31 de mayo de 2019
alcalorpolitico.com
Este comentario es aleccionador y por ello su reproducción con fines meramente informativos. No más.
1.- El Derecho a Invadir, lo que se avecina.-Ignacio Morales Lechuga.- Notario Público [en la ciudad de México] y Ex Procurador General de la República.-
“Dime de qué presumes y te diré de qué careces: La máxima parece aplicar cada vez que el lenguaje del oficialismo restaurado invoca la ley, pero no la cumple o incluso la pervierte y la viola activamente.
Así nació y así ha sido creado otro adefesio jurídico, gestionado en el vientre legislativo de la 4T, la “ley Constitucional de Derechos Humanos y sus garantías en la Ciudad de México”.
Suena a burla que una ley tenga el adjetivo Constitucional. Basta saber que un congreso local al igual que el federal no pueden sino aprobar leyes constitucionales. Ante tanta retórica seudojurídica, los abogados nos estamos acostumbrando a tomar providencias.
Sabemos que una ley rebautizada “constitucional” puede ser cualquier cosa, menos un ordenamiento acorde con la Carta Magna.
La ley citada de la CDMX permite, que ante el incumplimiento de un arrendatario o una invasión, no se ejecute el desalojo legal de la propiedad rentada; que cualquier consecuencia de este acto corra a cargo del propietario inmobiliario; que se proteja al que incumple.
Todo indica que la cultura del no pago, alimentada recientemente con la condonación de 11000 mdp a deudores morosos de la CFE en Tabasco, seguirá creciendo. El estado de derecho continuara debilitándose, ahora con el apoyo de las autoridades y de legislaciones como la mencionada Ley.
El Articulo 60 de la citada Ley “constitucional” de Derechos Humanos otorga permiso para no ser desalojados, al señalar lo que sigue: “Para evitar que los desalojos forzosos o lanzamientos, violen, entre otros derechos, el derecho de una vivienda adecuada, podrán llevarse a cabo solo en casos excepcionales. Antes de realizarse, las personas que serán desalojadas tienen el derecho a: no ser discriminadas, que se estudien todas las demás posibilidades que permitan evitar o minimizar la necesidad de recurrir a la fuerza; la debida indemnización en caso de ser privados de bienes o sufrir pérdidas inmateriales; y contar con las personas que puedan ser objeto de un lanzamiento de su domicilio. Las autoridades deben garantizar el acuerdo realojamiento de las personas sin recursos desalojada”.
De este modo, un gobierno que dice promover los derechos humanos destruye otros igualmente fundamentales como el derecho a la propiedad para entronizar privilegios de un grupo. Se abre con ello la puerta de la permisividad o de la agresión contra el propietario de un inmueble. Es también el caso del constructor, que invierte recursos económicos para obtener una utilidad de carácter lícita, que paga impuestos y pertenece a la mayoría silenciosa de la población que trabaja y produce para mejorar su situación económica.
Entre tanta maroma, frenesí y circo mañanero este monstruito jurídico ha sido poco comentado. Su entrada en vigor y observancia equivale a extender un permiso para ocupar, invadir o no pagar renta en cualquier edificio habitacional de propiedad privada a favor de quien se declare incapaz o inconforme con pagar renta y tenga que enfrentar un desalojo judicial.
Deben existir un millón de viviendas bajo arrendamiento y un número indeterminado de propiedades invadidas.
Los derechos humanos fueron creados para defender al ciudadano de los abusos del Estado. El artículo 102 de nuestra Constitución General de la República establece que no se aplicara a los actos jurisdiccionales, por lo mismo esta ley es inconstitucional.
Por ello, que un propietario afectado por esta nueva ley no pueda gozar del derecho de rescatar su propiedad, es un paso hacia el aplastamiento de derechos fundamentales. . ¿Acaso será la Comisión de Derechos Humanos la que a pague a los propietarios afectados? ¿Serán los diputados que aprobaron esta Ley quienes asuman el impago? No, de ninguna manera, ambas instancias actúan bajo el principio de pedir se cumpla la voluntad de Dios, pero en las mulas del compadre.
Además de los propietarios de estos inmuebles están obligados a pagar el impuesto predial, el servicio de agua y el de energía eléctrica, aunque el ocupante, invasor o arrendatario no lo pague, circunstancias no tomadas en cuenta por la Ley.
Duros golpes ha recibido el sector inmobiliario, ahí si inconstitucionalmente, ya que desde agosto se ha cerrado la ventanilla gubernamental para recibir manifestaciones de construcción y se han clausurado mas de cien obras privadas, lo que ha originado más de 100 mil desempleados en esta ciudad, un descenso en la venta del cemento del 35% e incalculables pérdidas a industrias que dependen de la construcción.
Sería insensato acostumbrarnos a considerar como algo normal el ser habitantes de una ciudad en la que las autoridades suelen reconocer tarde y mal sus enormes responsabilidades. Si hay algún margen para alertar e impedir la aplicación de esa nueva ocurrencia irresponsable en materia inmobiliaria, no será desde el silencio o la distracción que ofrecen otras pistas del mismo y frenético circo en el que México se encuentra metido”.
Abundando en la información, a nivel nacional, se proporcionan estos datos fríos:
2.- Ni que fuésemos comunistas ¿o sí? Ayer Rubén Cortés en su Canela Fina, retoma lo que el martes firmó el colaborador del Universal, el licenciado y Notario Público, Ignacio Morales Lechuga, de quien insertamos hoy el artículo que da pie a muchos comentarios, sobre todo en la ciudad de México, jurisdicción donde se aplicará este guadañazo a un sector de la población, sin mayor defensa.
Esto se apunta en Contraréplica: “---Es oficial. Se publicó el 8 de febrero en la Gaceta Oficial de la CDMX: si usted posee un departamento, lo renta y el inquilino decide no pagarle, pues usted no podrá exigir el desalojo legal de su departamento, ya que la ley protege al que incumple el pago de la renta. Sí… desde el 8 de febrero.
O sea: no habrá desalojos en la CDMX en ningún caso, ni en situaciones de invasiones de predios ni ante el no pago de alquiler. El Congreso capitalino legalizó el derecho a invadir y el derecho a no pagar renta. Por lo tanto, la propiedad privada corre peligro en la capital de México.
Se especifica en el artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus garantías de la CDMX, y la única ayuda al propietario es establecer que “se deberá buscar la mediación para evitar la fuerza, ya que se debe atender el derecho a la vivienda que tienen los ciudadanos”.
En México ya no vale el precepto de “a cada quien, según su trabajo, a cada quien, según su capacidad”. El precepto que vale hoy en México es “a cada quien según su necesidad”. Más aún: las personas a desalojar deben de ser indemnizadas por el propietario del inmueble... si logra desalojarlos.
Aunque esta ley tampoco es una creación original de la 4T en la CDMX.
Viene de los postulados del partido populista de extrema izquierda “Podemos”, creado en España con financiamiento de la Venezuela chavista, y que se conoce como “ley de la patada en la puerta”.
Pablo Iglesias, el líder de “Podemos”, la denomina “expropiación directa” y consiste en que quienes no posean casa propia puedan dar una patada a la puerta y quedarse con el inmueble cuyos dueños no lo ocupen porque no les da la gana, o porque no hayan podido rentarlo durante un año.
Por cierto, Pablo Iglesias se compró un chalet en Galapagar, afueras de Madrid, en 700 mil dólares: una extensión de 260 metros cuadrados habitables, incluida una casa de invitados y dos mil metros de jardín y alberca, además de un Audi de 100 mil euros en el estacionamiento.
Mientras, la “ley de la patada en la puerta”, versión chilanga, atenta contra el derecho de recuperación de propiedad, el derecho de recuperación al comodato, al arrendamiento y al derecho real a la propiedad y a la posesión de lo que es tuyo.
Recordemos que, en 2016, el GDF intentó cobrar un nuevo impuesto por vender propiedades con la que se hubieran beneficiado por reparación de calles aledañas y alumbrado público: pero se echó atrás.
En cambio, esta ley de la patada en la puerta en la CDMX…”
3.- Entre las cosas buenas de las que da nota elcalorpolítico, está la información que sale del Centro SCT Veracruz, a cargo de José Adalberto Vega Regalado, y a que se refiere el Presidente de la Asociación de Constructores del Estado de Veracruz, ACEVAC por sus siglas, relativa a que se sigue trabajando en dos tramos que mucho importan para la región norte del Estado [tan abandonado desde siempre] como lo son: El tramo de Laguna Verde a Gutiérrez Zamora (debe ser a Nautla) con 129 kilómetros de longitud, y 106 kilómetros de Tuxpan a Ozuluama (cuyo tramo Tuxpan-Naranjos ya está en uso).
Pero en fín: Lo importante es que los trabajos continúen, como en más de una ocasión lo ha afirmado el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Que las obras carreteras ya iniciadas, se concluirán en el menor tiempo posible.
P.D.- Por si no lo sabía: Pablo Iglesias, es el líder del partido populista de extrema izquierda, “Podemos” en España….
1.- El Derecho a Invadir, lo que se avecina.-Ignacio Morales Lechuga.- Notario Público [en la ciudad de México] y Ex Procurador General de la República.-
“Dime de qué presumes y te diré de qué careces: La máxima parece aplicar cada vez que el lenguaje del oficialismo restaurado invoca la ley, pero no la cumple o incluso la pervierte y la viola activamente.
Así nació y así ha sido creado otro adefesio jurídico, gestionado en el vientre legislativo de la 4T, la “ley Constitucional de Derechos Humanos y sus garantías en la Ciudad de México”.
Suena a burla que una ley tenga el adjetivo Constitucional. Basta saber que un congreso local al igual que el federal no pueden sino aprobar leyes constitucionales. Ante tanta retórica seudojurídica, los abogados nos estamos acostumbrando a tomar providencias.
Sabemos que una ley rebautizada “constitucional” puede ser cualquier cosa, menos un ordenamiento acorde con la Carta Magna.
La ley citada de la CDMX permite, que ante el incumplimiento de un arrendatario o una invasión, no se ejecute el desalojo legal de la propiedad rentada; que cualquier consecuencia de este acto corra a cargo del propietario inmobiliario; que se proteja al que incumple.
Todo indica que la cultura del no pago, alimentada recientemente con la condonación de 11000 mdp a deudores morosos de la CFE en Tabasco, seguirá creciendo. El estado de derecho continuara debilitándose, ahora con el apoyo de las autoridades y de legislaciones como la mencionada Ley.
El Articulo 60 de la citada Ley “constitucional” de Derechos Humanos otorga permiso para no ser desalojados, al señalar lo que sigue: “Para evitar que los desalojos forzosos o lanzamientos, violen, entre otros derechos, el derecho de una vivienda adecuada, podrán llevarse a cabo solo en casos excepcionales. Antes de realizarse, las personas que serán desalojadas tienen el derecho a: no ser discriminadas, que se estudien todas las demás posibilidades que permitan evitar o minimizar la necesidad de recurrir a la fuerza; la debida indemnización en caso de ser privados de bienes o sufrir pérdidas inmateriales; y contar con las personas que puedan ser objeto de un lanzamiento de su domicilio. Las autoridades deben garantizar el acuerdo realojamiento de las personas sin recursos desalojada”.
De este modo, un gobierno que dice promover los derechos humanos destruye otros igualmente fundamentales como el derecho a la propiedad para entronizar privilegios de un grupo. Se abre con ello la puerta de la permisividad o de la agresión contra el propietario de un inmueble. Es también el caso del constructor, que invierte recursos económicos para obtener una utilidad de carácter lícita, que paga impuestos y pertenece a la mayoría silenciosa de la población que trabaja y produce para mejorar su situación económica.
Entre tanta maroma, frenesí y circo mañanero este monstruito jurídico ha sido poco comentado. Su entrada en vigor y observancia equivale a extender un permiso para ocupar, invadir o no pagar renta en cualquier edificio habitacional de propiedad privada a favor de quien se declare incapaz o inconforme con pagar renta y tenga que enfrentar un desalojo judicial.
Deben existir un millón de viviendas bajo arrendamiento y un número indeterminado de propiedades invadidas.
Los derechos humanos fueron creados para defender al ciudadano de los abusos del Estado. El artículo 102 de nuestra Constitución General de la República establece que no se aplicara a los actos jurisdiccionales, por lo mismo esta ley es inconstitucional.
Por ello, que un propietario afectado por esta nueva ley no pueda gozar del derecho de rescatar su propiedad, es un paso hacia el aplastamiento de derechos fundamentales. . ¿Acaso será la Comisión de Derechos Humanos la que a pague a los propietarios afectados? ¿Serán los diputados que aprobaron esta Ley quienes asuman el impago? No, de ninguna manera, ambas instancias actúan bajo el principio de pedir se cumpla la voluntad de Dios, pero en las mulas del compadre.
Además de los propietarios de estos inmuebles están obligados a pagar el impuesto predial, el servicio de agua y el de energía eléctrica, aunque el ocupante, invasor o arrendatario no lo pague, circunstancias no tomadas en cuenta por la Ley.
Duros golpes ha recibido el sector inmobiliario, ahí si inconstitucionalmente, ya que desde agosto se ha cerrado la ventanilla gubernamental para recibir manifestaciones de construcción y se han clausurado mas de cien obras privadas, lo que ha originado más de 100 mil desempleados en esta ciudad, un descenso en la venta del cemento del 35% e incalculables pérdidas a industrias que dependen de la construcción.
Sería insensato acostumbrarnos a considerar como algo normal el ser habitantes de una ciudad en la que las autoridades suelen reconocer tarde y mal sus enormes responsabilidades. Si hay algún margen para alertar e impedir la aplicación de esa nueva ocurrencia irresponsable en materia inmobiliaria, no será desde el silencio o la distracción que ofrecen otras pistas del mismo y frenético circo en el que México se encuentra metido”.
Abundando en la información, a nivel nacional, se proporcionan estos datos fríos:
2.- Ni que fuésemos comunistas ¿o sí? Ayer Rubén Cortés en su Canela Fina, retoma lo que el martes firmó el colaborador del Universal, el licenciado y Notario Público, Ignacio Morales Lechuga, de quien insertamos hoy el artículo que da pie a muchos comentarios, sobre todo en la ciudad de México, jurisdicción donde se aplicará este guadañazo a un sector de la población, sin mayor defensa.
Esto se apunta en Contraréplica: “---Es oficial. Se publicó el 8 de febrero en la Gaceta Oficial de la CDMX: si usted posee un departamento, lo renta y el inquilino decide no pagarle, pues usted no podrá exigir el desalojo legal de su departamento, ya que la ley protege al que incumple el pago de la renta. Sí… desde el 8 de febrero.
O sea: no habrá desalojos en la CDMX en ningún caso, ni en situaciones de invasiones de predios ni ante el no pago de alquiler. El Congreso capitalino legalizó el derecho a invadir y el derecho a no pagar renta. Por lo tanto, la propiedad privada corre peligro en la capital de México.
Se especifica en el artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus garantías de la CDMX, y la única ayuda al propietario es establecer que “se deberá buscar la mediación para evitar la fuerza, ya que se debe atender el derecho a la vivienda que tienen los ciudadanos”.
En México ya no vale el precepto de “a cada quien, según su trabajo, a cada quien, según su capacidad”. El precepto que vale hoy en México es “a cada quien según su necesidad”. Más aún: las personas a desalojar deben de ser indemnizadas por el propietario del inmueble... si logra desalojarlos.
Aunque esta ley tampoco es una creación original de la 4T en la CDMX.
Viene de los postulados del partido populista de extrema izquierda “Podemos”, creado en España con financiamiento de la Venezuela chavista, y que se conoce como “ley de la patada en la puerta”.
Pablo Iglesias, el líder de “Podemos”, la denomina “expropiación directa” y consiste en que quienes no posean casa propia puedan dar una patada a la puerta y quedarse con el inmueble cuyos dueños no lo ocupen porque no les da la gana, o porque no hayan podido rentarlo durante un año.
Por cierto, Pablo Iglesias se compró un chalet en Galapagar, afueras de Madrid, en 700 mil dólares: una extensión de 260 metros cuadrados habitables, incluida una casa de invitados y dos mil metros de jardín y alberca, además de un Audi de 100 mil euros en el estacionamiento.
Mientras, la “ley de la patada en la puerta”, versión chilanga, atenta contra el derecho de recuperación de propiedad, el derecho de recuperación al comodato, al arrendamiento y al derecho real a la propiedad y a la posesión de lo que es tuyo.
Recordemos que, en 2016, el GDF intentó cobrar un nuevo impuesto por vender propiedades con la que se hubieran beneficiado por reparación de calles aledañas y alumbrado público: pero se echó atrás.
En cambio, esta ley de la patada en la puerta en la CDMX…”
3.- Entre las cosas buenas de las que da nota elcalorpolítico, está la información que sale del Centro SCT Veracruz, a cargo de José Adalberto Vega Regalado, y a que se refiere el Presidente de la Asociación de Constructores del Estado de Veracruz, ACEVAC por sus siglas, relativa a que se sigue trabajando en dos tramos que mucho importan para la región norte del Estado [tan abandonado desde siempre] como lo son: El tramo de Laguna Verde a Gutiérrez Zamora (debe ser a Nautla) con 129 kilómetros de longitud, y 106 kilómetros de Tuxpan a Ozuluama (cuyo tramo Tuxpan-Naranjos ya está en uso).
Pero en fín: Lo importante es que los trabajos continúen, como en más de una ocasión lo ha afirmado el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Que las obras carreteras ya iniciadas, se concluirán en el menor tiempo posible.
P.D.- Por si no lo sabía: Pablo Iglesias, es el líder del partido populista de extrema izquierda, “Podemos” en España….