6 de julio de 2020
alcalorpolitico.com
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Twitter: HELÍHERRERA.es
La semana pasada, la junta de gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, cuyo titular es Juan Pablo Graf, notificó a Banco FAMSA la revocación de su licencia debido a una gestión de riesgos inapropiada, operaciones y créditos otorgados a personas relacionados con grupos por encima de los límites regulatorios, registros indebidos en dichas operaciones, e incumplimiento recurrente a diversas disposiciones normativas, según trascendió.
Dicho en palabras comunes, al Banco FAMSA lo liquidaron por malos manejos, por un posible fraude por parte de sus directivos y accionistas (propiedad de la familia regiomontana de Humberto Garza González y Humberto Garza Valdez, dueños de 377 tiendas al menudeo en México, 402 sucursales bancarias, y 26 tiendas en los estados con mayor población hispana en los Estados Unidos), porque estaban haciendo trampa y, entre otras cosas, se auto prestaban el dinero ahorrado e invertido por gente clase-mediera.
Aunque esos fraudulentos negocios debieron ser advertidos de inmediato por los directivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), quienes tuvieron que haber actuado de inmediato y no lo hicieron, y más cuando los ex vicepresidentes encargados de su supervisión ahora trabajan en la iniciativa privada, dos de ellos, ni mas ni menos que en Caja Libertad, cuyo socio principal Juan Collado (abogado de Raúl Salinas de Gortari y otros delincuentes de cuello blanco), está preso casi casi por haber hecho lo mismo con esa caja de ahorros.
Ahora bien, la quiebra de Banco FAMSA debió haber sucedido desde 2016 en que empezaron los desaseos, por lo que no es de entenderse por qué la CNBV en ese tiempo no lo hizo, resultándole, seguramente responsabilidad ahora a la que en ese entonces era la directora jurídica del Instituto de Protección al Ahorro Bancario IPAB (el mismo que ahora tendrá que rescatar a los 580 mil 774 ahorradores), Margarita de la Cabada Betancourt.
Resulta francamente imposible como ésta exfuncionaria, junto con Fernando Rodríguez Antuño (supervisor de grupos e intermediarios financieros), no denunciaron en sus reportes mensuales de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores los malos manejos que los directivos-dueños de FAMSA realizaban en perjuicio de sus ahorradores, y que eran a todas luces motivo para revocar de inmediato la licencia de Intermediario Financiero a dicho banco, y lo peor, ya conocido el ahogo del niño en ese pozo, ¿Cuántos otros bancos estarán igual que FAMSA, principalmente de aquellos que no son sucursales de los grandes trust internacionales como BBVA, Citibanamex, Scotiabank, Santander etc., y a cuántas centenas de miles de mexicanos más no se llevarán entre las patas con sus ahorros y pequeñas inversiones?, tomando en cuenta que el IPAB podría rescatar a unos cuantos, pero no a la totalidad de los defraudados con recursos provenientes de los depósitos que recibe mensualmente por parte de las instituciones de banca múltiple, con la mitad exclusivamente de sus reservas, y con los dineros que capture por la liquidación de todos los activos de FAMSA banco, aunque no de las tiendas-mueblerías.
¿Otro Fobaproa en puerta?
No del tamaño que vivimos en 1994, cuando las pérdidas económicas fueron de alrededor de 400 mil millones de dólares en reservas, y el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León decidió socializar las perdidas (hacerlas deuda pública); cuanto que eran pérdidas privadas, con un costo aproximado de 500 mil millones de pesos, en un plazo de 35 años (todavía seguimos pagando con nuestros impuestos).
De no actuar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con energía, obligando a todos estos intermediarios financieros (bancos), a fin de que les den un buen uso a los recursos ahorrados por sus clientes, aplicándoles todo el peso de la ley, si no, podría suscitarse un nuevo colapso bancario que pondría en peligro toda la economía del país, de suya dramática por la recesión que estamos viviendo.
¡Basta ya que el gobierno federal siga consintiendo a los banqueros enriquecerse con el ahorro del pueblo!
México permite a los bancos extranjeros (Santander, Bancomer, Citibanamex etc.), cobrar aquí, 19% más altas las comisiones que en sus países sedes (18, 19 y 20% allá, contra 36-38-39 % acá, respectivamente).
¡Si un banco quiebra, que sus dueños paguen los costos y nunca más el pueblo de México!
Twitter: HELÍHERRERA.es
La semana pasada, la junta de gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, cuyo titular es Juan Pablo Graf, notificó a Banco FAMSA la revocación de su licencia debido a una gestión de riesgos inapropiada, operaciones y créditos otorgados a personas relacionados con grupos por encima de los límites regulatorios, registros indebidos en dichas operaciones, e incumplimiento recurrente a diversas disposiciones normativas, según trascendió.
Dicho en palabras comunes, al Banco FAMSA lo liquidaron por malos manejos, por un posible fraude por parte de sus directivos y accionistas (propiedad de la familia regiomontana de Humberto Garza González y Humberto Garza Valdez, dueños de 377 tiendas al menudeo en México, 402 sucursales bancarias, y 26 tiendas en los estados con mayor población hispana en los Estados Unidos), porque estaban haciendo trampa y, entre otras cosas, se auto prestaban el dinero ahorrado e invertido por gente clase-mediera.
Aunque esos fraudulentos negocios debieron ser advertidos de inmediato por los directivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), quienes tuvieron que haber actuado de inmediato y no lo hicieron, y más cuando los ex vicepresidentes encargados de su supervisión ahora trabajan en la iniciativa privada, dos de ellos, ni mas ni menos que en Caja Libertad, cuyo socio principal Juan Collado (abogado de Raúl Salinas de Gortari y otros delincuentes de cuello blanco), está preso casi casi por haber hecho lo mismo con esa caja de ahorros.
Ahora bien, la quiebra de Banco FAMSA debió haber sucedido desde 2016 en que empezaron los desaseos, por lo que no es de entenderse por qué la CNBV en ese tiempo no lo hizo, resultándole, seguramente responsabilidad ahora a la que en ese entonces era la directora jurídica del Instituto de Protección al Ahorro Bancario IPAB (el mismo que ahora tendrá que rescatar a los 580 mil 774 ahorradores), Margarita de la Cabada Betancourt.
Resulta francamente imposible como ésta exfuncionaria, junto con Fernando Rodríguez Antuño (supervisor de grupos e intermediarios financieros), no denunciaron en sus reportes mensuales de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores los malos manejos que los directivos-dueños de FAMSA realizaban en perjuicio de sus ahorradores, y que eran a todas luces motivo para revocar de inmediato la licencia de Intermediario Financiero a dicho banco, y lo peor, ya conocido el ahogo del niño en ese pozo, ¿Cuántos otros bancos estarán igual que FAMSA, principalmente de aquellos que no son sucursales de los grandes trust internacionales como BBVA, Citibanamex, Scotiabank, Santander etc., y a cuántas centenas de miles de mexicanos más no se llevarán entre las patas con sus ahorros y pequeñas inversiones?, tomando en cuenta que el IPAB podría rescatar a unos cuantos, pero no a la totalidad de los defraudados con recursos provenientes de los depósitos que recibe mensualmente por parte de las instituciones de banca múltiple, con la mitad exclusivamente de sus reservas, y con los dineros que capture por la liquidación de todos los activos de FAMSA banco, aunque no de las tiendas-mueblerías.
¿Otro Fobaproa en puerta?
No del tamaño que vivimos en 1994, cuando las pérdidas económicas fueron de alrededor de 400 mil millones de dólares en reservas, y el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León decidió socializar las perdidas (hacerlas deuda pública); cuanto que eran pérdidas privadas, con un costo aproximado de 500 mil millones de pesos, en un plazo de 35 años (todavía seguimos pagando con nuestros impuestos).
De no actuar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con energía, obligando a todos estos intermediarios financieros (bancos), a fin de que les den un buen uso a los recursos ahorrados por sus clientes, aplicándoles todo el peso de la ley, si no, podría suscitarse un nuevo colapso bancario que pondría en peligro toda la economía del país, de suya dramática por la recesión que estamos viviendo.
¡Basta ya que el gobierno federal siga consintiendo a los banqueros enriquecerse con el ahorro del pueblo!
México permite a los bancos extranjeros (Santander, Bancomer, Citibanamex etc.), cobrar aquí, 19% más altas las comisiones que en sus países sedes (18, 19 y 20% allá, contra 36-38-39 % acá, respectivamente).
¡Si un banco quiebra, que sus dueños paguen los costos y nunca más el pueblo de México!