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El Tribunal Federal Electoral convalidó el triunfo de Layda Sansores San Román en el estado de Campeche, sin importar las pruebas que se aportaron para demostrar el dinero ilegal e ilícito que utilizó en su campaña, independientemente de otras que al final, los magistrados de ese máximo órgano ni siquiera las consideraron en su alegato final, como las miles de boletas electorales que nunca se encontraron dobladas, porque nunca fueron utilizadas por los sufragantes para cruzar su voto a favor de MORENA, y doblarlas para poderlas introducir a la urna, porque por la hendidura que éstas tienen, no pueden meterse como uno las recibe cuando los funcionarios de las casillas nos las entregan para votar.
 
Este último apunte que hago (de la doblez de las boletas electorales) ha servido para que, en anteriores procesos para elegir funcionarios de elección popular, autoridades electorales estatales o el mismo TRIFE, inclusive, hayan decretado la nulidad de esa elección, porque es sinónimo de que la boleta nunca pasó por la mano del ciudadano para que cruzara el partido de su preferencia, y luego doblarla para poderla introducir a la urna respectiva. Pero en esta ocasión, a pesar de ser miles de ellas, los y las magistradas se obnubilaron, no las vieron y pasaron por alto semejante fraude no al candidato de Movimiento Ciudadano, sino a la ciudadanía de aquel estado del sureste mexicano.

 
He afirmado en mis más de 33 años de articulista en los medios de comunicación en infinidad de ocasiones, producto, además, de las batallas electorales que di, antes contra el PRI-Gobierno, cuando éstos eran las autoridades electorales, y luego cuando se “ciudadanizaron los órganos electorales”, que el dinero ilegal e ilícito en una campaña es inocultable porque suda, hiede y deja rastro, pero en el caso Campeche al TRIFE le dio Covid-19 porque les quitó el olor y la oxigenación, dado que no quisieron seguir el rastro del hedor.
 
Sí, todos sabemos que las sentencias de un Tribunal Superior como el TRIFE son inapelables e inatacables en términos jurídicos; pero nunca serán inopinables e incuestionables en términos de la ética ciudadana, sobre todo en una sociedad como la nuestra, que tiene perfectamente claro que por un lado marcha la legitimidad, y por el otro, frecuentemente, en sentido contrario, la legalidad.
 
El fraude se ha consumado y Layda, sí, esa Layda que era alcaldesa de Álvaro Obregón, una municipalidad que se encuentra a 1,133 kilómetros de distancia, y a 15 horas con 38 minutos por carretera del estado de Campeche (es decir, que nunca tuvo residencia permanente en esa entidad), es ahora ya gobernadora constitucional de esa entidad, con la complacencia (de cómplices en el robo), de los y las magistradas del Tribunal Federal Electoral que, mientras sigan siendo elegidos a propuesta de los partidos políticos mayoritarios, seguirán convalidando fraudes electorales, acatando órdenes de los que los pusieron allí, y alineándose con el Presidente de la República en turno.

 
Todavía queda muchísimo camino que recorrer en materia electoral, ni duda cabe. No es hora de doblarse sino de acicatearse.