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Columnas y artículos de opinión
Diario de un reportero
Irremediable, irreparable
Miguel Molina
27 de febrero de 2020
alcalorpolitico.com
Las autoridades llegaron a las cuatro de la mañana del domingo dieciocho de junio de hace sesenta y tres años, firmaron documentos y les ofrecieron un cigarro a los reos. Después, el grupo de veintitantas personas salió al fresco de la madrugada de Hermosillo, y caminó hasta uno de los muros de la penitenciaría de Hermosillo, que ahora es el Museo Regional de Sonora.
 
De un lado se alinearon diez soldados, del otro algunos testigos y una quincena de presos que habían cometido abusos sexuales, y frente a todos quedaron José Rosario Don Juan Zamarripa (iba muy entero, según las crónicas de ese día) y Francisco Ruiz Corrales (que estaba muy pálido). Eran las cinco de la mañana. No les vendaron los ojos.
 
Los titulares de los periódicos contaron la historia de ese día: Ruiz Corrales y Zamarripa en el paredón (El Imparcial), Pagaron su culpa los sátiros (El Regional), Fusilaron a los dos chacales hoy (Heraldo del Yaqui), Hoy a las 8 fueron sepultados en el panteón los dos sátiros (El Imparcial).
 

Zamarripa, de unos cuarenta años, ex soldado, y originario de San Luis Potosí, violó y mató en la comunidad de Pótam a la niña Ernestina Leyva. Después tiró el cuerpo de su víctima al río Yaqui. Ruiz Corrales, jornalero de veintisiete años, violó y estranguló a la pequeña vendedora de tomates María de la Luz Margarita Mendoza, de seis años.
 
En los seis meses previos a los casos de Ernestina y Margarita, se había registrado sesenta casos de violaciones en Sonora. Zamarripa y Ruiz Corrales fueron los últimos presos ejecutados en el país.
 
La pena de muerte en México
 

En el México prehispánico, los adúlteros y los alcohólicos eran sentenciados a morir con la cabeza prensada por dos piedras y los homosexuales sorprendidos in flagrante morían a golpes de garrote, aunque las penas incluían también el descuartizamiento, la decapitación, el garrote, y la horca.
 
Veracruz estableció la pena de muerte en 1835 con reglas que se consideraban piadosas porque contemplaban el trato compasivo que había que darle a los reos antes de la ejecución, aunque establecían una forma pública y denigrante de su conducción al patíbulo y el lugar deshonroso de su sepultura, como relata Olga Islas de González Mariscal, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en un ensayo sumamente interesante sobre el tema.
 
Poco más de veinte años después, la Constitución de 1857 eliminó la pena de muerte en general, aunque la reservó para los culpables de delitos políticos, los salteadores de caminos, los incendiarios, los parricidas y los homicidas con alevosía o premeditación. En 1929, la pena de muerte desapareció de las leyes federales, y en 2005 la eliminaron de forma definitiva en la Constitución y en el Código de Justicia Militar.
 

Irreversible, irreparable
 
Hace once años, el Partido Verde Ecologista Mexicano propuso que se reinstaurara la pena de muerte en México para castigar el homicidio doloso vinculado a secuestros, violaciones, trata de personas y crimen organizado. Su idea no prosperó.
 
Pero la semana pasada, la bancada Verde decidió revivir su proyecto, aunque ahora específicamente para violadores, feminicidas y homicidas de menores. El Partido Acción Nacional también se interesó y propuso abrir un debate en el que participaran expertos de Estados Unidos y Japón, dos países cuyos Estados ejecutan prisioneros.
 

Los Verdes reconocen que el país tendría que desconocer acuerdos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con todos sus protocolos y codicilios y asegunes.
 
Hace once años, la iniciativa del Partido Verde declaraba que la inseguridad "ha dado lugar a que la ciudadanía perciba que las medidas adoptadas para hacer frente a la delincuencia han sido ineficaces", y señalaba que "la impunidad y el aumento alarmante de las víctimas han propiciado que amplios sectores de la sociedad se pronuncien a favor de la pena de muerte (...) para inhibir la comisión de delitos".
 
Pero ninguno de los veintitantos países que conservan y aplican la pena capital ha reducido el número de crímenes ni la naturaleza de las ofensas ha cambiado, y se ha descubierto que hay cientos de casos en que el sistema se equivocó y sentenció a muerte y ejecutó a personas inocentes.
 

El efecto moral que producen las ejecuciones privadas o públicas – entonces como ahora – es nulo y sólo sirve para despertar una curiosidad malsana, para usar palabras de M. De Sellon, un ginebrino que se ocupaba de este asunto hace casi dos siglos.
 
También podemos recordar – o descubrir – al periodista y miembro del Parlamento de Canadá, George Perry Graham, cuando habló sobre el tema: "Podemos discutir todo lo que queramos, pero si alguien recibe la pena capital nos sentimos inclinados a pensar que se lo merecía. Las leyes no se hacen para eso".
 
Sobre todo, habría que tener en cuenta que la muerte es un hecho irrepetible, irreparable...
 

Las cruces rojas
 
Cerca de una puerta lateral del Panteón Yáñez están las tumbas de Zamarripa y de Ruiz Corrales, lápidas negras con cruces rojas, cerca del muro donde una mano anónima escribió: Sátiros Pum Pum 1957. Nadie visita esos sepulcros, y nadie sabe quién pinta de rojo sus cruces.