16 de junio de 2021
alcalorpolitico.com
Los veracruzanos en edad de votar –y la ciudadanía mexicana en general– todavía no se reponen del bombardeo propagandístico de la reciente jornada electoral cuando ya están por ser convocados, dentro de cinco semanas, a otro costoso e innecesario ejercicio democrático: la consulta popular para determinar si se enjuicia o no a los últimos cinco ex Presidentes de la República, desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto.
Dada la crisis económica del país y la presionada situación financiera del gobierno federal, ¿no sería más congruente exigirle a la Fiscalía General de la República (FGR) que si tiene elementos suficientes para proceder penalmente contra los ex mandatarios del PRI y PAN lo haga ya sin necesidad de organizar este inútil ejercicio de participación ciudadana que costará al Instituto Nacional Electoral (INE) 522 millones de pesos de recursos propios?
Y es que después de que ni la Secretaría de Hacienda, ni la Cámara de Diputados y tampoco la Suprema Corte de Justicia de la Nación atendieron su llamado de recibir más financiamiento, el INE deberá organizar esta primera consulta popular con sólo la tercera parte de los mil 499 millones de pesos originalmente presupuestados debido a la reducción proporcional de las dimensiones que tuvo la pasada elección federal. Así, de las 162 mil 570 urnas que se instalaron el domingo antepasado, en la consulta de agosto próximo sólo se prevé instalar 57 mil mesas de recepción, y de un millón de funcionarios de casilla que participaron en los comicios, en este ejercicio solamente habrá 170 mil, mientras que las papeletas se elaborarán sin papel seguridad.
Este carísimo “show” político-judicial contradice lo dicho este martes por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien al anunciar que próximamente propondrá tres reformas constitucionales, mencionó precisamente que una será “para hacer una limpia en el INE”, que garantice “una verdadera democracia y que al frente estén funcionarios demócratas y objetivos”. López Obrador afirmó que el órgano electoral federal no puede seguir manejando un presupuesto de 20 mil millones de pesos para elecciones y partidos, porque “el país no está para eso…”, además de que se pronunció por eliminar las 200 diputaciones plurinominales así como los 32 escaños de Representación Proporcional en la Cámara de Senadores.
Pero no estaría por demás que también se establecieran más candados legales para la conformación de nuevos partidos, pues en esta elección federal dejaron pasar a tres fuerzas políticas nacionales emergentes que no alcanzaron el 3 por ciento de la votación total que como mínimo exige la ley electoral para mantener el registro.
Sin embargo, para este 2021, los partidos Encuentro Solidario (PES), Redes Sociales Progresistas (RSP) y Fuerza Social por México (FSM) recibieron del INE financiamiento público por 158.8 millones de pesos cada uno, aparte de otros 15 y 18 millones que respectivamente obtuvieron en el último trimestre de 2020, más los cerca de 5 millones de pesos que sus dirigencias estatales recibieron en Veracruz del Órgano Público Local Electoral (OPLE), junto con los partidos veracruzanos ¡Podemos!, Unidad Ciudadana, Partido Cardenista y Todos por Veracruz, que también perdieron su registro al no alcanzar el 3 por ciento de la totalidad de votos.
MUNICIPIOS INDEFENSOS
Después de la evidente intromisión de grupos del crimen organizado en las recientes elecciones locales, francamente cayó como cubetazo de agua helada la declaración del secretario de Seguridad Pública del estado, Hugo Gutiérrez Maldonado, quien entrevistado por la reportera Claudia Montero, del diario digital Al Calor Político, dijo que los de los 7 mil policías municipales que hay en Veracruz –la mitad de los que se requieren en la entidad–, solamente 189 ¡están capacitados o certificados!, esto es, apenas el 2.7 por ciento.
Ya de armamento y equipo, mejor ni hablar. ¿Así cómo van a enfrentar a los grupos delincuenciales que en varios municipios impusieron candidatos y los hicieron ganar en los comicios del domingo antepasado? Sobra decir que las policías municipales sólo servirán para seguir deteniendo a borrachitos y vigilar las cadenas de tiendas de conveniencia.
Dada la crisis económica del país y la presionada situación financiera del gobierno federal, ¿no sería más congruente exigirle a la Fiscalía General de la República (FGR) que si tiene elementos suficientes para proceder penalmente contra los ex mandatarios del PRI y PAN lo haga ya sin necesidad de organizar este inútil ejercicio de participación ciudadana que costará al Instituto Nacional Electoral (INE) 522 millones de pesos de recursos propios?
Y es que después de que ni la Secretaría de Hacienda, ni la Cámara de Diputados y tampoco la Suprema Corte de Justicia de la Nación atendieron su llamado de recibir más financiamiento, el INE deberá organizar esta primera consulta popular con sólo la tercera parte de los mil 499 millones de pesos originalmente presupuestados debido a la reducción proporcional de las dimensiones que tuvo la pasada elección federal. Así, de las 162 mil 570 urnas que se instalaron el domingo antepasado, en la consulta de agosto próximo sólo se prevé instalar 57 mil mesas de recepción, y de un millón de funcionarios de casilla que participaron en los comicios, en este ejercicio solamente habrá 170 mil, mientras que las papeletas se elaborarán sin papel seguridad.
Este carísimo “show” político-judicial contradice lo dicho este martes por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien al anunciar que próximamente propondrá tres reformas constitucionales, mencionó precisamente que una será “para hacer una limpia en el INE”, que garantice “una verdadera democracia y que al frente estén funcionarios demócratas y objetivos”. López Obrador afirmó que el órgano electoral federal no puede seguir manejando un presupuesto de 20 mil millones de pesos para elecciones y partidos, porque “el país no está para eso…”, además de que se pronunció por eliminar las 200 diputaciones plurinominales así como los 32 escaños de Representación Proporcional en la Cámara de Senadores.
Pero no estaría por demás que también se establecieran más candados legales para la conformación de nuevos partidos, pues en esta elección federal dejaron pasar a tres fuerzas políticas nacionales emergentes que no alcanzaron el 3 por ciento de la votación total que como mínimo exige la ley electoral para mantener el registro.
Sin embargo, para este 2021, los partidos Encuentro Solidario (PES), Redes Sociales Progresistas (RSP) y Fuerza Social por México (FSM) recibieron del INE financiamiento público por 158.8 millones de pesos cada uno, aparte de otros 15 y 18 millones que respectivamente obtuvieron en el último trimestre de 2020, más los cerca de 5 millones de pesos que sus dirigencias estatales recibieron en Veracruz del Órgano Público Local Electoral (OPLE), junto con los partidos veracruzanos ¡Podemos!, Unidad Ciudadana, Partido Cardenista y Todos por Veracruz, que también perdieron su registro al no alcanzar el 3 por ciento de la totalidad de votos.
MUNICIPIOS INDEFENSOS
Después de la evidente intromisión de grupos del crimen organizado en las recientes elecciones locales, francamente cayó como cubetazo de agua helada la declaración del secretario de Seguridad Pública del estado, Hugo Gutiérrez Maldonado, quien entrevistado por la reportera Claudia Montero, del diario digital Al Calor Político, dijo que los de los 7 mil policías municipales que hay en Veracruz –la mitad de los que se requieren en la entidad–, solamente 189 ¡están capacitados o certificados!, esto es, apenas el 2.7 por ciento.
Ya de armamento y equipo, mejor ni hablar. ¿Así cómo van a enfrentar a los grupos delincuenciales que en varios municipios impusieron candidatos y los hicieron ganar en los comicios del domingo antepasado? Sobra decir que las policías municipales sólo servirán para seguir deteniendo a borrachitos y vigilar las cadenas de tiendas de conveniencia.