para resolver este crimen no obstante que desde hace un año y cuatro meses, en enero de 2018, la víctima había señalado quiénes y por qué la tenían amenazada de muerte.
Hace una semana, el lunes 29 de abril, tras la declaración del mandatario veracruzano a un noticiero de radio de la Ciudad de México, el fiscal Winckler Ortiz reviró: “Se me hace una declaración la verdad bastante grave, si el gobernador sabe quiénes fueron los autores, que venga y lo declare, si el gobernador tiene un dato que nos ayude a esclarecer los delitos, que venga y que presente esos datos de prueba, nos ayudaría mucho más que viniera y aportara a que sólo declarara.”
Pero el de la alcaldesa de Mixtla de Altamirano no es el único caso de alto impacto que el fiscal yunista tiene pendiente de resolver. Tampoco dio resultados sobre la masacre de Minatitlán. Y, hasta ahora, no ha mostrado avances sobre el impactante crimen del activista y defensor de derechos humanos Abiram Hernández Fernández, quien fue asesinado desde hace más de un mes, la madrugada del sábado 30 de marzo, en el interior de su domicilio en Xalapa.
Inclusive hace una semana, familiares de quien también era coordinador del Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara, A.C. se apostaron en la Plaza Lerdo para exigir frente a Palacio de Gobierno justicia pronta y expedita, y que este crimen no quede impune.
Por eso no fue fortuito que en una entrevista exclusiva que el diario capitalino La Jornada publicó en su edición impresa de este sábado 4 de mayo, el mandatario estatal de Morena remarcara que el fiscal heredado por su antecesor, el panista Miguel Ángel Yunes Linares, es “omiso o cómplice” ante la situación de inseguridad del estado, afirmando que Winckler “usa su ineptitud para golpearnos”.
¿Será que, ahora sí, el abogado de Yunes tendrá los días contados al frente de la FGE?
LIBERAN A POLICÍA FEDERAL
Por cierto, este lunes fue liberado un elemento de la Policía Federal (PF) que fue detenido tras una balacera protagonizada entre fuerzas de seguridad y presuntos sicarios la noche del pasado viernes en Minatitlán.
A través de la PF, el gobierno federal informó que el agente Alberto Luján Canseco obtuvo su libertad al acreditar que no agredió a policías, que es miembro activo de la corporación y que el arma con la que se le detuvo es de cargo.
De acuerdo con una ficha informativa de la PF, Luján Canseco fue detenido por elementos de la Policía Estatal de Veracruz cuando salía del inmueble de la balacera portando un arma corta.
Según se detalló, el viernes 3 de mayo los elementos de la PF, Alberto Luján Canseco y Karlos Sammy Aubry Ezpinoza, oficiales de la División de Fuerzas Federales, se encontraban fuera de servicio.
No obstante, acudieron en auxilio de sus compañeros al domicilio ubicado en Avenida Constitución, entre las calles Manuel Campillo y Carolino Anaya, en Minatitlán, donde se registraron detonaciones de arma de fuego contra elementos de seguridad.
“Del incidente resultó el fallecimiento del oficial Aubry Espinoza. Además, quedaron lesionados el oficial César Galán Sosa, de la División Científica, y la policía municipal María Guadalupe Castillo González”, se detalló.
La PF, que depende de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, reiteró que el oficial Luján Canseco pertenece a la División de Fuerzas Federales y no está adscrito a las labores de la Guardia Nacional.
Sin embargo, de acuerdo con versiones periodísticas, Alberto Luján Canseco, de la división de Fuerzas Federales, era policía tercero, cuya credencial fue expedida el 11 de marzo de 2018 y tenía vencimiento el 2 de mayo de 2019, o sea, el día anterior al del supuesto enfrentamiento de las fuerzas policiacas y los presuntos sicarios.
Este lunes, luego de la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que el mandatario abordó este asunto, el periodista Humberto Padgett dijo a Radio Fórmula que tras el enfrentamiento, seis civiles resultaron heridos y dos policías federales fallecieron, con comisión de la Guardia Nacional, no uno, como había informado el jefe del Ejecutivo federal.
Pero lo cierto es que el otro policía muerto fue José Reynaldo Antonio Arellano, quien fungía como primer Comandante de la Unidad de Recuperación de Vehículos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado.