1.- Y es obvio: La resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para reasignar las diputaciones plurinominales federales y alcanzar la paridad de género, hizo estallar el polvorín de proyectos y detonó un debate en el Instituto Nacional Electoral (INE); lo mismo entre consejeros y representantes de partidos sobre el fundamento legal de la disposición, que sobre politólogos.
 
Y aunque el marcador fue de 11-0 hay razones de peso para ello:
 
Si bien es cierto que el acuerdo se votó por unanimidad, lo es también que las posturas chocaron: Parcialidad de consejeros celebraron la interpretación de los magistrados para favorecer la integración paritaria y, por el contrario, otros la condenaron porque, concluyeron, el fin no justifica los medios, al destacar que es muy cuestionable el fundamento legal para lograrlo.
 

La consejera Carla Humphrey reivindicó la validez de la interpretación constitucional para favorecer la paridad total en la Cámara de Diputados, y no estuvo de acuerdo con algunos Consejeros del INE: “la aplicación de reglas de ajuste en la asignación de representación proporcional con el objeto de lograr la integración paritaria entre géneros está justificada cuando se traduce en el acceso de un mayor número de mujeres, dijo (...) La paridad en todo llegó para quedarse, atrás quedan años de discriminación, resultado del Estado patriarcal que por siglos nos negó el papel que por derecho nos corresponde”.
 
Por otra parte, Dania Ravel fustigó los fundamentos jurídicos, “...porque se trató de una sentencia que de origen objetaba el presunto incumplimiento de las disposiciones de la reforma constitucional que obligaba a los partidos a alternar el orden de sus listas en cada proceso electoral, a fin de que en una elección comenzara con hombre y la siguiente con una mujer...” deja Lo que no se hizo.
 
El TEPJF, fundado en la ficción, dejó de lado la litis original del recurso, y en una insólita decisión, prefirió avanzar en la paridad de género, involucrando al Partido Verde, cuyas diputaciones plurinominales no habían sido objetadas, y se optó por aplicar los ajustes en sus listas de manera indebida.
 

El Consejero Ciro Murayama fue más duro contra la sentencia a escasas horas de que se instale la Legislatura LXV.:
 
“...Sí, es un día histórico, porque es el día que con una sentencia con mucha superficialidad, se decide que la soberanía popular se va a alterar, y se introduce un criterio que el constituyente nunca metió en la Constitución, ni en la ley que es el derecho a magistrados y consejeros, de alterar listas que han sido votadas por la soberanía popular...”.
 
El PVEM, [Partido Verde Ecologista de México] fue el más crítico contra la resolución. “La verdad con todo respeto, consejeras, ¿qué festejar?, ¿qué festejar?, ¿que se violaron nuestros derechos?, ¿qué no fuimos oídos ni vencidos en juicio? Ni siquiera nos impugnaron a nosotros. En verdad, estamos llegando al punto de decirle a la ciudadanía que ya no vote por hombres que nada más vote por mujeres, porque sus votos no valen o no valen igual. La verdad estamos enojados, no entendemos como el máximo, máximo órgano jurisdiccional en materia electoral no respeta el derecho de ser oído. Esto, en verdad, no entendemos esa parte”.
 

Que esta resolución dejaría como lección para el futuro; sólo modificar lo modificable.
 
2.- Como que se ve difícil: Que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, que se reuniría ayer por la tarde, trace en su agenda de esta semana y definir si, “...como insiste Morena, mañana, después de la instalación del Congreso, se discuta la nueva ley federal de juicio político y declaración de procedencia...”
 
Como se recordará, hace dos semanas no se pudieron discutir en un periodo extraordinario, los dos temas, y que en su parte central reglamentarán el proceso para destitución del Presidente de la República, en caso de que “...además de traición a la patria, cometa delitos graves de los que ameritan prisión preventiva oficiosa...”
 

La presunta nueva ley, que abrogaría la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, reuniría en un solo ordenamiento: el proceso de juicio político y los desafueros.
 
Tiene novedades: Se mantiene la posibilidad de aplicar un juicio político al Presidente, ministros de la Corte, magistrados electorales, secretarios del gabinete, al fiscal, gobernadores, fiscales o procuradores estatales, y como novedad: se aplicaría a funcionarios de los órganos constitucionalmente autónomos.
 
3.- No se puede hacer de la política un circo: La demócrata Claudia Sheinbaum.
 

La jefa de Gobierno de la ciudad de México, respondió con un “no” tajante, a la solicitud de los alcaldes electos de remover a Martí Batres de la Secretaría de Gobierno, por ya sabe qué...