Hace once años había más de dos mil ochocientos millones de pesos en la reserva técnica del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz – que tenían que integrarse, invertirse y administrarse, dice la ley – para garantizar las prestaciones y servicios a los jubilados, y todo iba más o menos bien hasta que comenzó a desaparecer el dinero.
 
Nadie pudo explicar a dónde había ido, quién había recibido ese dinero en su cuenta (o quiénes, porque tanto dinero no cabe en pocas bolsas), ni quién había autorizado movimientos de fondos clasificados como préstamos al gobierno del estado. Durante ese tiempo fueron gobernadores los priistas Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa (confeso y convicto de asociación delictuosa y lavado de dinero), el panista Miguel Ángel Yunes Linares, y el morenista Cuitláhuac García Jiménez es gobernador ahora. Pero todavía no se sabe.
 
Hace cinco años, la coalición de pensionados independientes salió a protestar en el centro de Xalapa porque había retrasos en los pagos de pensiones y se encontró con la fuerza pública. Hay quienes todavía recuerdan las imágenes de los policías armados como para ir a la guerra empujando, y golpeando y humillando a los jubilados en plena vía pública.
 

Los jubilados presentaron una denuncia por las agresiones, y luego presentaron otra y otra y otra por el presunto pero evidente desfalco de la reserva técnica y los malos manejos que se dieron a millones y millones de pesos. Pasó un año, y dos y tres, y cuatro y cinco años. Y se sentaron a esperar. Siguen esperando.
 
La Fiscalía General del Estado no parece muy interesada en este caso porque – según Dolores Martínez Amilpa, presidente de la Coalición de Pensionados Independientes del Estado de Veracruz – "demoró tres años en designar peritos fiscales, y dos años más para contar con el dictamen pericial contable", pero no ha determinado si hay delito que perseguir.
 
Martínez Amilpa explicó que – según la secretaría de Finanzas – durante este gobierno la reserva técnica subió a unos mil seiscientos millones de pesos, poco más de la mitad de lo que había antes de que le metieran mano a ese dinero...
 

Tal vez ya es muy tarde para recuperar lo robado. Pero todavía hay tiempo y hay modo de llamar a cuentas a los responsables, pedirles que expliquen por qué hicieron lo que hicieron, que muestren documentos, que declaren bienes, que publiquen grabaciones y actas y aclaren en audiencia pública ante un juez lo que tenga que aclararse, aunque lo más probable es que no se aclare nada. Mucho depende de lo que haga la Fiscalía, que hasta la fecha no hizo gran cosa.
 
Durante el gobierno breve de Miguel Ángel Yunes Linares, el congreso estatal creó la Comisión Especial para la Verdad sobre la Deuda Pública, que descubriría de una vez y para siempre cuánto se perdió en los gobiernos anteriores, pero que terminó por disolverse porque el gobernador no le hizo caso y porque los diputados no ejercieron ninguna autoridad para que comparecieran quienes podían haber dicho cuánto se robaron, cómo lo hicieron, dónde fue a parar el dinero y quizá quién lo tiene.
 
Hasta la fecha nadie es responsable de nada. Nadie ha sido responsable de nada desde hace tanto tiempo, aunque oficialmente se hayan terminado la corrupción y la impunidad, y la Fiscalía cometa ultrajes a la justicia, poco a poco.
 

Desde el balcón
 
Ya hay hojas amarillas en los árboles, y las campanas de las escuelas volvieron a sonar a las horas de siempre. El otro día amaneció envuelto en una neblina pertinaz, y terminó lleno de sol y brisa, condiciones propicias para pensar en el poder Judicial de Veracruz. Así que uno fue y pensó.
 
A finales de septiembre, doña Isabel Romero Cruz, magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, anunció que había dos jueces separados de sus funciones y pronto iban a separar a otro, "pero varios más ya están fuera y tres o cuatro al verse copados renunciaron". Hubo quienes aplaudieron. Hubo quienes sacudieron la cabeza incrédulos: el castigo a un juez corrupto es correrlo del puesto, o aceptar su renuncia, nada más. Así cualquiera.
 

Uno se sirvió el aperitivo porque ya era hora, y el vecino había comenzado a deletrear quién sabe qué de quién sabe quién en el piano, cuando vio el presupuesto que recibirá el Poder Judicial de Veracruz, que desde hace tiempo necesita pagar los contratos público-privados de las ciudades judiciales que mandó construir, contratar servicios y financiar tribunales laborales. No les va a alcanzar.
 
Y la justicia, que es de por sí lenta, será una vaina de nunca acabar.