*¿Outsourcing gobiernista?
*La corona de la violencia
*En Orizaba cuidan a ricos
 
Referí en entrega anterior, la intención de abordar un tema que genera polémicas, el cual se deriva de las actividades realizadas al interior de las instituciones gubernamentales en prácticamente todas sus áreas y niveles, las cuales para determinados observadores, podrían ser calificadas como una tendencia similar al ahora de moda outsourcing, caso en el que se encuentran miles de empleados y funcionarios de ayuntamientos, gobiernos estatales e incluso en ámbitos federales, identificados como “empleados de confianza” al interior de instituciones gubernamentales, que con ciertas semejanzas a lo ahora decretado por el Gobierno actual, en torno a los trabajadores temporales en empresas “outsourcing”, se desempeñan en diversas áreas sobre todo en tareas municipales y estatales.
 

Muchos son los mexicanos y en el caso específico de nuestra entidad jarocha, los veracruzanos, que trabajan en calidad de “colaboradores o empleados de confianza”, quienes laboran en las diversas áreas de la administración pública en calidad de “eventuales”, que son ubicados en posiciones conforme a los intereses de los mandos, en sustitución de los que son despedidos ante los diferentes escenarios al interior de la estructura gubernamental, en los cuales son relevados por quien los colocó en dicha fuente laboral, o por quienes relevaron en el cargo a quien le había brindado el espacio laboral.
 
Pero a más de ello muchos son los que, de tal núcleo de trabajadores gubernamentales “sin plaza”, les aplican el adiós sin ninguna gratificación y mucho menos con apego a lo que las leyes marcan, sin derechos algunos porque no son pocos los que firmaron su renuncia desde que llegaron, misma que es resguardada por las respectivas áreas administrativas, lo que obviamente es muy apegado a la célebre expresión aquella de “comes y te vas”.
 
Y de verdad, no son pocos los trabajadores de confianza en los espacios gubernamentales, que prestan sus servicios bajo tales características que refieren cierto parecido con al outsourcing (o tantito peor) renglón laboral que la propia estructura del Gobierno Federal actual, califica como irregular y fuera de la Ley en los marcos del sector empresarial, lo que a simple vista o ante el ojo del buen cubero, como dicen los mexicanos: “En la casa del herrero, machetito de palo”.
 

Me comentaba un abogado experto en materia laboral, que la contratación temporal de cualquier obrero, profesionista o empleado en lo general, siempre ha representado una práctica enmarcada en los espacios de la legalidad, hecho que incluso es mayormente notorio cuando un alcalde y sus cuerpo de ediles de hecho “fueron contratados” para desempeñar su cargo por un tiempo determinado, lo mismo que sucede con un obrero de la construcción cuando es contratado hasta que el constructor lo determine, lo que incluso podría no referir un tiempo determinado.
 
En toda contratación existen penalizaciones clara o soterradamente especificadas, al margen de aquellas establecidas en las leyes laborales, pero al mismo tiempo podrían establecer fechas o circunstancias determinadas, que otorgarían originar la cancelación de la relación laboral “sin penalizaciones de por medio”, escenarios que se encuentran enmarcados en los rangos de legalidad de los acuerdos mutuos, si para ello no existen restricciones contundentes marcadas por las leyes.
 
Así las cosas, bien se podría referir (si le agregamos algo de imaginación y conjeturas al tema) que al interior de los ámbitos gubernamentales, en las administraciones municipales, estatales y federales, podría sugerirse la posible existencia de algo muy cercano, muy parecido, similar o hermanado al ahora oficialmente aborrecido outsourcing... Ello, porque los empleados no sindicalizados e incluso los funcionarios públicos que no son de elección popular, llegan y se van cuando lo decide el titular, al tiempo que al cumplir su etapa como tales, habrán de irse porque así lo establece el sistema gubernamental mexicano, en cierta contraposición a lo establecido en el marco de las leyes laborales.
 

El tema es tan claro y contundente, que ayer mismo el Presidente Andrés Manuel López Obrador, refirió que el Gobierno ha procedido hasta la fecha, en el mes de noviembre y diciembre de cada año al despido de trabajadores, para no ejecutar el pago de aguinaldo y otras prestaciones, pero ya iniciado el siguiente año volverlos a contratar, hecho que confirma lo ya referido en esta columna con anterioridad, pero que tal ilegítima práctica de muchos años atrás, ha ordenado cancelarla en respeto al trabajador y su beneficio en el marco de los derechos laborales.
 
Los casos de despidos de empleados aptos y productivos en los ámbitos de la administración pública, que por no ser sindicalizados son despedidos sin oferta de liquidación y en ocasiones ni posibilidades de recuperar su posición, e incluso no faltan a quienes desde el inicio en las labores burocráticas, les obligan a firmar su renuncia en muchos casos con la promesa del gobierno de reubicarlos en otro espacio ante la necesidad de disponer de su experiencia, lo que claramente podrían ser ejemplos no puntuales, pero sí semejantes, de las “altas y bajas” que se registran en el ahora excomulgado outsourcing, cuando de lo que se trata es de esquivar antigüedad y favorecer a otro aspirante que cuenta con las simpatías entre el nuevo grupo del poder, obviamente sin compromisos de antigüedad laboral.
 
Es indudable que en el México actual transitamos en una etapa de polémicas, contradicciones, aprobaciones y descalificaciones, que apuntan sobre un posible adelgazamiento del tejido social, que debe ser fortalecido antes de que afrontemos horizontes de mayor riesgo para la estabilidad y desarrollo del país.
 

Lo que se lee
 
Apuntes severos se dejan sentir ante la multitudinaria desaprobación de un elevado porcentaje de habitantes del sur del país, al igual que de amplios sectores del centro de la República, como resultado de las inundaciones de incalculables daños que afectan al campesinado de Tabasco, sectores desprotegidos que pudieron haber evitado los terribles daños a sus cultivos, propiedades e incluso viviendas y el riesgo de su propia vida, si en la presa que opera en ésa región no se hubieran abierto las compuertas, acción que según se escucha de los habitantes tabasqueños, se ejecutó para que las aguas de la lluvia no afectaran las obras de la refinería petrolera que se construye en la región tabasqueña, mientras que las autoridades sostienen que fue para evitar que Villahermosa fuera dañada por las aguas de la tormenta.
 
Severa polémica en puerta que seguramente marcará para bien o para mal, al actual sexenio presidencial y obviamente al Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha referido que las compuertas se abrieron para evitar daños en Villahermosa... Mejor proteger La Villa que los pueblos de las rancherías... complejo y polémico dilema, e insisto: tanto para bien como para mal, habrá de ser histórico.
 

Lo que se ve
 
Meses se llevan escuchando declaraciones emanadas en el sector oficial, sobre explicaciones por vía de las cuales se intenta “justificar lo que es injustificable...”
 
El tema de la violencia en Veracruz de tan elevados impactos que incluso ejecutan a quienes se desempeñan como Presidentes Municipales, desde luego que no es nuevo, pero, tampoco por tener orígenes desde tiempo atrás, es correcto y apropiado que las actuales autoridades persistan en que el virus de la violencia, es una pandemia social que ellos heredaron y que, por lo mismo, no es correcto el que se les presione por un pecado que recibieron.
 

Quienes actualmente se desempeñan en la función pública utilizaron la bandera de la violencia imperante en el Estado y el territorio nacional, para obtener sufragios en su favor y, claro que el escenario y el discurso les resultó de apreciada utilidad, de hecho la violencia existente fue la “joya antisocial” que pulió sus respectivas coronas...
 
Pero al asumir la responsabilidad del mando, “la corona” por ellos utilizada para subir al peldaño del poder, se ha convertido en lastre complejo de arrastrar, y aun mayor para extinguir, situación que de no ser atendida con efectividad luego de dos años de gobernanza, de continuar las cosas igual que antes como lo demuestra el reciente hecho de la alcaldesa asesinada, la población podría reaccionar, precisamente igual que antes en las próximas elecciones... Al tiempo y ya veremos.
 
Lo que se oye
 

Utilizar a policía para proteger a empresarios como lo realiza el alcalde de Orizaba Igor Rojí, es una acción correcta, lo incorrecto es que no utilice a otros policías para proteger a toda la ciudadanía en lo general, tanto así que la tranquilidad en el municipio orizabeño, bello pueblo mágico, se ha venido desgastando ante la angustia de prácticamente la totalidad de la población, tanto así que los empresarios lo saben y por ello solicitan la protección policiaca... Qué lástima que el alcalde Don Igor, no pueda brindar el mismo servicio en beneficio de toda la población... Ahí la dejamos.