La noticia es buena: en diciembre, cuarenta y tres años después de expropiada, la reserva de San Pedro del Monte – en el municipio de Las Vigas donde nace el río Pixquiac, cuyas aguas se unen a las del Tillero, del San Andrés y del Matlacóatl, y forman el río de Los Pescados, que a su vez se une al Huitzilapan para formar el río de La Antigua – podría ser declarada zona natural protegida. Podría.
 
Ahí se acaba la buena noticia. En Veracruz hay veintiséis zonas naturales protegidas que abarcan casi ochenta y tres mil hectáreas, y si uno lee lo que dicen los decretos y las leyes que se han publicado en la Gaceta Oficial puede pensar que todo está bajo control, pero no. San Pedro del Monte es una reserva ecológica propiedad del gobierno del estado que han saqueado  los taladores durante quién sabe cuántos años sin que nadie haga nada por evitarlo.
 
Sin embargo hay asuntos más serios en el medio ambiente veracruzano. Por ejemplo, la Reserva de la Biosfera de Los Tuxtlas – donde hay lagos, lagunas, ríos, arroyos y humedales en los municipios de Ángel R. Cabada, Catemaco, Mecayapan, Pajapan, San Andrés Tuxtla, Soteapan y Tatahuicapan –, que ha perdido noventa por ciento de su superficie en veintitrés años, según el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados.
 

Ciento cuarenta mil hectáreas abandonadas al cambio de uso del suelo, a los asentamientos regulares e irregulares, a la ganadería intensiva, ante el nulo interés del gobierno del estado en practicar una gestión forestal sostenible. Hay más ejemplos de la ineficiencia institucional ante el serio peligro que corre el estado y quienes viven en él si no se atiende a tiempo y con recursos lo que se puede considerar como un desastre ambiental.
 
Al gobierno – federal y estatal – el medio ambiente le importa un cacahuate. PEMEX ha sido sancionado veintisiete veces en los últimos veinte años por daños a la naturaleza del estado. Es un contaminador pertinaz que, según la ley, tendría que ser sancionado con clausura definitiva según el artículo ciento doce de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
 
México tiene una larga y triste historia de irresponsabilidad en materia ambiental. Y así nos va a ir.
 

No hay planes para el medio ambiente
 
A finales de mayo me puse a buscar. Busqué el Plan Nacional de Desarrollo en los portales del gobierno de México, pero no había nada. Hallé el documento en un sitio que se llama AMLO. El término medio ambiente aparece una vez en el programa que ofrece la administración pública para el sexenio, y lo mismo pasa con la palabra ecología. La palabra desarrollo aparece cincuenta y nueve veces.
 
El Plan Veracruzano de Desarrollo menciona cinco veces al medio ambiente, aunque en cuatro de ellas se refiere a la Secretaría y no a propuestas o planes específicos para contrarrestar los efectos del cambio climático en el estado, pese a que la Universidad Veracruzana presentó en marzo del año pasado (yo estuve ahí y hablé sobre el tema) una serie de estrategias para la mitigación y la adaptación del estado ante el calentamiento global. Nadie hizo caso. Insisto: nadie hace caso nunca. Hasta que nos lleve a todos el carajo. Y no habrá responsables.
 

Desde el balcón
 
Aquí ya fue verano. También fue primavera una vez, hace tiempo, cuando era feliz la albahaca que ahora languidece en el balcón, y cuando eran verdes las hojas que ahora quieren ser amarillas.
 
El sol de septiembre tiene un calor guango y tranquilo, y uno refresca la memoria reciente, que tiene que ver con el escándalo de treinta y un analistas, profesores e investigadores universitarios, y ex funcionarios públicos a quienes la Fiscalía General de México acusa de lo peor: peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, lavado de dinero y delincuencia organizada, y de otros delitos que tal vez todavía no conocemos.
 

Los expertos legales repentinos dicen una cosa y otra, a favor y en contra. Lo que uno ve desde lejos es que dos jueces federales dos se han negado a emitir órdenes de arresto contra los treinta y uno. El juez adscrito al centro penal federal de alta seguridad en Almoloya señaló que los hechos imputados no podían analizarse mediante el derecho penal, y porque se estableció que la transferencia de recursos que el Conacyt entregó al Foro (...) "se realizó (sic) al amparo del contenido de los artículos (resic) 38 de la Ley de Ciencia y Tecnología vigente en la época de los hechos".
 
Parece que todos saben qué dice la acusación contra los treinta y uno, pero pocos la han leído, aunque no es necesario, porque la turba de las redes sociales y el santo oficio de las mañaneras han declarado ya que son culpables. Otros han decidido que no. Así cualquiera. Pero habrá que ver.
 
Uno desea que llegue la hora del aperitivo para servirse un whisky y ver cómo se mueven las ramas de los árboles con la brisa. En serio.