Entonces salieron todos: algunos cientos, a lo mejor miles, se subieron a sus carros y se fueron a las calles a exigir que renuncie el presidente. Tal vez eran muchos – no cientos de miles ni millones – los que quieren que se caiga un gobierno por el que votaron millones.
 
La opinión pública se reduce – inevitablemente – a las opiniones de quienes piensan como nosotros y se expresan en las redes sociales o en las cadenas de mensajes y a veces en las conversaciones, pero no va mucho más allá de esa burbuja. Todo México se limita a quienes conocemos...
 
Pero la repetición de los mensajes sin sustento – fotos retocadas, declaraciones editadas fuera de contexto, datos sin base y sin fuente, rumores de mala leche, ocurrencias más y menos chistosas – sustituye a las ideas. Y como ya no se piensa, quien opina diferente es el enemigo, y la discusión se reduce entonces a la descalificación y al insulto.
 

Sin embargo, no hay que confundirse. Hay malestar, hay inconformidad, hay confusión, y hay muchas cosas que preocupan a mucha gente, aunque no todas las cosas preocupan a todos de igual manera. Mucha gente no es toda la gente, ni siquiera es la mayoría de los mexicanos. Y cada encuesta dice cosas diferentes y hasta contradictorias.
 
Y ahí nos vemos. Ese es el país que tenemos en las manos por ahora, que es de todos porque no es de nadie. Pero no es el país que queremos.
 
No han pensado bien
 

Queda claro que quienes exigen que se vaya el presidente no han pensado bien lo que piden. Que se vaya, dicen. Y quién se queda, pregunta uno. El que sea, dicen. Y cómo le hacemos, pregunta uno. Como sea, dicen. Lo principal es que el presidente se vaya.
 
No es tan sencillo. La República no puede entrar en una crisis política sin precedentes sólo porque hay personas o grupos que no piensan en las consecuencias de sus actos. México es todavía – y ojalá siga siendo durante mucho tiempo – un país de leyes. Y las leyes son claras.
 
Primero, para revocar el mandato, los opositores del presidente tendrían que empezar a recoger firmas en noviembre del año que viene, y conseguir que al menos cuarenta millones de personas apoyen la idea de remover al jefe del Poder Ejecutivo, luego que voten para que se vaya.
 

Durante el tiempo entre la recolección de firmas y la votación, ninguna persona física o moral – a título propio o a cuenta de terceros – puede contratar propaganda en radio y televisión (la ley olvidó la prensa escrita y los portales de internet) dirigida a influir en la opinión ciudadana.
 
En caso de que la oposición (que no ha logrado reunir cientos de miles, mucho menos millones) gane el proceso de revocación del mandato, quedan pendientes los problemas constitucionales que representaría una presidencia acéfala.
 
Como las leyes no contemplan qué hacer en caso que el voto popular revoque el mandato presidencial, se tendrían que aplicar la letra y el espíritu del artículo ochenta y cuatro de la Constitución: en lo que el Congreso (con mayoría de Morena y sus aliados) nombra a un presidente interino o substituto, el secretario – en este caso la secretaria – de Gobernación asumiría el poder
 

(Según el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM – en un trabajo encomendado por el Senado en 2009 –, el orden de sustitución iría del secretario de Gobernación al de Relaciones Exteriores, y de ahí al de Hacienda, y de ahí al de Economía.)
 
Mientras tanto, y en un corto plazo, el Congreso de la Unión designaría al presidente substituto para que concluya el período para el que fue electo el presidente que se fue.
 
Pero como la revocación de mandato se puede presentar solamente una vez, todos los mexicanos tendríamos que conformarnos con quien asumiera el puesto hasta 2024, sea quien sea. Sería bueno saber qué van a hacer entonces quienes exigen a gritos o a claxonazos que se vaya el presidente.
 

Confusión y desgaste
 
Si vamos más allá, resulta interesante leer el trabajo de Tere Mora e Irma Ortiz, quienes a principios del siglo entrevistaron para la revista Siempre! a varios juristas, entre ellos a Ricardo García Cervantes (PAN), quien pronosticó que la renuncia o la ausencia total del presidente provocarían "una gran confusión" y "el peligro de que se convirtiera no sólo en un herradero sino en un episodio de desgaste nacional".
 
Mora y Ortiz también hablaron con el perredista David Augusto Sotelo, quien advirtió que uno de los mayores problemas a la hora de elegir a un nuevo presidente en el Congreso sería la falta de madurez de los partidos políticos, que – entonces como ahora – se han dedicado "a la reyerta de las ideologías y no a puntear una agenda moderna de la democracia".
 

Alguien más, cuyo nombre olvidó la historia, señaló que hay el riesgo extremo de que la mayoría calificada de dos terceras partes que manda la Constitución para que el Congreso elija al nuevo presidente "no se lograra nunca, y nunca tendríamos presidente, o que se lograra al precio de una negociación que llegara a los inconvenientes escenarios de la debilidad, de inconfesabilidad no de la vergüenza".
 
El riesgo es que, según el jurista Miguel Carbonell, "es justamente en tiempos de incertidumbre cuando las posiciones políticas suelen polarizarse y cuando más se mira por los propios intereses", y en caso de una crisis política los partidos políticos – al menos los nuestros – perderían todavía más credibilidad.
 
Seguramente los que salen a dar claxonazos y a gritar que nos estamos convirtiendo en Venezuela y a confundir socialismo y comunismo, y a exigir que se vaya el presidente ya pensaron en eso.
 

Y si no han pensado en eso, peor tantito. Y qué país vamos a tener, pregunta uno. Uno que no sea socialista, dicen. Qué queremos ser entonces, insiste uno. No sé, otro país, dicen. La cosa es no cambiar pero a la vez no seguir siendo como éramos. O algo muy parecido, como veremos la próxima vez.