Desde la semana anterior, mediante inserciones pagadas, la diputación federal del partido Morena ha venido publicando en la portada del diario La Jornada, el más afín al régimen de la 4T, una serie de mensajes para motivar a la ciudadanía a participar en la consulta popular del próximo domingo 1° de agosto “para llevar a juicio a los ex presidentes”, cuando la pregunta aprobada por los ministros de la Suprema Corte fue redactada en un sentido más amplio: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.
 
En la edición de ayer del diario capitalino publicaron este mensaje: “¡A votar! ¿Sabías que en 2006, en San Salvador Atenco, policías federales y estatales mexiquenses detuvieron ilegalmente a unas 200 personas, agredieron sexualmente a 26 de las detenidas y mataron a dos jóvenes? Enrique Peña Nieto, entonces gobernador del Estado de México, y Vicente Fox, que era presidente, enviaron contingentes policiales para reprimir a los pobladores que protestaban por la injusta expropiación de sus tierras para la construcción de un aeropuerto. Las comisiones Nacional e Interamericana de Derechos Humanos documentaron un patrón sistemático de torturas, violaciones, allanamiento y otros delitos graves, pero sólo 6 policías fueron acusados formalmente y ningún otro responsable de los hechos fue llevado a juicio. Este 1° de agosto es la consulta para llevar a juicio a los ex presidentes.”
 
Pero este caso, en el que fue implicado el ex gobernador panista de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, quien en ese entonces se desempeñaba como subsecretario de Seguridad Pública federal en el gobierno de Fox Quesada, sospechosamente no ha avanzado en la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador pese a que hace dos años y medio fue emitida la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) por las graves violaciones a garantías fundamentales en San Salvador Atenco, por lo que el Estado mexicano continúa en desacato y sólo ha cumplido dos de las nueve medidas de reparación ordenadas por el tribunal internacional.
 

Hace casi tres meses, a principios de mayo pasado, los abogados y las mujeres víctimas de tortura sexual durante estos operativos policiacos de hace 15 años, explicaron que la Coridh ordenó al Estado mexicano investigar a fondo a todos los responsables, a nivel estatal y federal, y profundizar en la cadena de mando; realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad; fortalecer el Mecanismo de Seguimiento a Casos de Tortura Sexual contra Mujeres; crear un Observatorio Independiente de Monitoreo en el Uso de la Fuerza; tratamiento médico y sicológico para las víctimas; cubrir los costos y gastos que ha significado el proceso de la organización civil acompañante; indemnizar y publicar la sentencia en medios impresos y digitales.
 
Pero si la Fiscalía General de la República ni siquiera ha procedido contra Yunes Linares por esta y otras denuncias penales interpuestas contra él, ¿la FGR se atreverá realmente a enjuiciar a los ex presidentes? Para aplicarles la ley no necesitan gastar más de 500 millones de pesos en esta consulta popular.
 
DEFIENDEN AL ‘GALLO BOLO’
 

Amigos y familiares de Ernesto Cuevas Hernández, subprocurador de Medio Ambiente, salen en defensa del ex alcalde de Juchique de Ferrer, pues este fin de semana, a raíz del atentado del que fue víctima la noche del pasado viernes, su nombre ha sido implicado junto con el del procurador Sergio Rodríguez Cortés en presuntos actos de corrupción y extorsiones contra algunas empresas que habrían violado la ley ambiental.
 
El estado de salud del famoso “Gallo Bolo” se reporta oficialmente como grave, pues recibió un balazo en la cabeza, motivo por el que en las redes sociales y publicaciones digitales se había difundido precipitadamente la falsa versión de su fallecimiento, el cual desmintió esa misma noche el gobernador Cuitláhuac García.
 
Por el momento, el funcionario no se puede defender de las imputaciones que le vienen haciendo. Habrá que esperar a que esté en condiciones de responder y hacer efectivo su derecho de réplica. Sería lo justo.
 

Sin embargo, la gran interrogante es quién o quiénes, y sobre todo por qué, trataron de asesinar al “Gallo Bolo”.