26 de septiembre de 2019
alcalorpolitico.com
Después de leer la propuesta referente a las leyes secundarias de la Reforma Educativa de este gobierno, escribí que había signos alentadores y destaqué el enfoque humanista sobre la mercantilista, especialmente con la incorporación de las asignaturas filosóficas en el currículo educativo, desde el estrato básico hasta la educación extraescolar o mejor, extra aulas.
Desafortunadamente, los remiendos que los legisladores federales hicieron a esta propuesta, fruto de los pactos políticos que hizo el presidente con los líderes sindicales (SNTE=EEG y CNTE), ponen en la picota si no todo el proyecto, al menos unos puntos sustanciales que tocan al corazón del sistema educativo mexicano.
El problema de la evaluación acosadora, descalificadora, de la reforma del gobierno peñista acertadamente quedó refundida en el bote de los desperdicios, y se sustituye por el concepto de formación (y actualización) de los maestros. Lo cual es algo positivo. Y quizá lo mejor, sobre todo si se elimina la descalificación a rajatabla con fines de control político de los maestros. No porque se defienda que maestros incapaces estén al frente de la educación, sino porque el problema es más de fondo. En concreto: estos maestros son producto: 1) de las escuelas Normales que tienen la obligación de formarlos, y formarlos con excelencia; 2) de la pésima planeación de la SEP que dejó sin maestros a miles de niños y jóvenes (prueba son las constantes manifestaciones de padres de familia que exigen maestros por todo el territorio nacional), lo que obligó a improvisar a pasto profesores por medio del Conafe; y 3) de los pactos y contubernios con líderes sindicales en cuyas manos estaba el control de las plazas educativas a cambio de su masivo apoyo a los gobernantes y sus partidos.
Pero, y este «pero» es del tamaño de la decepción, las modificaciones aprobadas por los diputados (mayoritariamente del partido del gobierno) obligan al sistema educativo a regresar a las viejas prácticas (exactamente, a tiempos de Echeverría y JOLOPO) y no se apunta una solución correcta a la debacle del sistema educativo nacional.
En primer lugar, y como lo escribimos en su momento, el currículo, especialmente el plan de estudios, de las escuelas Normales que fue aprobado en el último mes del gobierno de Calderón, es una insustancial y soberana monserga. A reserva de ahondar en el tema, basta ver las horas destinadas a la formación científica, pedagógica y literaria de los maestros. De nada sirvió que se hubiera exigido a los aspirantes a profesores que contaran con el bachillerato, elevando los estudios normalistas al grado de licenciatura, y que se eliminara la asignación automática de plazas a los egresados. Esos fueron grandes pasos que dieron gobiernos anteriores (unos de esos que hoy son descalificados en montón).
Ahora no se habla de reformar ese huero currículo de las Normales sino que se regresa a la asignación automática de las plazas a los egresados, sin importar si aprobaron de panzazo o con excelente rendimiento, y de concertar con los sindicatos la asignación de plazas para garantizar su voto incondicional. Y en cuanto a sustituir la evaluación por la formación (y actualización), de forma incoherente se les recorta a las escuelas Normales el 40% del presupuesto y se eliminan los miles de técnicos docentes que algo (puede ser que mucho, no lo sabemos exactamente) estaban ayudando a los maestros en su arduo trabajo en las aulas.
Se esperaba que los senadores hicieran algo al respecto, pues las leyes ahora están en sus manos. Pero al escuchar las tenebrosas declaraciones del diputado de Morena, quien dijo que ellos forman «la bancada del presidente y su tarea es convertir en leyes los acuerdos que él tenga», nos ponemos a temblar. Pensábamos que en un sistema de democracia representativa (como pretende justificarse este sistema que sigue siendo el mismo de hace montones de años), estos legisladores tenían, por ley, la función de representar al pueblo, no al presidente. Pero vemos que no es así, vamos, ni siquiera en el discurso…
Para sacar del marasmo al sistema educativo se requiere de voluntad política a favor del ciudadano: del niño, del joven, del estudiante universitario, del maestro en formación. Y se requiere destinar recursos económicos y aplicarlos correctamente.
El sistema educativo, bien lo sabemos, está bajo la rectoría del Estado, pero entendiendo que el Estado está al servicio del pueblo y no al revés, y menos al servicio de intereses partidistas o sectoriales. De otra manera, se seguirá fortaleciendo un modus operandi que priva el interés político y electorero en detrimento del bien común.
[email protected]
Desafortunadamente, los remiendos que los legisladores federales hicieron a esta propuesta, fruto de los pactos políticos que hizo el presidente con los líderes sindicales (SNTE=EEG y CNTE), ponen en la picota si no todo el proyecto, al menos unos puntos sustanciales que tocan al corazón del sistema educativo mexicano.
El problema de la evaluación acosadora, descalificadora, de la reforma del gobierno peñista acertadamente quedó refundida en el bote de los desperdicios, y se sustituye por el concepto de formación (y actualización) de los maestros. Lo cual es algo positivo. Y quizá lo mejor, sobre todo si se elimina la descalificación a rajatabla con fines de control político de los maestros. No porque se defienda que maestros incapaces estén al frente de la educación, sino porque el problema es más de fondo. En concreto: estos maestros son producto: 1) de las escuelas Normales que tienen la obligación de formarlos, y formarlos con excelencia; 2) de la pésima planeación de la SEP que dejó sin maestros a miles de niños y jóvenes (prueba son las constantes manifestaciones de padres de familia que exigen maestros por todo el territorio nacional), lo que obligó a improvisar a pasto profesores por medio del Conafe; y 3) de los pactos y contubernios con líderes sindicales en cuyas manos estaba el control de las plazas educativas a cambio de su masivo apoyo a los gobernantes y sus partidos.
Pero, y este «pero» es del tamaño de la decepción, las modificaciones aprobadas por los diputados (mayoritariamente del partido del gobierno) obligan al sistema educativo a regresar a las viejas prácticas (exactamente, a tiempos de Echeverría y JOLOPO) y no se apunta una solución correcta a la debacle del sistema educativo nacional.
En primer lugar, y como lo escribimos en su momento, el currículo, especialmente el plan de estudios, de las escuelas Normales que fue aprobado en el último mes del gobierno de Calderón, es una insustancial y soberana monserga. A reserva de ahondar en el tema, basta ver las horas destinadas a la formación científica, pedagógica y literaria de los maestros. De nada sirvió que se hubiera exigido a los aspirantes a profesores que contaran con el bachillerato, elevando los estudios normalistas al grado de licenciatura, y que se eliminara la asignación automática de plazas a los egresados. Esos fueron grandes pasos que dieron gobiernos anteriores (unos de esos que hoy son descalificados en montón).
Ahora no se habla de reformar ese huero currículo de las Normales sino que se regresa a la asignación automática de las plazas a los egresados, sin importar si aprobaron de panzazo o con excelente rendimiento, y de concertar con los sindicatos la asignación de plazas para garantizar su voto incondicional. Y en cuanto a sustituir la evaluación por la formación (y actualización), de forma incoherente se les recorta a las escuelas Normales el 40% del presupuesto y se eliminan los miles de técnicos docentes que algo (puede ser que mucho, no lo sabemos exactamente) estaban ayudando a los maestros en su arduo trabajo en las aulas.
Se esperaba que los senadores hicieran algo al respecto, pues las leyes ahora están en sus manos. Pero al escuchar las tenebrosas declaraciones del diputado de Morena, quien dijo que ellos forman «la bancada del presidente y su tarea es convertir en leyes los acuerdos que él tenga», nos ponemos a temblar. Pensábamos que en un sistema de democracia representativa (como pretende justificarse este sistema que sigue siendo el mismo de hace montones de años), estos legisladores tenían, por ley, la función de representar al pueblo, no al presidente. Pero vemos que no es así, vamos, ni siquiera en el discurso…
Para sacar del marasmo al sistema educativo se requiere de voluntad política a favor del ciudadano: del niño, del joven, del estudiante universitario, del maestro en formación. Y se requiere destinar recursos económicos y aplicarlos correctamente.
El sistema educativo, bien lo sabemos, está bajo la rectoría del Estado, pero entendiendo que el Estado está al servicio del pueblo y no al revés, y menos al servicio de intereses partidistas o sectoriales. De otra manera, se seguirá fortaleciendo un modus operandi que priva el interés político y electorero en detrimento del bien común.
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