Un personaje clave en la Fiscalía General de la República, para el grupo de poder del ex gobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares, era Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, quien hasta el pasado lunes despachó como subprocurador Especializado en Investigación de Delitos Federales de la FGR.
 
Muñoz Vázquez, como ya se ha dicho, es incondicional de Humberto Castillejos Cervantes, quien como consejero jurídico de la Presidencia de la República buscó controlar áreas sensibles no sólo en el gobierno anterior sino también en el de la Cuarta Transformación, principalmente en la Fiscalía y en la Suprema Corte, donde tendrían que iniciarse y determinarse las inminentes denuncias por el brutal saqueo del sexenio de Enrique Peña Nieto.
 
En octubre de 2016, cuando en un acto desesperado para evitar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le anulara su triunfo, Yunes amenazó con “cimbrar al país” amagando con revelar información sobre la corrupción que –aseguró– de Veracruz llegaba hasta las altas esferas de poder de la Ciudad de México. El que habría operado para amordazar al ex candidato de la alianza PAN-PRD habría sido Castillejos.
 

Por eso Yunes fue recibido en la residencia oficial de Los Pinos por el presidente Peña Nieto y apoyado financieramente para que pudiera cumplir con el pago de sueldos, aguinaldos, pensiones al inicio de su administración, mientras que el gobernador saliente, Javier Duarte, había sido obligado a separarse del cargo 49 días antes de que concluyera su sexenio, dándose a la fuga en cuanto le dieron línea a la PGR para perseguirlo.
 
Yunes, quien jamás se atrevió a exhibir su información que “cimbraría” a México, se quedó acostumbrado a este tipo de acuerdos bajo la mesa que imperaron y fomentaron la corrupción e impunidad en los gobiernos del PRI y PAN.
 
Sin embargo, ha trascendido que ahora el fiscal del gobierno de la Cuarta Transformación, Alejandro Gertz Manero, está revisando las actuaciones del pasado y limpiando la casa de abajo hasta donde llegue arriba, con la instrucción presidencial de consignar, sea quien sea.
 

Y casualmente, uno de los que estaría en la mira sería el ex subprocurador Muñoz Vázquez, a quien le imputan no solamente haber retrasado y omitido diligencias sino que también habría dejado prescribir casos y archivado expedientes que no debía. Para colmo, la semana pasada fueron acusados cinco policías investigadores por secuestro, los cuales estaban adscritos a la unidad de su Subprocuraduría.
 
¿Habrá sido mera coincidencia que a principios de mayo, mientras en la Delegación de la Fiscalía General de la República en Veracruz el fiscal yunista Jorge Winckler era denunciado penalmente por los secretarios de Seguridad Pública y de Gobierno, Hugo Gutiérrez Maldonado y Eric Cisneros, por “esconder” más de 150 órdenes de aprehensión contra delincuentes de alto impacto, ese mismo día el titular de la FGE emitió un comunicado para presumir que estaba reunido en la Ciudad de México con Muñoz Vázquez dizque para analizar los avances en las investigaciones “de algunos casos que han lastimado y atentado contra los veracruzanos”, así como indagatorias contra ex funcionarios públicos?
 
Pero en política, según dictaba el manual de los viejos ex gobernantes, no existen las coincidencias.