Desde hace una semana circula en redes sociales una denuncia en contra de Ana Toledo, ex candidata de la alianza PAN-PRI-PRD a la alcaldía de Jesús Carranza, quien es acusada de que en compañía de su esposo Rafael Velasco y una turba que los acompañaba, irrumpieron violentamente en el hogar de Karen “N”, a la cual amagaron con un arma de fuego, la torturaron, le cortaron el cabello y la bañaron con chile habanero, en represalia por la relación extramarital que había sostenido un año antes con el marido de la aspirante a la presidencia municipal, con quien procreó un bebé de apenas tres meses de nacido.
 
“Esto te pasa por robamarido”, le gritó Toledo a su rival de amores, según la versión de la propia víctima y su actual pareja sentimental Gustavo Galmiche Canseco, los cuales denunciaron también que la ex candidata de oposición los amenazó y les dio unas horas para que se fueran del poblado.
 
La mujer agredida y su pareja aseguran haber presentado denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado, pero hasta el momento dicen ignorar si la FGE ya consignó el expediente a un juez de lo penal. Ambos reclaman justicia.
 

Afortunadamente este caso no tuvo las trágicas consecuencias de otros atentados que han sufrido al menos otras 24 mujeres que en las últimas dos décadas han sido atacadas con ácido en México, una manifestación extrema de la violencia feminicida que activistas, víctimas e integrantes de la sociedad civil coinciden en que ha crecido en los últimos años en el país. En 2021, por ejemplo, fueron registrados tres casos, uno de ellos en Veracruz.
 
El caso más reciente sucedió el 21 de abril de este año, en La Pagua, una ranchería del municipio de Colipa, en la sierra central de Misantla, donde una mujer salió de su domicilio rumbo a la tienda de la comunidad y fue agredida por una persona identificada como Reyna “N”, quien la acusó de mantener una relación con su ex esposo. Tras el ataque, la víctima perdió un ojo.
 
Las autoridades en México sólo reconocen oficialmente seis casos, pero la sobreviviente y activista Carmen Sánchez declaró al diario El Universal que las organizaciones feministas tienen registrados 24 casos de ataques de ácido contra mujeres en los últimos 20 años. La investigadora Ximena Canseco y la doctora en derecho Citlallic Vizcaya, por su parte, afirman que podría haber más, pues a menudo quienes sufren las agresiones no denuncian y muchos de estos ataques permanecen en el silencio y son invisibles.
 

Según la investigación del diario capitalino, de todos los códigos penales en el país solamente los de Baja California Sur y Oaxaca tipifican como delito autónomo el ataque de ácido contra las mujeres. En esta última entidad, la reforma surgió luego de la agresión contra la saxofonista María Elena Ríos, en septiembre de 2019, presuntamente ordenado por el ex diputado y empresario gasolinero Juan Vera Carrizal. Fue el primer caso de este tipo en Oaxaca.
 
En cambio, Aguascalientes, Colima, Ciudad de México, Guerrero y Estado de México contemplan los ataques con ácido como agravantes del delito de lesiones, mientras que 14 entidades consideran como agravante el uso de cualquier sustancia nociva para la salud, pero no mencionan como tal el ácido o una sustancia corrosiva.
 
Los dos estados restantes ni siquiera consideran al ácido como un agravante.
 

EL CASO NÁCAR
 
El caso de Ángel Gabriel Nácar Esparza, ejecutado el miércoles 14 de julio en la cafetería Starbucks de la plaza comercial Zentralia, en la colonia Los Picos, en Iztapalapa –tema que abordamos en este espacio la semana anterior–, no lo inventamos nosotros. Existe una carpeta de investigación, la número FIEDH/2/UI-1C7D/00238/07-2021, en la que agentes de la Fiscalía de la Ciudad de México consignan que al realizar una inspección del cadáver, encontraron que el sujeto portaba entre sus pertenencias una credencial expedida por el Gobierno del Estado de Veracruz, que lo acreditaba como elemento de la policía estatal.
 
Luego de que se hiciera el levantamiento del cuerpo, los agentes constataron que se trataba de un policía activo y que presuntamente se había tomado unos días para estar en la capital del país, en donde sus agresores lo ejecutaron.
 

Descartaron el robo como móvil porque de acuerdo con los testimonios y evidencias recogidas, los homicidas llegaron directamente hasta él y comenzaron a dispararle en repetidas ocasiones con un arma 9 milímetros.
 
La principal línea de investigación que iniciaron las autoridades capitalinas fue acerca de las actividades de Nácar Esparza, quien se encontraba en la Ciudad de México presuntamente de descanso. Sin embargo, lo cotejado por los agentes indica que el elemento de la Secretaría de Seguridad Pública estaba relacionado con actividades ilícitas en Veracruz.
 
Tan, tan.