Sobre el Presidente de la República es difícil enderezar directamente una crítica colectiva sobre su gobierno, no es el hombre ni el gobernante perfecto, pero su estilo y su intachable conducta moral lo hacen inatacable.
 
No así a sus compañeros de viaje de los cuales, los buenos no se ven y solo lucen los bandoleros de la política que, escudados en el prestigio y en la fuerza del líder, cometen o intentan cometer una serie de aberrantes tropelías en contra de la Constitución y de las leyes generales que, con sus reformas y sus acciones, tal pareciera pretenden romper el marco jurídico del Estado de Derecho al cual culturalmente estamos acostumbrados.
 
Dentro de su partido destaca el tramposo golpe de estado instrumentado por Ricardo Monreal para destituir y cambiar a Martí Batres de la Presidencia del Senado, sin cuidar las formas y el procedimiento, lo que trasluce la presencia en Morena de una mafiosa corriente ambiciosa de poder dispuesta a pasar por encima de sus mismos compañeros para lograr sus objetivos.
 

Golpea la conciencia nacional deseosa de que se hagan las cosas bien, con limpieza y con altura, que nos haga sentir que estamos ya en un régimen en donde se han desterrado las malas costumbres impositivas y mañosas al margen de la ley, acciones como la intentona de modificar la ley, el decreto anticonstitucional para establecer una ilegal prórroga de mandato para satisfacer las ansias de poder de un Gobernador insaciable allá en Baja California, a quien no le interesa patear el sistema jurídico nacional y violar los principios fundamentales de la democracia, lo más grave es que en esta rebatiña se atribuya al morenista Subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, de quien se dice repartió millones de dólares para sobornar la voluntad de diputados de todos los partidos que no resistieron los cañonazos, de ser cierto habría que investigar de dónde provino la orden y de dónde provino el dinero, que se puede asegurar no salió de las arcas públicas porque el Presidente es incapaz de ordenar que el dinero que con tanto esmero ahorra y cuida se gaste para cumplir estúpidos caprichos.
 
Lo mismo debe de hacerse en Veracruz, en donde se habló de millonarios sobornos a los diputados locales para comprar su voto oponiéndose a que en la sesión camaral de juicio político contra el exfiscal Jorge Winkler, fuera declarada la procedencia para su destitución, cuando menos los veracruzanos tenemos derecho a saber qué fue lo que pasó, porque siendo un reclamo público generalizado y habiendo señalamiento tan grave, los diputados nos merecen una explicación del por qué el voto en contra y la nueva fiscal Verónica Hernández, debe de investigar y si tienen alguna responsabilidad por corrupción aplicar todo el peso de la ley. También nos preguntamos de dónde vino el supuesto dinero, porque quizás detrás de esta maniobra esté la presencia de un peligroso cartel ávido de protección por parte del que se fue o si el mismo fiscal los sobornó.
 
Si todos los funcionarios públicos, morenistas o no, se colocaran en la misma línea de acción y en las directrices del Presidente de la República no sucederían las conductas propias de los políticos cavernarios que, desde su coto de poder, escandalizan y espantan a quienes confiados en la honestidad y en la legalidad viven, trabajan e invierten en este país confiados en la justicia plena que en caso necesario les impartirá el estado a través de sus órganos administrativos y judiciales.
 

Pero la aplicación selectiva de la ley, con tintes persecutorios y políticos, distorsiona su sentido y aterra con un “dios me libre de caer en sus manos”, cuando al más alto nivel jueces y fiscales se coluden para hundir por consigna a sus adversarios, a quienes cobran viejas y nuevas facturas por agravios personales a miembros de la tribu a la que hay que proteger y la que tiene que mostrar a lo que se debe de atener cada ciudadano que se atreva a meterse con ellos. Tal es el caso del indebido proceso que se sigue en contra de Rosario Robles, a quien para negarle el supremo derecho constitucional de la presunción de inocencia y el derecho de enfrentar su proceso en libertad, el Fiscal le inventa una licencia hechiza que nunca se solicitó, que nunca se firmó por la interesada, que nunca se validó su existencia en la plataforma de control de estos documentos, pero el Juez Delgadillo Padierna, de pura sangre arribista a Morena, esmerado en quedar bien y en búsqueda desesperada de nuevo amo, la dio por válida para mandar a las cloacas a la ex funcionaria peñista, ensañándose y dictando en contra de la inculpada escandalosas medidas atrabiliarias para mantenerla expuesta al escarnio público.
 
Estos bichos oficiosos con sus dislates, carcomen las bases místicas y de valores de nuestro Presidente, pues hasta Juan de los Palotes piensa que las órdenes para esos salvajismos y atropellos provienen del Presidente, ensuciando con ello la gigantesca tarea de desfacer ofensivos entuertos que acomete éste desde hace lustros, lo que finalizará siendo para el común de la gente un paraíso del derecho, en donde todos tengan la misma posibilidad de recibir la justicia igualitaria, por lo pronto, la exfuncionaria ya es culpable, pues en sus enfermizas ansias para muestrearla como corrupta, a la que se deben de sumar todas las voces oficiales, la Secretaria de la Función Pública ya la juzgo culpable y la inhabilito para el servicio público por 10 años.
 
Sobre este tema, cuando se habla del caso Veracruz en cuanto al nombramiento y substitución del Fiscal General, se debe de pensar y de actuar con cautela, ejercicio que no está haciendo el Partido de Acción Nacional al promover de manera temeraria la remoción del Gobernador, Cuitláhuac García, resentidos y motivados más que por una supuesta violación a la Constitución local, por la remoción del fiscal Winckler a quien desde la Cámara local han pretendido sostener a costa de lo que sea, pero su actitud no corresponde a los hechos, puesto que el Gobernador no fue quien acordó nada sobre la acertada acción del Congreso local, ya que fue este poder independiente quien en una positiva interpretación de la Ley y en uso de las facultades que le otorga la Constitución local para el cumplimiento de sus funciones, acordó la suspensión del Fiscal otorgándole un término de 60 días para renovar la certificación y acreditar los exámenes de confianza.
 

La postura en sí misma no tiene el fin de remover al Gobernador, más que nada es una acción publicitaria que pretende desacreditar las instituciones veracruzanas, porque saben de antemano que es una iniciativa que nace muerta. Con qué fuerza en el Senado lograrían los panistas una votación suficiente para lograr someterlo a juicio político, ellos lo saben muy bien, eso sí, sus sesgadas argumentaciones dañan la imagen de trabajo seguro y prudente que está realizando el Gobernador en Veracruz.
 
El Congreso local está pasando bien la prueba de fuego, superando los obstáculos que dificultan el avance legislativo por los múltiples intereses individualistas que representan sus integrantes y pronto enfrentarán un nuevo escándalo con el próximo nombramiento del nuevo titular del Órgano de Fiscalización Superior, cuyos aspirantes todos profesionistas, muy capaces y honorables manifiestan un desmedido interés por vigilar el honrado manejo de los recursos públicos, como si de ello dependiera su tranquilidad de conciencia al contribuir con Veracruz en esta noble tarea, malo sería que detrás de ese velo se escondiera la maléfica idea de administrar el jugoso negocio de maquillar números y justificar los desvíos a cambio de suculentas tajadas. Pero el Congreso habrá de revisar meticulosamente el currículo y los antecedentes de cada uno y más aun, deberá de investigar cuál es el interés de importantes personajes del estado y de la federación que apadrinan a los postulantes.
 
Al Congreso debe de importarle que el ciudadano que elijan sea una persona comprometida con la honestidad y con Veracruz, su actual titular es un hombre que tiene fama de ser honrado y eficiente, pero da la impresión de que su ciclo ya terminó, él sirvió muy bien a un sistema que funcionaba con un mecanismo diferente, que sirvió muy bien al gobierno de Javier Duarte, mientras estuvo Duarte, pero cuando este terminó, fue el primero en correr a informarle al licenciado Miguel Ángel Yunes de las anomalías financieras, si bien es cierto que ya había deslizado tibias notas informativas al Contralor General de la República, lo mismo hizo cuando ascendió el ingeniero Cuitláhuac García al gobierno, también llegó hábilmente con sus carpetas delatoras de los posibles deslices de Miguel Ángel, pero finalmente han sido señalamientos que no han resistido el análisis riguroso profesional e independiente de los defensores de ambos, la prueba es que no ha habido repercusiones penales ni devolución de los supuestos dineros desviados, ni tampoco de presidentes municipales, síndicos o tesoreros en la misma situación, aunque este puede ser un juicio perverso, porque pensando sanamente y concatenando imágenes el que escribe podría o debería afirmar que esto también es evidencia de que los gobiernos estatales y municipales de Veracruz son ejemplo de honradez administrativa.
 

En fin, que de todo hay en la viña del señor, pero el que manda no permitirá que las frutas podridas echen a perder a las demás, antes ya lo dijo, los abandonará para reconstruir con una camada de nuevos personajes un equipo de trabajo que lo siga, lo apoye, lo interprete y lo emule en su programa cercano al pueblo, para quien privilegia su pasión por servir y quien lo acompaña y defiende por encima de toda crítica o denuesto en la construcción de este México nuevo. Por el bien de la causa.
 
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