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Columnas y artículos de opinión

Guerra a la inteligencia

A salto de mata

Por: Gino Raúl De Gasperín Gasperín

21/10/2021

alcalorpolitico.com

Preocupante, muy preocupante es, entre otras muchas cosas, lo que está avizorándose en México después de que algunos del gobierno han arremetido no solo contra los lectores y, más en general, contra todo aquel que quiere instruirse y se esfuerza en su superación personal, sino ahora particularmente contra la comunidad científica, contra los intelectuales e investigadores del país.

Las últimas informaciones sobre el acoso a la comunidad científica vienen a sumarse a una larga lista de acometidas contra aquellos que dedican su vida a la generación y distribución del conocimiento.

En nota publicada por Antonio Díaz (eluniversal.com.mx/15/10/2021) se enumeran parte de estas acciones que investigadores concentrados en la Red ProCienciaMX (formada en 2019 «como respuesta a numerosas señales preocupantes emprendidas por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología»), exponen abiertamente para que «miembros de la

comunidad científica, legisladores y sociedad civil en general sumen esfuerzos para trabajar en una Ley de Ciencia comprometida con el progreso de México».

Ahí van, en resumen, algunas de estas acciones punitivas contra la comunidad científica mexicana que, señalan, «no sólo han confirmado nuestra preocupación inicial, sino que han escalado hasta convertirse en un verdadero embate en contra de las comunidades dedicadas a la investigación científica, la educación superior y el desarrollo tecnológico».



1) En junio de 2021, «más de 300 estudiantes doctorales mexicanos fueron abandonados a su suerte en el extranjero, al no recibir respuesta a sus solicitudes de prórroga, esto a pesar de queArturo Herrera, entonces secretario de Hacienda, declarara que sí había fondos para atender esas peticiones».

2) Ahora se exige que los jóvenes pertenecientes al Programa Cátedras Conacyt

«trabajen ya no como científicos adscritos a instituciones de investigación científica, sino como empleados en dependencias del gobierno, lo cual desvirtúa el espíritu del programa original que es consolidar la formación de investigadores».

3) La extinción de los fideicomisos y las modificaciones al Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) que se consumó sin el consenso de sus más de 30 mil miembros.

4) La suspensión del estímulo económicos a casi mil seiscientos investigadores adscritos a instituciones privadas que, como miembros activos del SNI, recibían del Conacyt. Simultáneamente, el Conacyt fue capaz de integrar una comisión especial para que el Fiscal General de la República, el señor Gertz Manera, ingresara al Sistema Nacional de Investigadores, lo que que le había sido negado durante 11 años porque las comisiones dictaminadoras habían indicado que «no cumplía con los requisitos reglamentarios» para su admisión.



5. En el comunicado, los científicos integrantes de la Red ProCienciaMX recuerdan la denuncia que el Conacyt presentó en junio de 2020 y por la que la Fiscalía acusó de cuatro delitos a 31 científicos y ex funcionarios del Consejo y el Foro Consultivo Científico y Tecnológico.

6. Finalmente, los intelectuales denuncian que el nuevo código de ética del Conacyt establece que quienes integran el servicio público «no sólo deben ser profesionales destacados, sino también personas comprometidas con la sociedad, el medio ambiente, los derechos humanos y, sobre todo, con la ética pública reivindicada por la Cuarta Transformación» (¿?). Y que los científicos deben «abstenerse de emitir comentarios u opiniones negativos o desfavorables sobre las políticas o programas del Conacyt», y procurar «preservar la integridad de la imagen institucional» y «ser prudentes al emitir opiniones en redes sociales».

7. Y, por si esto no fuera suficiente, el «finalmente» que escribimos en el punto 6 no indica que ahí hayan terminado las acciones punitivas contra los científicos e investigadores mexicanos. Hay, todavía, un nuevo capítulo que merece ser analizado con mayor detenimiento...



Ahora está por discutirse en el Congreso una nueva «Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación», en la que se pretende incluir una iniciativa que ha marcado, hasta ahora, la culminación de las acciones que especialmente el Conacyt ha emprendido para someter a los científicos, investigadores e intelectuales, en general, a las condiciones fijadas por el Estado, vía esta institución.

Estas iniciativas y estas acciones son preocupantes para cualquier país, para cualquier Universidad y centro de estudios superiores, sin importar si es oficial o privado. En fin, muy preocupantes para toda comunidad científica y para cualquiera que conozca y valore la actividad de los profesionistas que dedican su tiempo, su esfuerzo, su experiencia, sus conocimientos y, muchos, su vida entera a tratar de coadyuvar en atender y resolver los retos de salud y bienestar que enfrentan diariamente los integrantes de una sociedad.

Preocupante, muy preocupante el embate contra la inteligencia.



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