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Columnas y artículos de opinión
Diario de un reportero
No hay fondos para derechos humanos
Miguel Molina
23 de mayo de 2019
alcalorpolitico.com
Se supo a finales de abril, pero se hizo público hace apenas unos días: no hay suficientes fondos para los diez comités de expertos (Órganos de Tratados, o Treaty Bodies) que evalúan el cumplimiento de los países en asuntos de derechos humanos, lo que obligará a cancelar varias sesiones programadas desde hace tiempo.
 
Es un hecho sin precedentes, no sólo porque varios países no han pagado sus contribuciones a las Naciones Unidas sino porque esto significa que no se podrán considerar quejas de víctimas individuales de violaciones (tortura, asesinatos extrajudiciales, desapariciones forzadas, por ejemplo), y afectará el sistema de protección que los mismos países han construido durante varios años.
 
El Palacio Wilson, en Ginebra, es sede de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos desde hace unos veinte años, y ahí sesionan los comités (son diez, y revisan si se cumplen los acuerdos sobre derechos humanos, discriminación racial, trabajadores migrantes, desapariciones forzadas, derechos económicos, sociales y culturales, eliminación de la discriminación contra las mujeres, derechos del niño, derechos de personas con discapacidades y dos órganos contra la tortura).
 

Los he visto en acción. Desde hace algunos años he ido a las sesiones en que estos comités de expertos llaman a cuentas a los países que no respetan o ignoran o violentan los derechos humanos. Los expertos preguntan, solicitan, recomiendan, pero sobre todo exhiben las formas en que los gobiernos cumplen o evitan cumplir con sus compromisos.
 
Lo que no se sabe es qué países deben, y si han retenido sus aportaciones por razones políticas o económicas. Pero hay preocupación. Los presidentes de los comités escribieron al Secretario General de la ONU, António Guterres, y la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para analizar lo que está pasando y encontrar una solución pronto, aunque tal vez no se pueda.
 
No es la primera vez que la oficina del Alto Comisionado (o la Alta Comisionada) recibe presiones porque señala a quienes no respetan los derechos humanos, pero la falta de pago podría convertirse en una arma formidable para acallar a una institución que se ha convertido en la conciencia de las naciones. Ese es el riesgo.
 

Luis Pedrera, presidente del comité para los Derechos del Niño, me dijo que los comités y los expertos (que no cobran sueldo en la ONU aunque reciben un estipendio diario cuando están en sesiones) no son políticos:
 
"Ahí reside la potencia de nuestra tarea. Tenemos la misión de controlar cómo los estados avanzan en la aplicación de los tratados. Nuestro rol no es político", insistió. "Tratamos de ayudar. Nosotros no obligamos a los estados a venir. Han sido los estados que ratificaron las convenciones, y por lo tanto aceptaron someterse a este proceso de examen o de diálogo".
 
Si la situación no se resuelve y hay que suprimir sesiones de los comités, "sería una muy mala señal, porque estaría en cuestión la razón misma de la existencia de los órganos de tratado, de por qué los estados han aceptado voluntariamente crear estas estructuras y estas convenciones".
 

También en Veracruz
 
En Veracruz también hay preocupación por el tema: la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Namiko Matzumoto, denunció que han tratado de intimidarla porque emitió una recomendación ante un caso en el que Fiscalía General y el gobierno del estado torturaron con música a un detenido.
 
Eso es serio. Hay maquiavelitos entre nosotros – en muchas partes del país – jugando con cosas que no tienen repuesto, y atizan la violencia verbal y de la otra, pero al mismo tiempo obligan a la Fiscalía a investigar las amenazas que ha recibido la funcionaria. Lo más probable es que nunca se sepa quiénes, ni en nombre de qué o para qué quieren asustarla.
 

La diputada Judith Pineda (PAN) abrió la boca. Dijo que le gusta la música de Maluma (con la que torturaron día y noche al detenido, que había sido director de Servicios Periciales de la Procuraduría), y que no considera que poner las canciones de ese artista sea tortura.
 
"No sé si ustedes leyeron el dictamen", declaró la diputada, que evidentemente no había leído la recomendación 25/2019 de la CEDH. "Habla de una tortura con música de Maluma. No sé, si a ustedes no les gusta la música de Maluma igual y se sienten torturados. A mí me gusta, entonces no me afecta".
 
Cualquiera le habría respondido que oír música – buena, mala o reggaetón – porque a uno le gusta no es lo mismo que tenerla día y noche a todo volumen sin poder evitarlo, aunque tal vez la diputada no entendería la sutil diferencia que hay entre ambas cosas...
 

Tristemente, la ignorancia no se queda en las curules del Palacio Legislativo. Varias veces he visto comentarios en la prensa y en las redes sociales, o me han dicho de viva voz, que quienes cometen delitos mayores o menores no tienen derechos de ninguna clase.
 
Se equivocan. Los derechos son de todos o no son de nadie, cuantimás los humanos, que limitan el poder del Estado ante los ciudadanos, en Veracruz y en cualquier otra parte del planeta que nos estamos acabando, con música de Maluma y de otros.
 
Aquí se puede leer la recomendación y sacar conclusiones: http://cedhvapp2.sytes.net/gestor/captura/upload/REC-25-2019.PDF?22/05/201907:35:54 a.m.