A finales de abril, un exfuncionario estatal, experto en fiscalización y contabilidad gubernamental, fue contactado por un militar adscrito al área de inteligencia de la nueva Guardia Nacional. Tras presentarse, le dijo que venía de parte de Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, quien requería información acerca de los fondos federales para seguridad pública transferidos en los últimos dos años al gobierno de Veracruz, ejercidos durante la administración del gobernador Miguel Ángel Yunes.
 
Este trascendido, de hecho, no debiera sorprender al ex mandatario panista ni a su ex secretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marie –con quien, por cierto, Yunes apareció públicamente hace tres semanas en un popular café porteño, al día siguiente de haber sido fotografiado en el aeropuerto de Nueva York acompañado de una joven mujer desconocida–, pues desde mediados de octubre de 2018 Durazo, en el marco del foro sobre seguridad “Diálogo Ciudadano por la Paz y el Bienestar”, realizado en Ciudad Victoria, Tamaulipas, había lanzado la siguiente advertencia: “Nada de perdonar, todo aquel que haya cometido alguna ilegalidad tendrá que asumir las consecuencias, particularmente si se trata de gobernantes que hayan incumplido su responsabilidad o que hayan hecho mal uso del recurso público”.
 
O sea que todavía tuvieron tiempo suficiente para maquillar y recomponer las cuentas públicas. Lo que está en duda es si cumplieron cabalmente con su responsabilidad, pues en materia de seguridad dejaron el estado muy descompuesto, peor que el que les heredó Javier Duarte, su antecesor.
 

Sin embargo, ahora Yunes y Téllez Marie sí tendrían razón para preocuparse, pues con el reciente caso del ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, investigado por corrupción y vínculos con organizaciones criminales, la federación dejó claro que, en efecto, no habrá perdón para los ex gobernantes abusivos e irresponsables.
 
Pero no sólo van contra ex gobernadores. La semana pasada trascendió que áreas de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Policía Federal, en colaboración con agencias del gobierno de Estados Unidos, investigan a jueces federales adscritos a los estados de Veracruz, Jalisco, Guerrero y Colima, donde han sido detenidos y posteriormente liberados operadores financieros y logísticos, así como jefes de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación.
 
Y este viernes, el portal ejecentral.com.mx publicó que “el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, tan desconfiado como es, puso a un equipo especial con investigadores que han pasado con excelencia los exámenes de control de confianza y que han sido certificados en Estados Unidos, y los puso a trabajar en los casos sensibles y de alto impacto.” De acuerdo a la versión de ese diario digital, hicieron una evaluación de cada uno y que entre los primeros casos revisados figuran los de los ex gobernadores priistas de Chihuahua y Veracruz, César Duarte y Javier Duarte, “a quienes ya les están puliendo más expedientes y pronto habrá noticias…”
 

Pero comentan también que “lo más interesante es que en su camino se toparon con la sorpresa de que el ex procurador Raúl Cervantes y el ex encargado del despacho de la PGR, Alberto Elías, dejaron morir por el tiempo y de inanición algunas acusaciones contra ambos personajes, todavía no saben si fue sin querer o queriendo, pero ya lo investigan.”