*La extorsión capitalina
*Orizaba y Juan Manuel
*INE: blanco de atentado
 
El que últimamente con autorización de autoridades estatales, en tierras veracruzanas se advierta con recurrencia la invasión de áreas de seguridad de ámbitos municipales, por parte de elementos de la policía estatal, escenarios en los cuales “se arresta” a policías locales para ser trasladados a espacios de investigación e interrogatorios, con la finalidad de “evaluarlos” por parte de integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública de la Entidad y, por lo que se advierte de sobre los hechos, pareciera que tales prácticas resultan polémicas en el marco del contexto no sólo de niveles gubernamentales, sino de igual forma en el ámbito social en lo general, esgrimiéndose para ello diversos puntos de vista, que no resultan ajenos a reflexiones apegadas a nuestra realidad y, por lo mismo, inquietantes para los diversos estratos sociales en nuestro territorio veracruzano...
 

Verdad es que en los espacios de seguridad pública no resultan extraños escenarios tanto de ineficacia, como de tolerancia a cambio de prebendas; pero tales prácticas tradicionalmente se han arropado tanto en los espacios de seguridad municipales, como en los estatales e incluso los federales... Sin embargo, no por ello se podría sostener “que todos pecan” y, por lo mismo, todos se encuentran contaminados, al igual que entre la ciudadanía en lo general, no todos son proclives a violar las normas que conforman los valores de un buen ciudadano.
 
Que los elementos de la policía de cualquier municipio deban de ser periódicamente “evaluados” es recomendable, pero más que con la idea de sancionar a diestra y siniestra por los pecados cometidos, deben evaluarse en la búsqueda de prestarles apoyo, con la idea de corregir y evitar fallas en su comportamiento tanto personal como profesional, porque desde la perspectiva profesional y social, son los elementos de la policía municipal y de todos los niveles, los mayormente presionados, tanto por las prácticas de ciudadanos afectados por la egolatría de la auto-influencia económica y social, cómo en su vinculación incluso en espacios gubernamentales, hechos que refieren escenarios de llamadas severas de sanción por parte de “mandos superiores” e incluso sanciones, como resultado de actuar para imponer el orden ante el desorden causado por un “influyente” ciudadano.
 
Con regularidad los uniformados responsables de velar por el orden en los marcos municipales, se encuentran en su tarea cotidiana entre la espada y la pared, escenarios que forman parte de su habitual tarea, ello como efecto de una descomposición social en donde persisten “el poderoso caballero” que, por sí mismo, constituye una tendencia no meramente de rangos policiacos degradantes, sino que esa degradación se origina precisamente en el amplio ámbito del colectivo social, ciudadanos (incluyendo significativo número jóvenes) que exhalan en su entorno las agresivas referencias de su prepotencia, lo que con recurrencia debilita la capacidad de la apropiada respuesta de elementos de seguridad municipal, limitados (insisto) por prácticas cotidianamente replicadas en el contexto social y gubernamental.
 

Cierto, investigar a elementos de la policía debería ser un programa formal y cotidiano, pero no acuartelándolos bajo riguroso aislamiento e incluso distantes del contacto familiar (sobre todo de sus hijos) como si en principio fueran indiciados como criminales, porque nadie en México, ni siquiera un indiciado como criminal, debe de ser aislado de los derechos elementales que le asisten bajo tales circunstancias, partiendo del criterio que se arresta al indiciado de un delito, no a un cuerpo policial del que “se supone” que “podrían formar parte de la delincuencia”, mismos que a su vez quedan en estado de indefensión.
 
Las leyes por sí mismas, refieren que ningún ciudadano debe quedar en “estado de indefensión”, mucho menos si se trata de evaluación en torno a su conducta como servidor público y, los policías forman parte del más complicado servicio a la colectividad.
 
Ahora bien, si existieran indicios de alguna irregularidad, la interrogante sería si todos los policías trasladados al cuartel policiaco de Xalapa, están realmente involucrados en dichos escenarios, lo que en realidad refiere complejidades que polemizan aún en mayores dimensiones las referencias sobre el tema.
 

Obligado es referir que en tierras veracruzanas “los cuartelazos” de cuerpos policiacos, ya se convirtieron en una práctica habitual, no faltan quienes apuntan que forman parte de las acciones protagónicas gubernamentales, para dotar de notoriedad a campañas contra las tendencias delincuenciales, pero bajo tal argumentación lo lamentable e incongruente, es que se proceda en marcos de ilegalidad, para supuestas búsquedas de una mayor legalidad.
 
Lo que se lee
 
Denigrante y por lo mismo vergonzante es el actuar de las autoridades en la metrópoli identificada como la Ciudad de México, capital de la República, que “trabajadoras y trabajadores sexuales” realicen marchas y plantones exigiendo el freno a la extorsión (que de común acuerdo con determinados hoteleros) aplican cotidianamente funcionarios de la capital del país o, de lo contrario, se procede a la persecución y encarcelamiento de quienes se niegan a cumplir con las extorsión tanto en abierto, como cínicamente aplicada.
 

Las protestas de ese sector se están convirtiendo en cotidianas y constituyen un reflejo no sólo enmarcado en la degradación social, sino por lo que señalan quienes realizan tales actividades, de la degradación en los renglones de seguridad y de la administración pública, todo ello en los espacios de la Cuarta Transformación... ¿Y así continuará?
 
Lo que se ve
 
Les asiste la razón a los especialistas en el rejuego de la vida política orizabeña, al referir (como lo hace el analista Gilberto Haaz Diez) que la contienda electoral para alcanzar la Presidencia Municipal de la ahora bella Ciudad de Orizaba, con todo y lo que se diga o haga en la remozada “ciudad de las aguas alegres” por parte de los aspirantes a Presidente Municipal, realmente complejo será desbancar de las preferencias electorales al ameritado exalcalde Juan Manuel Diez Francos, empresario orizabeño y siempre polémico funcionario público, que es el iniciador, junto con el pueblo de Orizaba y las aportaciones de otros alcaldes impulsados por el propio Diez Francos, de una ciudad que ha agigantando su esplendor no sólo en imagen y excelentes obras públicas, sino incluso en la conformación de un conglomerado ciudadano que respeta y se siente orgulloso de su “transformada” ciudad, en la que ahora se sugiere por doquier: “Sonría: Usted está en Orizaba”.
 

Claro que existen competidores de notoria presencia como Víctor Castelán y Fidel Kuri, seguidos por Ada Marcela González, pero especialistas en el tema como lo es Gilberto Haaz, difícilmente fallan en sus pronósticos, sobre todo en el renglón de la actividad política orizabeña.
 
Lo que se oye
 
Y de dónde surge el discurso que el Instituto Nacional Electoral es contrario a lo que ordenan los electores y las leyes que lo rigen, cuando quienes hoy lo descalifican desde la cúpula del poder, se encuentran en ese sitio porque los electores así lo decidieron y el INE así lo acreditó...
 

¿Acaso se debería de meditar que esos escenarios donde arrolló electoralmente la Cuarta Transformación, fueron mañosamente creados por el INE, o así lo ordenó el electorado y el INE cumplió con puntualidad?
 
La campaña actual contra el órgano rector de procesos electorales más prestigiado en la historia de México, no tiene fundamento alguno, carece de todo escenario realista, que no sea la factible pretensión de que quienes intentan “transformarlo” para que, precisamente dicha Institución no sea respetuosa de lo que dicte a futuro el electorado, por vía de su sufragio... No de otra forma se podría interpretar la clara campaña descalificadora, que agrede públicamente a una de las instituciones mayormente acreditadas por el colectivo social, en la historia del México de nuestros días... Ahí la dejamos.