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Columnas y artículos de opinión

Tierra Blanca: complicidades

Al Pie de la Letra

Por: Raymundo Jiménez

01/06/2020

alcalorpolitico.com

La masacre del pasado viernes en Tierra Blanca viene a confirmar lo que ha venido reiterando el gobernador Cuitláhuac García acerca de las complicidades y pactos que en gobiernos anteriores se establecieron con grupos delictivos.
 
En septiembre de 2018, por ejemplo, circuló un video en el que desde entonces se señalaban los presuntos nexos que Francisco Navarrete Serna, uno de los siete ejecutados, mantenía con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y, a la vez, con los principales mandos de la Policía Ministerial del estado y hasta con los de la Policía Naval.
 
Navarrete, (a) “El Primo”, fue detenido por la Policía Federal junto con su hijo José Francisco Navarrete Abraham y Junior Alarcón Valerio, su lugarteniente, la madrugada del 24 de enero de 2016. Le imputaban la distribución de droga en la región así como la operación de secuestros y una larga lista de ejecuciones. Pero por irregularidades en el proceso penal fueron liberados en agosto de 2019.
 
El dueño del periódico “Sol de Tierra Blanca” operó impunemente al menos desde el sexenio del exgobernador Fidel Herrera Beltrán, en el de Javier Duarte y hasta en el del panista Miguel Ángel Yunes, en el que fungió presuntamente como enlace con la Policía Naval mediante el capitán Narciso Peña Cortez, a la sazón subsecretario de Operaciones de la SSP, a cargo de Jaime Téllez Marie.
 
Pero anteriormente se habría vinculado con el capitán Antonio Morales Hernández y el almirante Francisco Castaño Suárez, comandante de la Policía Naval entre 2013 y 2015.
 
En este video se señalaba que en la administración duartista, el subdelegado de la SSP en Tierra Blanca, Marcos Conde, era su “ejecutor” e “informante” y enlace con el mayor José Nabor Nava Holguin, exsubsecretario de la SSP, quien al final del sexenio sustituyó al titular Arturo Bermúdez Zurita, quien terminó recluido en Pacho Viejo.
 
Nava Holguin fue acusado por el delito de desaparición forzada en la administración de Yunes Linares, que ofreció una recompensa de un millón de pesos a quien colaborara para su detención.
 
Como prueba de la complicidad de Navarrete Serna con la Policía Naval circuló una fotografía en la que se observa a su hijo realizando prácticas de tiro con armas de grueso calibre bajo la protección de elementos de la Marina Armada de México en el rancho El Limón, de su propiedad, donde fueron localizados los cuerpos de 5 jóvenes ejecutados.
 
Tras la detención de Navarrete fueron sustraídas de su teléfono celular más de 60 fotografías de los principales cabecillas del CJNG en Veracruz, pero supuestamente fueron ocultadas por el capitán Peña Cortez y el almirante Pedro García Valerio, quien había sido designado director de la Policía Ministerial por el exfiscal duartista Luis Ángel Bravo y luego ratificado por el yunista Jorge Winckler. Sin embargo renunció luego de las elecciones de julio de 2018 entre un gran hermetismo, ya que ni Yunes ni su fiscal informaron oficialmente el motivo de su dimisión.
 
EL NUEVO MUNICIPALISMO
 
De muy recatado perfil, sin hacer tantos aspavientos, Rafael Castillo Zugasti, titular del Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal (INVEDEM), ha venido realizando una discreta pero efectiva labor en este organismo sectorizado a la Secretaría de Gobierno que comanda Eric Cisneros Burgos.
 
Ahora, frente a esta nueva realidad del COVID-19, Castillo Zugasti, bastante curtido en las lides de la gestión gubernamental, se ha dado a la tarea de seguir la instrucción del gobernador Cuitláhuac García y del titular de la SEGOB para implementar un esquema de teletrabajo para fortificar las capacidades institucionales y personales de los funcionarios públicos de los 212 Ayuntamientos del estado de Veracruz.
 
Por esta nueva etapa de operación en el INVEDEM, titulada “Conversatorios con MunicipalidadES”, han pasado ya José Jorge Saavedra, jefe de la Unidad de Programas Especiales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); Roberto Izurieta, profesor de la Escuela de Gerencia Pública de la Universidad George Washington; la Auditora General del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), Delia González, y el viernes pasado estuvieron Basilios Perftouloglou Gattas, subdirector de Alta Dirección Pública del Gobierno de la República de Chile, y el propio secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos.
 
Con esto, quien tutela los trabajos en el Instituto encargado de fomentar el Desarrollo Municipal está demostrando de qué está hecho, para lo que pudiera acontecer en el futuro venidero.

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