26 de julio de 2019
alcalorpolitico.com
1.- Pero eso querían: Convertir a la antigua capital mexicana [Distrito Federal] en una entidad más de la República: Tener su propio Congreso; su poder judicial y el equivalente de gobernador [a]. Eso tienen hoy y por eso han soltado los demonios de la ociosidad.
Ya en alguna ocasión el licenciado Ignacio Morales Lechuga alertó sobre una ley prácticamente confiscatoria para quienes arriendan propiedades que, en última instancia, puedan quedar en poder de los arrendatarios.
Hoy, nuevamente Morales Lechuga alerta en el Universal: “…CDMX: Intento de Confiscación.
¿Qué se puede decir de un proyecto de ley que no busca la justicia, sino dotar a las autoridades de la CDMX de “legalidad” aparente para confiscar todo tipo de bienes inmuebles?
No hay tremendismo alguno en esta denuncia y alerta, la segunda en menos de 200 días, contra otro proyecto legislativo contrario no sólo a la Constitución (en sus artículos 1, 14, 16, 22, 73 entre otros), sino que --de ser aprobada y promulgada-- puede llevar al “infractor” (no delincuente) a que le clausuren cualquier obra en su casa, departamento, comercio o local, sin poder seguir habitándolo, construyendo o funcionando, aun si la autoridad comete un atropello o incurre en error. La propiedad habrá pasado en favor del gobierno mediante un procedimiento simple: la extinción de dominio, que puede aplicarse sin que exista delito.
El que quebrante o le quebranten un sello de clausura, será tratado como delincuente de crimen organizado, enfrentando penalidades entre 2 y 8 años de prisión y de 5 a 12 años, si se afectan barrancas, áreas verdes, suelos de conservación etc.
El artículo 4 Bis de la iniciativa de Ley de Extinción de Dominio de la CDMX, se propone como sigue: “La extinción de dominio procederá sobre bienes inmuebles en los que se cometa el delito de quebrantamiento de sellos, sin perjuicio de que solamente una parte del bien inmueble haya sido objeto de ampliación, modificación, construcción, demolición, explotación o uso. En el caso de quebrantamiento de sellos de anuncios, la extinción de dominio procederá sobre el inmueble en el que se encuentre instalado o sportado (sic) el anuncio”.
La redacción es contundente. Todos somos víctimas potenciales de esta iniciativa por cualquier infracción cierta o falsa de reglamentos. Es una forma de relación confiscatoria de las autoridades con los habitantes. Obligaría a volvernos custodios de los sellos oficiales o inspectores de los inquilinos sin tener facultades para ello.
El obús legislativo parece estar dirigido a desarrolladores. Pero si el arrendatario de un inmueble infringe algún reglamento, el propietario o arrendador será sujeto a sancionar y perderá incluso la propiedad. Así está redactada la iniciativa claramente inconstitucional y confiscatoria. La extinción de dominio es una medida extrema prevista en sus orígenes para enfrentar casos o situaciones criminales extremas propias de la delincuencia organizada. A partir de 2009 se extendieron sus alcances a muchos otros delitos haciendo posible la afectación de todos los bienes.
La autoridad de la CDMX considera que es correcto, justo, y proporcional a la falta, sancionar con extinción de dominio y cárcel la destrucción de sellos en las construcciones. Eso, en una ciudad donde grafiteros, provocadores, inspectores, competidores comerciales o el efecto de la lluvia o el tránsito peatonal pueden dañarlos o incluso retirarlos. Así de grave es este nuevo proyecto que propone se utilice una ley de excepción contra particulares que incurran en violaciones de reglamentos en la CDMX.
Los ciudadanos agradeceríamos más una iniciativa que castigue a los políticos corruptos que cometen o intentan cometer desmanes con el uso del presupuesto público y no que sigan enderezando sus baterías contra los ciudadanos. Abundan políticos que disfrutan de patrimonios ajenos al trabajo y que son producto de la corrupción, políticos que nunca han trabajado y viven como reyes.
Que los diputados revisen la cantidad de clausuras arbitrarias o suspensiones que por motivo de corrupción generan y aplican las alcaldías, el Invea, la Procuraduría Ambiental y de Ordenación Territorial basadas en la exigencia de documentos que no son necesarios según la propia ley, o por otras formas del abuso como las clausuras sin respetar las formas del debido proceso. Que se aplique también la ley por desviar de esos modos el ejercicio de la autoridad. Seguramente la ciudadanía aplaudirá esas medidas.
Esta Ley no anda en busca de la justicia, sino en busca de víctimas a quienes decomisar o expropiar sus inmuebles. Es tiempo aún para evitar otra nueva desmesura…”
2.- Pero no todo esto acaba allí: Les viene otra tormenta como si fuera un “fuerte toletazo” beisbolero que manda la pelota por encima de cualquier barda, así sea constitucional: “…En puerta, otro golpe a la propiedad privada.-Uso de Razón.- Pablo Hiriart.-
Esta vez se trata del proyecto de Ley de Extinción de Dominio, presentado por los alcaldes Layda Sansores y Víctor Hugo Romo, que establece la expropiación de los inmuebles donde se violen sellos de clausura en una obra, además de cárcel para el propietario.
El día 2 de este mes los alcaldes de Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo presentaron al Congreso de la Ciudad de México el proyecto de Ley de Extinción de Dominio, que en su artículo 4 bis dice textualmente:
“La extinción de dominio procederá sobre bienes inmuebles en los que se cometa el delito de quebrantamiento de sellos, sin perjuicio de que solamente una parte del bien inmueble haya sido objeto de ampliación, modificación, construcción, demolición, explotación o uso. En el caso de quebrantamiento de sellos de anuncios, la extinción de dominio procederá sobre el inmueble en que se encuentre instalado o soportado el anuncio”.
El proyecto de Ley señala que el quebrantamiento de los sellos de clausura, además de la expropiación del inmueble, será tratado como un acto de delincuencia organizada y la pena será de entre seis y diez años de cárcel (El Financiero, 2 de julio).
De aprobarse esta iniciativa de los alcaldes de Morena, cualquier rotura del sello de clausura a una obra permitirá que el gobierno se quede con la propiedad.
En el fondo, por lo que dice el ordenamiento en trámite en el Congreso capitalino, de lo que se trata es de expropiar inmuebles con el pretexto de la rotura de un sello.
Van ejemplos: si usted es dueño de una panadería y está haciendo una mejora o ampliación, pero es clausurada por falta de algún papel, si la lluvia o un vecino maloso le desprende el sello, pierde la panadería.
Ese bien, en virtud de la Ley de Extinción de Dominio presentada por los alcaldes Sansores y Romo, pasará a ser propiedad del Gobierno de la Ciudad de México.
O si es constructor de casas habitación, su competidor en esa rama le puede arrancar los sellos y así lo saca de la competencia: le quitan las casas y lo meten a la cárcel.
Ese destacado Procurador General de la República que fue Ignacio Morales Lechuga, ha vuelto a dar la voz de alerta sobre este caso como una violación al derecho a la propiedad privada.
Más que eso, según expuso ayer en su artículo “CDMX: otro intento de confiscación” (El Universal), el ex procurador explica que se viola la Constitución en sus artículos 1, 14, 16, 22, 73, entre otros.
De aprobarse esta ley –algo muy posible, pues Morena tiene mayoría en el Congreso capitalino–, los inspectores se convertirán en comisarios facultados para confiscar propiedad privada: su acta será suficiente para que un ciudadano sea despojado de su casa, su negocio o departamento.
Un error de la autoridad, un aguacero o una mala acción de un tercero, provocará que se ejecute el acto de confiscación.
Peor aún ahora que la construcción en la CDMX está completamente parada: ¿a cuánto va a subir el moche para que el inspector no señale a una casa o edificio como sitio donde se violaron los sellos?
La mayoría de los inspectores son honestos, lo sabemos, pero ¿y los otros?
Esta maniobra de corte estatista y confiscatoria que impulsan los alcaldes de Morena, es consistente con otros ordenamientos legales que ese partido ha emitido en contra de la propiedad privada.
La anterior embestida fue con ocasión de la Ley de Derechos Humanos en la CDMX, que prohibía los lanzamientos en la capital del país, aun cuando se comprobara que el inquilino se negaba reiteradamente a pagar la renta.
Tuvieron que echar abajo esa Ley, ante la presión pública que originó tal atentado a la propiedad privada.
Era, también, un incentivo a las invasiones, pues establecía que en el caso extremo de que un arrendatario tuviera que desalojar una vivienda (tras largos años de juicio), el gobierno se obligaba a proporcionarle otra, confortable y cerca del lugar donde se perpetró el abuso.
Como se ve, el aliento estatista y confiscatorio de Morena está muy presente en la capital del país.
La realidad es que hoy se tramita en el Congreso local una Ley que despojaría de sus bienes inmuebles a un ciudadano o a una empresa, por la voluntad de un inspector, un accidente, un error de la autoridad o el simple acto (ruptura de un sello) de un maloso o grupo de interés.
Por lo visto, en la Ciudad de México no se puede bajar la guardia ante la inercia confiscatoria de Morena…”
3.- Los habitantes de la antigua Metrópoli, hoy más que eso, no deseaban ese tipo de gobierno, pero lo consentían y ahora tendrán que hacer valer sus derechos, a riesgo de que algunos de sus habitantes pierdan lo que con esfuerzo han logrado a lo largo de su vida.
Las alertas están sonando.
4.- Día cargado de muchas cosas, como esta: “Tras refrendar que está en contra de la reelección y que sólo dudará en el cargo "el tiempo que el pueblo quiera", el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó ante notario público el documento por el que se compromete a no reelegirse.
López Obrador aseguró que su compromiso es la no reelección y la no corrupción, por lo que para la tranquilidad de los conservadores, en eso no hay cambio: “es sufragio efectivo no reelección y no corrupción”.
“No solo estoy en contra de la reelección, sino que estoy proponiendo la revocación de mandato, eso, si hace falta también se certificará ante notario público”, indicó el jefe del Ejecutivo en su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.
Al respecto, acusó que los conservadores no han querido aprobar la iniciativa de revocación de mandato que él envió al Congreso, así como la referente a la eliminación de fuero al presidente y a funcionarios públicos, y la de reforma al artículo 35 constitucional para facilitar la celebración de consultas ciudadanas, por lo que confió en que pronto las avalen.
“Voy a durar el tiempo que el pueblo quiera, no me voy a aferrar a la Presidencia (de la República)”, expresó López Obrador y agregó que no dejará pasar nada a los conservadores, “no les voy a dar el gusto que me comparen con sus ídolos, nosotros tenemos un pensamiento libertario y democrático”. El Economista
Ya en alguna ocasión el licenciado Ignacio Morales Lechuga alertó sobre una ley prácticamente confiscatoria para quienes arriendan propiedades que, en última instancia, puedan quedar en poder de los arrendatarios.
Hoy, nuevamente Morales Lechuga alerta en el Universal: “…CDMX: Intento de Confiscación.
¿Qué se puede decir de un proyecto de ley que no busca la justicia, sino dotar a las autoridades de la CDMX de “legalidad” aparente para confiscar todo tipo de bienes inmuebles?
No hay tremendismo alguno en esta denuncia y alerta, la segunda en menos de 200 días, contra otro proyecto legislativo contrario no sólo a la Constitución (en sus artículos 1, 14, 16, 22, 73 entre otros), sino que --de ser aprobada y promulgada-- puede llevar al “infractor” (no delincuente) a que le clausuren cualquier obra en su casa, departamento, comercio o local, sin poder seguir habitándolo, construyendo o funcionando, aun si la autoridad comete un atropello o incurre en error. La propiedad habrá pasado en favor del gobierno mediante un procedimiento simple: la extinción de dominio, que puede aplicarse sin que exista delito.
El que quebrante o le quebranten un sello de clausura, será tratado como delincuente de crimen organizado, enfrentando penalidades entre 2 y 8 años de prisión y de 5 a 12 años, si se afectan barrancas, áreas verdes, suelos de conservación etc.
El artículo 4 Bis de la iniciativa de Ley de Extinción de Dominio de la CDMX, se propone como sigue: “La extinción de dominio procederá sobre bienes inmuebles en los que se cometa el delito de quebrantamiento de sellos, sin perjuicio de que solamente una parte del bien inmueble haya sido objeto de ampliación, modificación, construcción, demolición, explotación o uso. En el caso de quebrantamiento de sellos de anuncios, la extinción de dominio procederá sobre el inmueble en el que se encuentre instalado o sportado (sic) el anuncio”.
La redacción es contundente. Todos somos víctimas potenciales de esta iniciativa por cualquier infracción cierta o falsa de reglamentos. Es una forma de relación confiscatoria de las autoridades con los habitantes. Obligaría a volvernos custodios de los sellos oficiales o inspectores de los inquilinos sin tener facultades para ello.
El obús legislativo parece estar dirigido a desarrolladores. Pero si el arrendatario de un inmueble infringe algún reglamento, el propietario o arrendador será sujeto a sancionar y perderá incluso la propiedad. Así está redactada la iniciativa claramente inconstitucional y confiscatoria. La extinción de dominio es una medida extrema prevista en sus orígenes para enfrentar casos o situaciones criminales extremas propias de la delincuencia organizada. A partir de 2009 se extendieron sus alcances a muchos otros delitos haciendo posible la afectación de todos los bienes.
La autoridad de la CDMX considera que es correcto, justo, y proporcional a la falta, sancionar con extinción de dominio y cárcel la destrucción de sellos en las construcciones. Eso, en una ciudad donde grafiteros, provocadores, inspectores, competidores comerciales o el efecto de la lluvia o el tránsito peatonal pueden dañarlos o incluso retirarlos. Así de grave es este nuevo proyecto que propone se utilice una ley de excepción contra particulares que incurran en violaciones de reglamentos en la CDMX.
Los ciudadanos agradeceríamos más una iniciativa que castigue a los políticos corruptos que cometen o intentan cometer desmanes con el uso del presupuesto público y no que sigan enderezando sus baterías contra los ciudadanos. Abundan políticos que disfrutan de patrimonios ajenos al trabajo y que son producto de la corrupción, políticos que nunca han trabajado y viven como reyes.
Que los diputados revisen la cantidad de clausuras arbitrarias o suspensiones que por motivo de corrupción generan y aplican las alcaldías, el Invea, la Procuraduría Ambiental y de Ordenación Territorial basadas en la exigencia de documentos que no son necesarios según la propia ley, o por otras formas del abuso como las clausuras sin respetar las formas del debido proceso. Que se aplique también la ley por desviar de esos modos el ejercicio de la autoridad. Seguramente la ciudadanía aplaudirá esas medidas.
Esta Ley no anda en busca de la justicia, sino en busca de víctimas a quienes decomisar o expropiar sus inmuebles. Es tiempo aún para evitar otra nueva desmesura…”
2.- Pero no todo esto acaba allí: Les viene otra tormenta como si fuera un “fuerte toletazo” beisbolero que manda la pelota por encima de cualquier barda, así sea constitucional: “…En puerta, otro golpe a la propiedad privada.-Uso de Razón.- Pablo Hiriart.-
Esta vez se trata del proyecto de Ley de Extinción de Dominio, presentado por los alcaldes Layda Sansores y Víctor Hugo Romo, que establece la expropiación de los inmuebles donde se violen sellos de clausura en una obra, además de cárcel para el propietario.
El día 2 de este mes los alcaldes de Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo presentaron al Congreso de la Ciudad de México el proyecto de Ley de Extinción de Dominio, que en su artículo 4 bis dice textualmente:
“La extinción de dominio procederá sobre bienes inmuebles en los que se cometa el delito de quebrantamiento de sellos, sin perjuicio de que solamente una parte del bien inmueble haya sido objeto de ampliación, modificación, construcción, demolición, explotación o uso. En el caso de quebrantamiento de sellos de anuncios, la extinción de dominio procederá sobre el inmueble en que se encuentre instalado o soportado el anuncio”.
El proyecto de Ley señala que el quebrantamiento de los sellos de clausura, además de la expropiación del inmueble, será tratado como un acto de delincuencia organizada y la pena será de entre seis y diez años de cárcel (El Financiero, 2 de julio).
De aprobarse esta iniciativa de los alcaldes de Morena, cualquier rotura del sello de clausura a una obra permitirá que el gobierno se quede con la propiedad.
En el fondo, por lo que dice el ordenamiento en trámite en el Congreso capitalino, de lo que se trata es de expropiar inmuebles con el pretexto de la rotura de un sello.
Van ejemplos: si usted es dueño de una panadería y está haciendo una mejora o ampliación, pero es clausurada por falta de algún papel, si la lluvia o un vecino maloso le desprende el sello, pierde la panadería.
Ese bien, en virtud de la Ley de Extinción de Dominio presentada por los alcaldes Sansores y Romo, pasará a ser propiedad del Gobierno de la Ciudad de México.
O si es constructor de casas habitación, su competidor en esa rama le puede arrancar los sellos y así lo saca de la competencia: le quitan las casas y lo meten a la cárcel.
Ese destacado Procurador General de la República que fue Ignacio Morales Lechuga, ha vuelto a dar la voz de alerta sobre este caso como una violación al derecho a la propiedad privada.
Más que eso, según expuso ayer en su artículo “CDMX: otro intento de confiscación” (El Universal), el ex procurador explica que se viola la Constitución en sus artículos 1, 14, 16, 22, 73, entre otros.
De aprobarse esta ley –algo muy posible, pues Morena tiene mayoría en el Congreso capitalino–, los inspectores se convertirán en comisarios facultados para confiscar propiedad privada: su acta será suficiente para que un ciudadano sea despojado de su casa, su negocio o departamento.
Un error de la autoridad, un aguacero o una mala acción de un tercero, provocará que se ejecute el acto de confiscación.
Peor aún ahora que la construcción en la CDMX está completamente parada: ¿a cuánto va a subir el moche para que el inspector no señale a una casa o edificio como sitio donde se violaron los sellos?
La mayoría de los inspectores son honestos, lo sabemos, pero ¿y los otros?
Esta maniobra de corte estatista y confiscatoria que impulsan los alcaldes de Morena, es consistente con otros ordenamientos legales que ese partido ha emitido en contra de la propiedad privada.
La anterior embestida fue con ocasión de la Ley de Derechos Humanos en la CDMX, que prohibía los lanzamientos en la capital del país, aun cuando se comprobara que el inquilino se negaba reiteradamente a pagar la renta.
Tuvieron que echar abajo esa Ley, ante la presión pública que originó tal atentado a la propiedad privada.
Era, también, un incentivo a las invasiones, pues establecía que en el caso extremo de que un arrendatario tuviera que desalojar una vivienda (tras largos años de juicio), el gobierno se obligaba a proporcionarle otra, confortable y cerca del lugar donde se perpetró el abuso.
Como se ve, el aliento estatista y confiscatorio de Morena está muy presente en la capital del país.
La realidad es que hoy se tramita en el Congreso local una Ley que despojaría de sus bienes inmuebles a un ciudadano o a una empresa, por la voluntad de un inspector, un accidente, un error de la autoridad o el simple acto (ruptura de un sello) de un maloso o grupo de interés.
Por lo visto, en la Ciudad de México no se puede bajar la guardia ante la inercia confiscatoria de Morena…”
3.- Los habitantes de la antigua Metrópoli, hoy más que eso, no deseaban ese tipo de gobierno, pero lo consentían y ahora tendrán que hacer valer sus derechos, a riesgo de que algunos de sus habitantes pierdan lo que con esfuerzo han logrado a lo largo de su vida.
Las alertas están sonando.
4.- Día cargado de muchas cosas, como esta: “Tras refrendar que está en contra de la reelección y que sólo dudará en el cargo "el tiempo que el pueblo quiera", el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó ante notario público el documento por el que se compromete a no reelegirse.
López Obrador aseguró que su compromiso es la no reelección y la no corrupción, por lo que para la tranquilidad de los conservadores, en eso no hay cambio: “es sufragio efectivo no reelección y no corrupción”.
“No solo estoy en contra de la reelección, sino que estoy proponiendo la revocación de mandato, eso, si hace falta también se certificará ante notario público”, indicó el jefe del Ejecutivo en su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.
Al respecto, acusó que los conservadores no han querido aprobar la iniciativa de revocación de mandato que él envió al Congreso, así como la referente a la eliminación de fuero al presidente y a funcionarios públicos, y la de reforma al artículo 35 constitucional para facilitar la celebración de consultas ciudadanas, por lo que confió en que pronto las avalen.
“Voy a durar el tiempo que el pueblo quiera, no me voy a aferrar a la Presidencia (de la República)”, expresó López Obrador y agregó que no dejará pasar nada a los conservadores, “no les voy a dar el gusto que me comparen con sus ídolos, nosotros tenemos un pensamiento libertario y democrático”. El Economista