El asesinato de un periodista constituye un atentado no sólo a la libertad de expresión sino al derecho a la información de una sociedad que intenta transitar a una vida democrática por la vía pacífica y dentro de los marcos del derecho. Una condición básica para transitar a mayores niveles de democracia participativa, no sólo electoral, es justamente una sociedad mejor informada, y un elemento fundamental para hacerla posible son los medios de comunicación y sus trabajadores, los periodistas. De ahí el enorme significado del asesinato del periodista Miguel Ángel López Velasco, columnista y reportero de nota roja del periódico más leído en el Puerto de Veracruz: Notiver, así como de su esposa Agustina Solana y su hijo Misael López Solana de 21 años y también trabajador de Notiver como reportero gráfico.

 

Dice el gobierno del estado que el asesinato de Milo –como se le conocía en el medio- no es un hecho aislado, sino que “es resultado de una circunstancia que ha propiciado el crecimiento de la delincuencia a nivel nacional”. Siendo así, ataquemos esa circunstancia para detener esta ola de violencia y baño de sangre nacional. Al menos hay un avance: reconocer que Veracruz no es sólo punto de paso de la delincuencia organizada, sino que ésta ya asentó sus células en nuestro territorio.

 

Y efectivamente no se trata de un hecho aislado, también el domingo 19, un día antes del artero asesinato de Milo y su familia en su domicilio mientras dormían (5:00 horas de este lunes 20), otro periodista de nota roja en el puerto de Veracruz, Cristino Méndez, de la Revista Testimonio, fue privado de su libertad por miembros del Ejército mientras esperaba a unos conocidos en la calle de Francisco Canal e Ignacio Allende. Los uniformados lo subieron a sus camionetas y lo golpearon a puñetazos en la cara y el estómago, hasta que verificaron con sus credenciales que sí era periodista como él sostenía, entonces lo regresaron al punto donde lo levantaron y sin más se retiraron (http//www.alcalorpolitico.com, 19/06/11). Esta alevosa agresión fuera de toda ley se da por “confusión” contra un periodista que por suerte la libró al traer consigo sus credenciales, ¿qué pasa cuando el agredido por “confusión” es un ciudadano cualquiera? De ahí el reclamo popular de regresar al Ejército a sus cuárteles.

 

Antes, los intocables eran sólo algunos poderes y algunos políticos, ahora los intocables están del otro lado, del lado de la delincuencia organizada, y si no pregúntenle a Jorge Hank Rhon o a Onésimo Cepeda. Hoy, los periodistas ya no pueden siquiera referir los hechos más visibles del acontecer cotidiano, porque hasta el más estúpido delincuente cibernético le amenaza. Algo está demasiado podrido y no hay más que responder por esta situación, corresponde entonces a Javier Duarte de Ochoa, en su calidad de ejecutivo estatal, encontrar la salida a esta grave problemática que pone casi en toque de queda a la entidad. Porque dígame usted amable lector si no ha escuchado a alguna persona cercana en su trabajo o en su comunidad decirle que ya no sale tan noche o ya no frecuenta algunos sitios por temor a ser víctima de un fuego cruzado, de un levantón por “confusión”, o de una violación a sus garantías individuales.

 

Los gobernantes y los políticos no pueden evadir su responsabilidad en esta “circunstancia” que nos coloca al borde de un estado de pérdida de garantías individuales; son ellos, los gobernadores, legisladores y líderes políticos de partidos muy bien identificados quienes han orquestado esta política del terror (si así se le puede llamar) y por tanto son corresponsables, así, corresponsables de esta “circunstancia” y su situación, tanto por abierta y hasta festivamente respaldar estrategias erráticas de combate a la delincuencia como por guardar silencio ante las injusticias económica, social y de impartición del derecho laboral y penal.