El panorama económico del país es tan grave, que pronto miles de mexicanos pasarán de la pobreza a la miseria y de ahí el pueblo bueno, que lo aguanta y aprueba todo, a la mendicidad, mientras que el pueblo malo se inclinará al robo, al asalto, al fraude, al despojo y al crimen en general para lograr algo que les permita sobrevivir y los neutros a cuidarse, a trabajar y a seguir soñando con la democracia, la justicia y la libertad.
 
Los efectos de tan difícil situación aún no se ven, porque inteligentemente se están escondiendo en un ilusionismo que asegura la pronta recuperación, aun cuando los indicativos muestran todo lo contrario.
 
2.1 millones de empleos formales perdidos, sin embargo en una encuesta celebrada por el Inegi, reveló que 12.5 millones de personas perdieron su empleo en abril, esta cifra no fue tomada en cuenta para calcular la tasa de desempleo porque se consideró que no forman parte de la población económicamente activa, al no buscar trabajo por el aislamiento. El producto interno bruto en alarmante descenso, (12.5%). El turismo deprimido, las divisas ausentes. La inversión extranjera emigrando a otros países, la deuda nacional creciendo. Y el empleo en muy lento aumento. Pemex a punto de obtener su acta de defunción con la producción de petróleo más baja en varios años. Una ola de violencia imparable y para rematar, un enfermizo pavor al contagio o a morir por la temible pandemia del coronavirus con casi 600 mil contagiados y 62 mil muertos y, el broche, el inminente triunfo del partido demócrata en los Estados Unidos, a quien tanto hemos estado agrediendo y cuyas ofensas las cobrarán muy caras.
 

En lo individual, miles de empresas en la quiebra absoluta, millones de familias endeudadas con los bancos, con sus tarjetas vencidas sin posibilidades de obtener créditos, con los ahorros ya gastados, con los enseres empeñados con las casas de agiotistas, con los rentistas agobiándolos con la exigencia de pago de las rentas, la deuda del carro, la deuda de la casa, las deudas con las casas comerciales, con el pendiente de la luz, del agua, del teléfono y la canasta alimenticia menguada.
 
Todo esto tiene un costo político impredecible que fracturará las estructuras y proyectos de los partidos y gobiernos por muy sólidos que parezcan y, que no cabe duda, derrumbará figuras luminosas que ahora tenemos en el firmamento político y social brillando, ya con opacidades que con el tiempo se convertirán en nebulosos fantasmas, pidiendo perdón por su atrevimiento de engañar sobre el pésimo manejo de los males.
 
En su momento, el pueblo buscará a los culpables y los llevará a la picota, al juicio de las muchedumbres inconscientes, pero marchando ciegas buscando calmar su ira con venganzas insólitas, similares a las que ya está usando en contra de supuestos o verdaderos asaltantes y secuestradores, a quienes golpean con puños y patadas y que en el mejor de los casos dejan inconscientes y a veces asesinan de manera brutal y despiadada.
 

Aún no hemos visto gente desquiciada y neurótica en las calles desesperada por su agobiante situación, aún no tenemos suicidios masivos por el entrampe económico, todavía esperamos la salvación y el milagro que nos redima.
 
Los posibles culpables de la ahora pésima situación económica, no están totalmente en las administraciones anteriores que, aun con la rampante corrupción de la que ahora se les ha investido, hasta la entrega de cuentas de la anterior a la actual fueron aparentemente buenas, estábamos contagiados de optimismo y vislumbrábamos un buen futuro.
 
El declive se inició con las medidas administrativas en contra de las grandes obras de infraestructura como el aeropuerto de Texcoco y la cancelación de obras ya iniciadas, sumada la cancelación de contratos millonarios celebrados por el gobierno mexicano.
 

Pero en definitiva, lo que nos está hundiendo es la pandemia mundial en la que la única responsabilidad del gobierno es su manejo y por ello bien o mal, se le atribuyen todas las consecuencias que generarán satisfacción o conflicto.
 
El conflicto ya existe, los empresarios, los gobernadores, los presidentes municipales y cada uno quiere manejar los problemas a su manera, por primera vez obligados por sus necesidades y por sus posicionamientos políticos, los gobernadores dialogan con cortesía, pero con exigencias y suaves reclamos con el presidente.
 
El presidente López Obrador tiene un panorama muy claro de los tiempos futuros, sabe del desgaste que le impone el tiempo y de lo variable y de lo voluble que es la cambiante e inestable opinión pública, sabe muy bien que, si no debilita y acaba sin consideraciones a sus adversarios, estos no tendrán piedad de destruirlo si les da la oportunidad de hacerlo.
 

Sabe que la mafia que aspira al poder presidencial está compuesta por sus antecesores los ex presidentes, los gobernadores y presidentes municipales, los partidos de oposición, buen número de intelectuales, comunicadores y los empresarios que conforme a los tiempos actuales son responsables de grandes actos de corrupción, encontrándose por esa causa rodeados de un maléfico desprestigio, pero también sabe que están suficientemente blindados por la ley, porque de sus malas prácticas no existen pruebas que le permitan someterlos a los tribunales y encarcelarlos, lo que para sus fines de aplanarlos políticamente no es necesario.
 
No es ese el propósito de la consulta que pretende, porque si hubiera pruebas de delitos ya estaría actuando la Fiscalía General de la República, quien no necesita autorización de nadie para proceder, por el contrario, debe de actuar y para ello debe de cumplir con su deber legal y al no hacerlo incurre en responsabilidad.
 
Por ello, con todo el sentido de justicia y haciendo uso de la calidad moral y el poder que posee el Presidente, ha ventilado la idea de enjuiciar a los expresidentes por actos de corrupción, y para ello el Congreso de la Unión, que es quien debe de convocar a petición del Presidente o del treinta y tres por ciento de los miembros de cualquiera de las Cámaras, quienes como buenos compañeros de causa se han sumado y sin duda acordarán la solicitud que deberá de calificar la Suprema Corte de Justicia de la Nación y resolverá, previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta.
 

Una vez aprobada la constitucionalidad del tema de la consulta popular, la consulta convocada por el Congreso de la Unión, pasa al Instituto Nacional Electoral, quien se encarga de la organización, difusión, desarrollo, cómputo y declaración de resultados. Cuando la participación total corresponda al menos al cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales y para las autoridades competentes, lo que quiere decir que entonces sí es procedente el juicio, pero el 40% sería el equivalente a 36 millones de votantes no importando en qué sentido voten, pero si la mayoría vota por el sí, el juicio será una realidad.
 
Todos estamos pensando que como es un tema nacional, seriamos los ciudadanos quienes deberíamos solicitar la consulta popular, pero esto no es necesario dado que el Presidente o el 33% de cualquiera de las cámaras lo puede hacer y de hecho ya está acordado, pero no extrañaría que se fueran por la otra opción para que la gente lo pida, como quiere el Presidente, entonces tendrían que proponerlo el 2% (un millón ochocientos mil aproximadamente) de los ciudadanos inscritos en la lista nominal, con un proceso muy complicado organizado y supervisado por el INE, para lo que ya queda poco tiempo para hacerlo, pero además, una vez calificada la votación si no hay recursos interpuestos, solo en este caso la petición debe de ser calificada por la mayoría de ambas cámaras.
 
Ahora bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como garante de la legalidad, al calificar la constitucionalidad de la consulta deberá de aprobarla ya que la procedencia de un juicio no está prohibida en las causales de impedimento para hacerlo ya que establece claramente en el Articulo 35, fracción octava, párrafo 3o.-No podrán ser objeto de consulta popular:- la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ni las garantías para su protección; los principios consagrados en el artículo 40 de la misma; la permanencia o continuidad en el cargo de los servidores públicos de elección popular; la materia electoral; el sistema financiero, ingresos, gastos y el Presupuesto de Egresos de la Federación; las obras de infraestructura en ejecución; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá, previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta.
 

De ahí que todo depende de cómo se plantee y se fundamente la propuesta del Congreso a la Suprema Corte de Justicia de la nación.
 
Ahora bien, el supuesto temor de que la consulta se celebre conjuntamente con la elección (6 de junio) es un equívoco que debe de desecharse por infundado y por inconstitucional ya que el Articulo 35, fracción Vlll, Apartado 5 de nuestra carta magna establece: 5o. Las consultas populares convocadas conforme a la presente fracción, se realizarán el primer domingo de agosto, por lo que deben de ser en esta fecha en ninguna otra.
 
Para concluir, de aprobarse el llevar a juicio a los expresidentes, constituye una jugada política muy inteligente, pues si la crisis se profundizara como parece ser que sucederá y las fuerzas opositoras al Presidente quisieran promover y promovieran una consulta popular para la Revocación de Mandato del Presidente, ésta también debe de celebrarse el primer domingo de agosto y entonces tendríamos dos consultas el mismo día, el presidente lo sabe y como siempre, se juega el todo por el todo a sabiendas de que ganará y esto sería tan funesto para los vencidos y tan celebrado por los vencedores que se marcaría en la historia de la patria como el inicio de una nueva era. Por el bien de la causa.