23 de septiembre de 2019
alcalorpolitico.com
La orden de aprehensión concedida este sábado 21 por un juez local al Fiscal Adscrito a la Unidad Integral de Procuración de Justicia, Manuel Medel Hernández, para detener al ex titular de la Fiscalía General del Estado, Jorge Winckler, y a cinco subalternos más acusados del presunto delito de privación de la libertad en su modalidad de secuestro en agravio de la víctima identificada solo por sus iniciales “F.Z.A.”, está vinculada a la detención y retención arbitraria de Francisco Zárate Aviña, el jefe de escoltas del ex fiscal duartista Luis Ángel Bravo Contreras; pero no es el único caso que estaría por imputárseles a Winckler, a su fiscal Anticorrupción, Marcos Even Torres, y al fiscal regional de Xalapa, Luis Eduardo Coronel Gamboa.
Y es que, como se recordará, el 6 de mayo pasado, una vez concluida la investigación de los hechos que motivaron el Expediente número CEDH-3VG-DAP-0391-2018, la Tercera Visitaduría General de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz formuló la Recomendación 25/2019 dirigida principalmente a la Fiscalía General del Estado, a cargo de Winckler –aunque también incluyó a la Secretaría de Seguridad Pública, por depender de ésta la administración del reclusorio de Pacho Viejo– “en carácter de responsables” por los “actos de tortura y otros tratos crueles inhumanos y degradantes cometidos en perjuicio” de Gilberto Aguirre Garza, ex titular de Servicios Periciales de la Fiscalía, a quien según la recomendación del organismo autónomo, le fueron violados sus derechos humanos “a la integridad personal en su modalidad de tortura física y psicológica”, y el del “debido proceso”.
La CEDHV determinó entonces la existencia de elementos suficientes para que al fiscal Winckler se le acreditara responsabilidad en casos de tortura.
La investigación corroboró que durante las madrugadas de abril y mayo del 2018, Luis Eduardo Coronel Gamboa, en aquel momento Fiscal Especializado para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas, ingresó personalmente al penal de Pacho Viejo sin dejar constancia en los filtros de seguridad “con la finalidad de fabricar pruebas mediante actos intencionados de sufrimiento, es decir, tortura”.
En tono sarcástico, el fiscal yunista reviró que la CEDH lo acusaba de que al detenido se le torturó con música de un género reguetonero. “Pasará a los anales de los derechos humanos: ¡Maluma torturó en la cárcel de Pacho Viejo a quien es presuntamente responsable de participar en la desaparición de restos de seres humanos!”, ironizó.
Esta recomendación irritó a tal grado a Winckler que arremetió en contra de la presidenta del organismo autónomo, Namiko Matzumoto, lo que motivó que a mediados de mayo, en un hecho sin precedentes, la Comisión Nacional y las 32 comisiones estatales de Derechos Humanos del país hicieran un llamado “respetuoso pero enérgico” a la Fiscalía General de Veracruz para que ajustara “su comportamiento, acciones y declaraciones, al respeto institucional hacia la CEDH, a su titular y hacia el personal de la misma”.
En un comunicado, los miembros de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos expresaron su inquietud “por los intentos de ingreso a cuentas de correo electrónico y otros medios digitales de comunicación personal que la presidenta de la Comisión Estatal, Namiko Matzumoto, ha señalado públicamente, hechos que preocupan por vulnerar la intimidad y privacidad de la persona afectada y su familia”.
SEFIPLAN: BUENAS NOTICIAS
La semana pasada se suscitaron dos buenas notas financieras que, a pesar de su relevancia, pasaron casi desapercibidas.
Una, el proceso de reestructuración de la deuda pública del Estado, y la otra acerca del puntaje que otorgan las calificadoras crediticias a Veracruz.
Por un lado, el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), José Luis Lima Franco, se reunió con una docena de ejecutivos de la banca comercial, a quienes les presentó la propuesta para la compra de la deuda pública y las condiciones fiscales de Veracruz.
Así, de manera abierta, transparente, se inició esta especie de licitación pública, donde todos los actores están jugando con piso parejo.
El encuentro sirvió para que los representantes de las instituciones bancarias obtuvieran los datos que les permitan en un futuro inmediato presentar sus ofertas de crédito para el refinanciamiento de la deuda estatal, según el calendario que ha sido establecido.
Este cuidado de las formas, que en política también es fondo, contrasta obviamente con lo ocurrido en la administración inmediata anterior, la cual realizó un proceso de reestructuración en el que nunca se supo de los montos, del pago de intereses, de los bancos que habrían participado, ni del despacho –y sus honorarios- que habría llevado la negociación.
De hecho, toda esa información se acaba de hacer pública hace apenas unas semanas cuando el gobierno de Cuitláhuac García, a través del titular de la Sefiplan, presentó la propuesta al Congreso estatal para su aprobación.
Inclusive el propio secretario Lima Franco tuvo la honestidad de reconocer que aquélla reestructura se realizó en las condiciones que eran posible en ese momento, como fue el caso de la creación del Fideicomiso que hoy ha desparecido.
Ahora, los ejecutivos bancarios han tomado nota de la exposición de Lima Franco para valorar la rentabilidad financiera de la reestructura, quedando claro que no hay “negocio pactado” con ninguna institución bancaria, como siempre se sospechó en administraciones pasadas. Es cierto que el proceso apenas inicia, pero en aras de la transparencia, no pudo iniciar mejor.
El segundo aspecto que bien vale la pena valorar es el tema de las calificadoras crediticias, que tiene que ver precisamente con el proceso de reestructura. Y es que sin una calificación aceptable, los banqueros no hubieran puesto un pie en la Secretaría de Finanzas. Sin embargo, pudieron comprobar que las calificaciones crediticias asignadas por agencias internacionales muestran una mejoría de las finanzas públicas del estado. Aunque, claro está, todavía es necesario que esto se refleje en la economía de las familias veracruzanas.
Y pese a que la calificación crediticia no es un criterio de política económica que guste al presidente López Obrador, pero sigue siendo un referente no sólo para diagnosticar la salud de las finanzas públicas sino también para generar confianza en los inversionistas.
En el caso de Veracruz, la herencia de los gobiernos anteriores –cuya deuda fue renegociada hasta en dos ocasiones– comprometió casi la mitad de las participaciones federales, el principal ingreso de las entidades del país.
Sin embargo, a pesar de la calificación publicada el pasado miércoles por el diario REFORMA (BBB-), la realidad es que el barco empieza a salir a flote, según las previsiones de las propias calificadoras. En su círculo íntimo, el secretario Lima Franco ha dicho que su objetivo es dejar la calificación crediticia de Veracruz en A, es decir, unos cuatro peldaños arriba de donde se encuentra actualmente.
Tres de ellas –HR Ratings, Standar&Pours y Moody’s– ya han mejorado sus calificaciones, mientras que Fitch estaría por subir en breve su calidad crediticia a partir del inicio del proceso de reestructuración de deuda que aún se encuentra en proceso de adjudicación con la banca comercial.
De hecho, la calificadora, Moody’s, también reconoció que se están sentando las bases para la consolidación y estabilización financiera de Veracruz. Más allá de los tecnicismos, el razonamiento financiero es que el gobierno actual ha demostrado una mejora en las prácticas de administración y gobierno, que incluye una mayor transparencia en la presentación de estados financieros, más confiables que los términos y condiciones del refinanciamiento que llevó a cabo la administración pasada.
En su informe, Moody’s espera que el gobierno de Veracruz estabilice su dependencia en el uso de deuda de corto plazo en menores niveles que los registrados anteriormente, lo cual impactará de manera positiva los niveles de liquidez. Si se revisan las cifras y las calificaciones de los años anteriores, lo publicado por el diario capitalino resulta una buena noticia: se ha detenido la caída libre y se empiezan a subir peldaños que son señales alentadoras para los inversionistas.
Y es que, como se recordará, el 6 de mayo pasado, una vez concluida la investigación de los hechos que motivaron el Expediente número CEDH-3VG-DAP-0391-2018, la Tercera Visitaduría General de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz formuló la Recomendación 25/2019 dirigida principalmente a la Fiscalía General del Estado, a cargo de Winckler –aunque también incluyó a la Secretaría de Seguridad Pública, por depender de ésta la administración del reclusorio de Pacho Viejo– “en carácter de responsables” por los “actos de tortura y otros tratos crueles inhumanos y degradantes cometidos en perjuicio” de Gilberto Aguirre Garza, ex titular de Servicios Periciales de la Fiscalía, a quien según la recomendación del organismo autónomo, le fueron violados sus derechos humanos “a la integridad personal en su modalidad de tortura física y psicológica”, y el del “debido proceso”.
La CEDHV determinó entonces la existencia de elementos suficientes para que al fiscal Winckler se le acreditara responsabilidad en casos de tortura.
La investigación corroboró que durante las madrugadas de abril y mayo del 2018, Luis Eduardo Coronel Gamboa, en aquel momento Fiscal Especializado para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas, ingresó personalmente al penal de Pacho Viejo sin dejar constancia en los filtros de seguridad “con la finalidad de fabricar pruebas mediante actos intencionados de sufrimiento, es decir, tortura”.
En tono sarcástico, el fiscal yunista reviró que la CEDH lo acusaba de que al detenido se le torturó con música de un género reguetonero. “Pasará a los anales de los derechos humanos: ¡Maluma torturó en la cárcel de Pacho Viejo a quien es presuntamente responsable de participar en la desaparición de restos de seres humanos!”, ironizó.
Esta recomendación irritó a tal grado a Winckler que arremetió en contra de la presidenta del organismo autónomo, Namiko Matzumoto, lo que motivó que a mediados de mayo, en un hecho sin precedentes, la Comisión Nacional y las 32 comisiones estatales de Derechos Humanos del país hicieran un llamado “respetuoso pero enérgico” a la Fiscalía General de Veracruz para que ajustara “su comportamiento, acciones y declaraciones, al respeto institucional hacia la CEDH, a su titular y hacia el personal de la misma”.
En un comunicado, los miembros de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos expresaron su inquietud “por los intentos de ingreso a cuentas de correo electrónico y otros medios digitales de comunicación personal que la presidenta de la Comisión Estatal, Namiko Matzumoto, ha señalado públicamente, hechos que preocupan por vulnerar la intimidad y privacidad de la persona afectada y su familia”.
SEFIPLAN: BUENAS NOTICIAS
La semana pasada se suscitaron dos buenas notas financieras que, a pesar de su relevancia, pasaron casi desapercibidas.
Una, el proceso de reestructuración de la deuda pública del Estado, y la otra acerca del puntaje que otorgan las calificadoras crediticias a Veracruz.
Por un lado, el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), José Luis Lima Franco, se reunió con una docena de ejecutivos de la banca comercial, a quienes les presentó la propuesta para la compra de la deuda pública y las condiciones fiscales de Veracruz.
Así, de manera abierta, transparente, se inició esta especie de licitación pública, donde todos los actores están jugando con piso parejo.
El encuentro sirvió para que los representantes de las instituciones bancarias obtuvieran los datos que les permitan en un futuro inmediato presentar sus ofertas de crédito para el refinanciamiento de la deuda estatal, según el calendario que ha sido establecido.
Este cuidado de las formas, que en política también es fondo, contrasta obviamente con lo ocurrido en la administración inmediata anterior, la cual realizó un proceso de reestructuración en el que nunca se supo de los montos, del pago de intereses, de los bancos que habrían participado, ni del despacho –y sus honorarios- que habría llevado la negociación.
De hecho, toda esa información se acaba de hacer pública hace apenas unas semanas cuando el gobierno de Cuitláhuac García, a través del titular de la Sefiplan, presentó la propuesta al Congreso estatal para su aprobación.
Inclusive el propio secretario Lima Franco tuvo la honestidad de reconocer que aquélla reestructura se realizó en las condiciones que eran posible en ese momento, como fue el caso de la creación del Fideicomiso que hoy ha desparecido.
Ahora, los ejecutivos bancarios han tomado nota de la exposición de Lima Franco para valorar la rentabilidad financiera de la reestructura, quedando claro que no hay “negocio pactado” con ninguna institución bancaria, como siempre se sospechó en administraciones pasadas. Es cierto que el proceso apenas inicia, pero en aras de la transparencia, no pudo iniciar mejor.
El segundo aspecto que bien vale la pena valorar es el tema de las calificadoras crediticias, que tiene que ver precisamente con el proceso de reestructura. Y es que sin una calificación aceptable, los banqueros no hubieran puesto un pie en la Secretaría de Finanzas. Sin embargo, pudieron comprobar que las calificaciones crediticias asignadas por agencias internacionales muestran una mejoría de las finanzas públicas del estado. Aunque, claro está, todavía es necesario que esto se refleje en la economía de las familias veracruzanas.
Y pese a que la calificación crediticia no es un criterio de política económica que guste al presidente López Obrador, pero sigue siendo un referente no sólo para diagnosticar la salud de las finanzas públicas sino también para generar confianza en los inversionistas.
En el caso de Veracruz, la herencia de los gobiernos anteriores –cuya deuda fue renegociada hasta en dos ocasiones– comprometió casi la mitad de las participaciones federales, el principal ingreso de las entidades del país.
Sin embargo, a pesar de la calificación publicada el pasado miércoles por el diario REFORMA (BBB-), la realidad es que el barco empieza a salir a flote, según las previsiones de las propias calificadoras. En su círculo íntimo, el secretario Lima Franco ha dicho que su objetivo es dejar la calificación crediticia de Veracruz en A, es decir, unos cuatro peldaños arriba de donde se encuentra actualmente.
Tres de ellas –HR Ratings, Standar&Pours y Moody’s– ya han mejorado sus calificaciones, mientras que Fitch estaría por subir en breve su calidad crediticia a partir del inicio del proceso de reestructuración de deuda que aún se encuentra en proceso de adjudicación con la banca comercial.
De hecho, la calificadora, Moody’s, también reconoció que se están sentando las bases para la consolidación y estabilización financiera de Veracruz. Más allá de los tecnicismos, el razonamiento financiero es que el gobierno actual ha demostrado una mejora en las prácticas de administración y gobierno, que incluye una mayor transparencia en la presentación de estados financieros, más confiables que los términos y condiciones del refinanciamiento que llevó a cabo la administración pasada.
En su informe, Moody’s espera que el gobierno de Veracruz estabilice su dependencia en el uso de deuda de corto plazo en menores niveles que los registrados anteriormente, lo cual impactará de manera positiva los niveles de liquidez. Si se revisan las cifras y las calificaciones de los años anteriores, lo publicado por el diario capitalino resulta una buena noticia: se ha detenido la caída libre y se empiezan a subir peldaños que son señales alentadoras para los inversionistas.