28 de mayo de 2020
alcalorpolitico.com
Un día de la semana pasada me encontré la noticia de que el Congreso de Veracruz no tiene la capacidad para evaluar a los candidatos a la Fiscalía General del Estado, según el licenciado Rafael Gómez Casas, vicepresidente del Colegio de Abogados de la República Mexicana.
Lo primero que hice fue buscar información sobre el Colegio de Abogados. Lo único que encontré fue un perfil de Facebook que no aclara mucho sobre el grupo (dónde están sus oficinas, quiénes son sus directivos, cuántos son sus integrantes, detalles así), pero revela su naturaleza política, por llamarla de algún modo.
Tampoco se encontró gran cosa sobre el vicepresidente del Colegio (una nota de cuando era presidente de un Congreso Nacional de Asociaciones Civiles y Ramón Poo era alcalde del puerto de Veracruz, por ejemplo), y varias fotos suyas en el perfil de FB. Y nada más.
Pero el licenciado Gómez Casas fue a Xalapa y se sentó en un café frente al parque, y los reporteros lo rodearon y encendieron sus grabadoras (o sus celulares) y registraron sus palabras, y publicaron que los abogados (¿cuáles?, ¿cuántos?) lamentaron que el Congreso de Veracruz no tenga la capacidad para evaluar a los candidatos a la Fiscalía.
También repitieron sin pensarlo mucho que – en opinión del licenciado Gómez Casas – el presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín, "no cuenta con el perfil académico para valorar a cada uno de los postulantes".
Y reprodujeron la pedregosa sintaxis del abogado: "No puede ser posible (sic) que una personas como lo es (sic sic) el diputado Cazarín (sic sic sic), que no terminó creo que la primaria, vaya a evaluar a un doctor en Derecho, a un catedrático que quiere ser Fiscal del Estado. No puede ser esto posible (sic sic sic sic)".
Según la lógica atravesada del licenciado Gómez Casas (que veces es vicepresidente y a veces es delegado de su Colegio), sólo los abogados podrían evaluar a los abogados, los médicos a los médicos, los contadores a los contadores, y así hasta que se acabe la lista. La soberanía del Congreso y la representación popular no importan.
Lo triste es que los reporteros y las reporteras hayan reproducido y publicado las palabras de alguien que habló sin preguntarle por qué decía lo que dijo, ni a quiénes representa ni cuántos son ni dónde están. Así no se puede hacer periodismo. Ni se debe.
Tanto peca el que escribe mal como el que interpreta mal
Los diputados, aunque representen la soberanía del pueblo, también son responsables de algunas barbaridades gramaticales que han provocado escándalos recientes. Veamos dos ejemplos que ilustran bien la idea.
El primer caso fue la propuesta del Movimiento Regeneración Nacional para fortalecer el Estado de Bienestar, que proponía medir la desigualdad y la concentración de la riqueza en México, porque la pobreza se ha medido en todas direcciones.
Alguien –bien pudo haber sido el propio Alfonso Ramírez Cuéllar, diputado federal con licencia y presidente interino de Morena– escribió que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía debía "entrar, sin ningún impedimento legal, a revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de todas las personas".
El verbo entrar –que sobra en el texto– permitió a los críticos de buena fe y a los de mala leche asegurar que los inspectores del gobierno revisarían las casas de los mexicanos, y la medida se vino abajo. Ahora no sabremos quién tiene cuánto...
El otro caso es el de la reciente Ley de Educación que aprobó el Congreso de Puebla. Aunque varios de los artículos de esta ley fueron objeto de protesta, muchas opiniones se centraron en lo que dice el artículo 105:
"Los muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por las autoridades educativas estatal y municipal y por los particulares (...) forman parte del Sistema Educativo Estatal".
Es una argucia para expropiar los edificios de las universidades privadas, dijeron. Pero quienes criticaron el texto que aprobó el Congreso de Puebla no leyeron lo que dice el artículo 99 de la Ley General de Educación del país:
"Los muebles y los inmuebles destinados a la educación impartida por el Estados y los particulares (...) forman parte del Sistema Educativo Nacional".
Tampoco leyeron la fracción VI del artículo 15 de la Ley de Educación de Veracruz, ni la fracción VII del artículo 25 de la Ley de Educación de Chihuahua ni – al parecer – las leyes educativas de otros estados. Pero eso es lo de menos.
Si se mira bien, quienes redactan las leyes tienen la responsabilidad de que estén escritas de manera precisa y clara, sin ambigüedades y sin margen para distorsiones ni malos entendidos. A las leyes les falta rigor gramatical, y a quienes se escandalizaron en los dos casos que se mencionan les sobró malicia.
Y la cuarentena no ha terminado.
Lo primero que hice fue buscar información sobre el Colegio de Abogados. Lo único que encontré fue un perfil de Facebook que no aclara mucho sobre el grupo (dónde están sus oficinas, quiénes son sus directivos, cuántos son sus integrantes, detalles así), pero revela su naturaleza política, por llamarla de algún modo.
Tampoco se encontró gran cosa sobre el vicepresidente del Colegio (una nota de cuando era presidente de un Congreso Nacional de Asociaciones Civiles y Ramón Poo era alcalde del puerto de Veracruz, por ejemplo), y varias fotos suyas en el perfil de FB. Y nada más.
Pero el licenciado Gómez Casas fue a Xalapa y se sentó en un café frente al parque, y los reporteros lo rodearon y encendieron sus grabadoras (o sus celulares) y registraron sus palabras, y publicaron que los abogados (¿cuáles?, ¿cuántos?) lamentaron que el Congreso de Veracruz no tenga la capacidad para evaluar a los candidatos a la Fiscalía.
También repitieron sin pensarlo mucho que – en opinión del licenciado Gómez Casas – el presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín, "no cuenta con el perfil académico para valorar a cada uno de los postulantes".
Y reprodujeron la pedregosa sintaxis del abogado: "No puede ser posible (sic) que una personas como lo es (sic sic) el diputado Cazarín (sic sic sic), que no terminó creo que la primaria, vaya a evaluar a un doctor en Derecho, a un catedrático que quiere ser Fiscal del Estado. No puede ser esto posible (sic sic sic sic)".
Según la lógica atravesada del licenciado Gómez Casas (que veces es vicepresidente y a veces es delegado de su Colegio), sólo los abogados podrían evaluar a los abogados, los médicos a los médicos, los contadores a los contadores, y así hasta que se acabe la lista. La soberanía del Congreso y la representación popular no importan.
Lo triste es que los reporteros y las reporteras hayan reproducido y publicado las palabras de alguien que habló sin preguntarle por qué decía lo que dijo, ni a quiénes representa ni cuántos son ni dónde están. Así no se puede hacer periodismo. Ni se debe.
Tanto peca el que escribe mal como el que interpreta mal
Los diputados, aunque representen la soberanía del pueblo, también son responsables de algunas barbaridades gramaticales que han provocado escándalos recientes. Veamos dos ejemplos que ilustran bien la idea.
El primer caso fue la propuesta del Movimiento Regeneración Nacional para fortalecer el Estado de Bienestar, que proponía medir la desigualdad y la concentración de la riqueza en México, porque la pobreza se ha medido en todas direcciones.
Alguien –bien pudo haber sido el propio Alfonso Ramírez Cuéllar, diputado federal con licencia y presidente interino de Morena– escribió que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía debía "entrar, sin ningún impedimento legal, a revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de todas las personas".
El verbo entrar –que sobra en el texto– permitió a los críticos de buena fe y a los de mala leche asegurar que los inspectores del gobierno revisarían las casas de los mexicanos, y la medida se vino abajo. Ahora no sabremos quién tiene cuánto...
El otro caso es el de la reciente Ley de Educación que aprobó el Congreso de Puebla. Aunque varios de los artículos de esta ley fueron objeto de protesta, muchas opiniones se centraron en lo que dice el artículo 105:
"Los muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por las autoridades educativas estatal y municipal y por los particulares (...) forman parte del Sistema Educativo Estatal".
Es una argucia para expropiar los edificios de las universidades privadas, dijeron. Pero quienes criticaron el texto que aprobó el Congreso de Puebla no leyeron lo que dice el artículo 99 de la Ley General de Educación del país:
"Los muebles y los inmuebles destinados a la educación impartida por el Estados y los particulares (...) forman parte del Sistema Educativo Nacional".
Tampoco leyeron la fracción VI del artículo 15 de la Ley de Educación de Veracruz, ni la fracción VII del artículo 25 de la Ley de Educación de Chihuahua ni – al parecer – las leyes educativas de otros estados. Pero eso es lo de menos.
Si se mira bien, quienes redactan las leyes tienen la responsabilidad de que estén escritas de manera precisa y clara, sin ambigüedades y sin margen para distorsiones ni malos entendidos. A las leyes les falta rigor gramatical, y a quienes se escandalizaron en los dos casos que se mencionan les sobró malicia.
Y la cuarentena no ha terminado.