Ni Verónica Hernández Giadáns ni Aillet García Cayetano son las candidatas favoritas por acreditar mejor trayectoria y experiencia profesional o grados académicos superiores que las otras decenas de aspirantes a la Fiscalía General del Estado (FGE) y a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, sino porque es más que evidente que ambas son impulsadas desde el Palacio de Gobierno y el Poder Legislativo que está bajo control de la bancada de Morena.
 
Hernández Giadáns y García Cayetano debieran ir en caballo de hacienda, pero cada vez son más cuestionadas por la percepción de que han quedado a deber como titulares de la FGE y de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), cargos en los que llevan nueve y 18 meses, respectivamente.
 
La abogada oriunda de Santiago Tuxtla, por ejemplo, no ha podido cumplir siquiera con los miembros de la LXV Legislatura local con la resolución del artero crimen del diputado Juan Carlos Molina Palacios, ejecutado el 9 de noviembre de 2019 en su rancho “Rosa del Alba” de Medellín de Bravo, para cuyo esclarecimiento fue creada exprofeso una comisión especial con un integrante de cada grupo legislativo. Hasta la fecha se desconocen el móvil y la identidad de los presuntos autores materiales e intelectuales del asesinato.
 

García Cayetano, por su parte, no pudo con el fraudulento caso de las 6 mil 400 cámaras de videovigilancia instaladas durante el gobierno del panista Miguel Ángel Yunes Linares en las ciudades de Pánuco, Poza Rica, Xalapa, Veracruz, Córdoba y Coatzacoalcos, por las cuales la SSP pagó mil 200 millones de pesos por adelantado a pesar de ser obsoletas, a que el trabajo de instalación quedó inconcluso y que sólo operaban con deficiencias apenas el 34 por ciento de ellas.
 
Y es que según ha trascendido, la Dirección Jurídica de la SSP no protestó en tiempo y forma las fianzas de la empresa contratista Comtelsat, S.A. de C.V., por cuya omisión el Gobierno del Estado de Veracruz perdió la garantía de recuperar mil millones de pesos, aproximadamente.
 
Inclusive las videocámaras fueron liquidadas al cien por ciento por la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) a Comtelsat, ya que incluso la administración del gobernador Cuitláhuac García completó un pago de 71 millones de pesos en 2019.
 

Presuntamente, el gobierno de García Jiménez tendría la instrucción del altiplano de que Manuel Arroyo Rodríguez, propietario de Comtelsat, es “intocable” en su máxima expresión. Es más, incluso se asegura que el empresario periodístico, dueño del diario El Financiero, se habría reunido en privado con el mandatario veracruzano en la Ciudad de México por lo menos en dos ocasiones; encuentros de los que, se afirma, habría registros.
 
También se dice que es falso que las auditorías del sistema de videovigilancia estén extraviadas, como lo publicó la semana anterior El Sol de México. Están en poder del Congreso del Estado y fueron efectuadas por el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) del estado. Y según el anexo técnico del contrato de Comtelsat no corresponde con lo realmente instalado, sino que se adaptaron componentes de otra calidad inferior.
 
¿Para qué quiere entonces ser Fiscal Anticorrupción la esposa de Elio Hernández Gutiérrez, el cuestionado titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP)?