Debido a la inmadurez y a la falta de oficio político de las principales cabezas de los poderes Legislativo y Judicial del estado, actualmente se está dando un choque de egos y de intereses de grupo entre el diputado morenista Juan Javier Gómez Cazarín, presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXV Legislatura local, y la magistrada Sofía Martínez Huerta, quien preside el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE).
 
El motivo de la confrontación es por la disputa de las magistraturas que están por quedar vacantes, ya que algunos togados que están por cumplir sus periodos originales de diez años ya no serán ratificados por otro lustro más como lo contempla la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, y a otros se les pretende aplicar indebidamente de manera retroactiva la reforma constitucional que en julio de 2017 promulgó el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, la cual establece como “motivo forzoso” la jubilación a los 70 años de edad.
 
Según ha trascendido, la magistrada Martínez Huerta se queja del presunto “intervencionismo” del líder de la bancada de Morena en el Congreso local, quien aliado con el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, pretendería imponer a los nuevos magistrados.
 

Pero la presidenta del TSJE parece olvidar no sólo cómo de juez fue promovida en octubre de 2019 a magistrada y luego, mes y medio después, impuesta como titular del Poder Judicial gracias a la operación política que desde los palacios de Gobierno y del Legislativo se hizo para persuadir a su par Edel Álvarez Peña que declinara reelegirse como presidente por tres años más.
 
Aunque aparentemente el grupo mayoritario del Congreso local estaría incurriendo en excesos que inclusive podrían llevar a la presidenta del PJE a solicitar el apoyo de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia e inclusive hasta a promover una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cierto es que refleja también la confrontación política que ha venido arreciando entre los mismos grupos internos del partido en el poder.
 
Y es que para nadie es desconocida la estrecha relación personal que existe entre la magistrada Martínez Huerta y la exsecretaria de Trabajo, Guadalupe Argüelles, quien hasta antes de incorporarse a la administración del gobernador Cuitláhuac García también venía ejerciendo como juez.
 

La cercanía entre ambas es tal que el hijo de la presidenta del TSJE, Guillermo Benjamín Díaz Martínez, colaboraba con Argüelles como presidente de la Junta Local de Conciliación y Trabajo del estado.
 
Es más, hace tres meses, a finales de abril, ante la intempestiva renuncia de Argüelles por el escándalo mediático que originó su hijo Efrén Rogelio Cárdenas –detenido en Chicontepec en estado de ebriedad y con droga en un vehículo oficial, incidente cuya difusión atribuyen a funcionarios confrontados con Gonzalo Vicencio, segundo esposo de la exsecretaria que le disputa la dirigencia estatal de Morena a Esteban Ramírez Zepeta, el candidato oficial de Palacio de Gobierno–, el vástago de la magistrada Martínez Huerta subió una foto a su perfil de Facebook manifestándole su apoyo a la exfuncionaria con la frase: “Estamos contigo Lupita”.
 
A su vez, la magistrada le dio un “me gusta” a la publicación de su hijo, el cual, además del mensaje “EstamosContigoLupita”, opinaba que el gobernador Cuitláhuac García no debía exigirle la renuncia a la secretaria del Trabajo sólo por este incidente protagonizado por el vástago de Argüelles.
 

¡EXPLOTÓ LA BOMBA!
 
Este miércoles, como ya se veía venir, explotó la bomba en el Tribunal Superior de Justicia.
 
Sin decirle “¡agua va!” a la presidenta del TSJE, el Consejo de la Judicatura se reunió a espaldas de Martínez Huerta para destituir a buena parte de su estructura administrativa que había llegado con ella al Poder Judicial hace apenas poco más de siete meses.
 

Según las versiones que corrieron ayer, no sólo se montó un aparatoso operativo policiaco para sacar del edificio del Poder Judicial a los exfuncionarios afines a Martínez Huerta, sino que además el encargado de esta sorpresiva maniobra fue ni más ni menos que el magistrado Humberto Oliverio Hernández Reducindo, representante del Poder Legislativo ante el Consejo de la Judicatura.
 
Lo más vergonzoso es que a la presidenta del TSJE le quitaron hasta a su nuera Mayra Angélica Martínez Juárez, la pareja sentimental de su hijo Guillermo Benjamín Díaz Martínez, una prepotente mujer que venía desempeñándose como Secretaria de Acuerdos del Consejo de la Judicatura. Igualmente sacaron al Director General de Administración, Hernán García Sobrevilla, y a la Subdirectora de Recursos Humanos, Rosa María Jiménez Abud.
 
¿Después de semejante humillación, ya sin el control administrativo del Poder Judicial ni el respeto de la mayoría de los magistrados, continuará doña Sofía en la presidencia del TSJE o renunciará por dignidad?
 

¿Acaso esperará hasta 2021 para jubilarse a los 70 años de edad?