28 de octubre de 2021
alcalorpolitico.com
Pues nada, que el Poder Judicial de Veracruz vive días, semanas, meses de zozobra moral y financiera: debe más de mil ciento cincuenta y cinco millones de pesos a seis constructoras por una veintena de créditos que contrató en los últimos tres años en el esquema de Asociaciones Públicas Privadas, y sufre un déficit presupuestal de quinientos millones de pesos –entre otras preocupaciones económicas–, además de que varios jueces investigados por corrupción han tenido que elegir entre la renuncia o el despido.
Nunca sabremos si los jueces eran realmente corruptos porque no han acusado formalmente a nadie, aunque nadie renuncia porque sí. Los responsables del desastre económico fueron otros, porque en casos así los responsables siempre son otros. Funcionarios sin nombre que además ya nadie recuerda tomaron en otro tiempo decisiones equivocadas y sumamente costosas, y ninguno les pide cuentas ahora porque los funcionarios que fueron no rinden cuentas, o muy pocos rinden cuentas. Y no pasa nada, porque en el Tribunal Superior de Justicia no pasa nada.
Eso pasó con el proyecto de las ciudades judiciales en Veracruz. Los contratos –para que empresas privadas participen en proyectos de infraestructura que después le rentan al gobierno– pueden ser legales, pero son "extremadamente caros", según Delia González Cobos, auditora general del Órgano de Fiscalización Superior.
"La ley estuvo hecha para que esto se hiciera de esta manera: un costo elevadísimo de unos edificios que albergaron los juzgados carisísimos porque las ciudades se construyen sin que el gobierno dé un peso", explicó la auditora general. "Este año empiezan a pagarse esas ciudades judiciales y lo vamos a revisar el próximo año, a ver cómo están pagando".
Lo que piensan hacer ahora es modificar la ley para modificar los contratos, un recurso que puede ahorrar dinero, pero evidencia la irresponsablidad de quienes decidieron recurrir al sector privado para hacer obra pública a un costo tan elevado. Y hay que investigar quiénes se beneficiaron con esos contratos.
Uno repite
Uno se repite porque la historia se repite. Hace tres años escribí en este espacio que la vaina "suena bien, sobre todo a esta hora en que es demasiado tarde para tomar café y demasiado temprano para tomar un aperitivo. El sector privado construye la obra que el gobierno necesita, y cobra por ofrecer el servicio que hasta ahora es responsabilidad del gobierno: escuelas, hospitales, carreteras, y un largo etcétera sin más límites que la creatividad contable. Y todo sin recurrir de manera inmediata a fondos públicos".
Pero en estos negocios alguien gana. Desde hace ocho años el Instituto Matías Romero de la secretaría de Relaciones Exteriores advirtió que la falta de regulación, la falta de transparencia en los contratos, la falta de metodologías para evaluar la obra y sus efectos, y la corrupción que infecta este tipo de proyectos son problemas difíciles de corregir, sobre todo en el país que vivimos. Nadie hizo caso. Nadie escarmienta en cabeza ajena: la idea genial de hoy será motivo de lágrimas de muchos y fortunas de pocos.
Desde el balcón
Uno mira las hojas que el sol de otoño va volviendo amarillas con su luz que alumbra pero no calienta. Después de todo es octubre y es hora del aperitivo y hay que brindar a la salud de Edgar, que el miércoles cumple tantos años.
Pero han pasado cosas que nadie puede ignorar: el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, lleva semanas reuniéndose con sectores políticos y económicos de Veracruz –al parecer con la bendición presidencial– en lo que muchos interpretan como una campaña abierta para ser candidato a gobernador del estado, o para ocupar el cargo si Cuitláhuac García Jiménez es llamado al gobierno federal.
Eso es cosa de cada seis años, antes y ahora, y no sólo en Veracruz. Propios de buena fe y extraños maliciosos afirman que el gobernador – en este caso García Jiménez – se irá a un elevado puesto del gobierno federal por invitación del presidente, y en su lugar entrará un político experimentado, en el caso más reciente Gutiérrez Luna.
Pero algo se desinfló el miércoles cuando el presidente López Obrador dijo que no conoce al presidente de la Cámara de Diputados: "O sea, seguramente lo he visto y eso, pero no lo identifico bien". Muchos –uno entre ellos– habrán recordado la noche en que Jesús Reyes Heroles, presidente del PRI en ese tiempo, declaró que como veracruzano no había votado por Manuel Carbonell de la Hoz para candidato al gobierno del estado. Todo se vino abajo entonces, como tal vez pasó ahora.
Y uno piensa que a fin de cuentas la política es la vaina de lo banal, porque es un asunto cada vez menos serio, y brinda por el cumpleañero y sabe que el tiempo se mide de otra forma cuando se trata de la cosa pública. Nada menos.
Nunca sabremos si los jueces eran realmente corruptos porque no han acusado formalmente a nadie, aunque nadie renuncia porque sí. Los responsables del desastre económico fueron otros, porque en casos así los responsables siempre son otros. Funcionarios sin nombre que además ya nadie recuerda tomaron en otro tiempo decisiones equivocadas y sumamente costosas, y ninguno les pide cuentas ahora porque los funcionarios que fueron no rinden cuentas, o muy pocos rinden cuentas. Y no pasa nada, porque en el Tribunal Superior de Justicia no pasa nada.
Eso pasó con el proyecto de las ciudades judiciales en Veracruz. Los contratos –para que empresas privadas participen en proyectos de infraestructura que después le rentan al gobierno– pueden ser legales, pero son "extremadamente caros", según Delia González Cobos, auditora general del Órgano de Fiscalización Superior.
"La ley estuvo hecha para que esto se hiciera de esta manera: un costo elevadísimo de unos edificios que albergaron los juzgados carisísimos porque las ciudades se construyen sin que el gobierno dé un peso", explicó la auditora general. "Este año empiezan a pagarse esas ciudades judiciales y lo vamos a revisar el próximo año, a ver cómo están pagando".
Lo que piensan hacer ahora es modificar la ley para modificar los contratos, un recurso que puede ahorrar dinero, pero evidencia la irresponsablidad de quienes decidieron recurrir al sector privado para hacer obra pública a un costo tan elevado. Y hay que investigar quiénes se beneficiaron con esos contratos.
Uno repite
Uno se repite porque la historia se repite. Hace tres años escribí en este espacio que la vaina "suena bien, sobre todo a esta hora en que es demasiado tarde para tomar café y demasiado temprano para tomar un aperitivo. El sector privado construye la obra que el gobierno necesita, y cobra por ofrecer el servicio que hasta ahora es responsabilidad del gobierno: escuelas, hospitales, carreteras, y un largo etcétera sin más límites que la creatividad contable. Y todo sin recurrir de manera inmediata a fondos públicos".
Pero en estos negocios alguien gana. Desde hace ocho años el Instituto Matías Romero de la secretaría de Relaciones Exteriores advirtió que la falta de regulación, la falta de transparencia en los contratos, la falta de metodologías para evaluar la obra y sus efectos, y la corrupción que infecta este tipo de proyectos son problemas difíciles de corregir, sobre todo en el país que vivimos. Nadie hizo caso. Nadie escarmienta en cabeza ajena: la idea genial de hoy será motivo de lágrimas de muchos y fortunas de pocos.
Desde el balcón
Uno mira las hojas que el sol de otoño va volviendo amarillas con su luz que alumbra pero no calienta. Después de todo es octubre y es hora del aperitivo y hay que brindar a la salud de Edgar, que el miércoles cumple tantos años.
Pero han pasado cosas que nadie puede ignorar: el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, lleva semanas reuniéndose con sectores políticos y económicos de Veracruz –al parecer con la bendición presidencial– en lo que muchos interpretan como una campaña abierta para ser candidato a gobernador del estado, o para ocupar el cargo si Cuitláhuac García Jiménez es llamado al gobierno federal.
Eso es cosa de cada seis años, antes y ahora, y no sólo en Veracruz. Propios de buena fe y extraños maliciosos afirman que el gobernador – en este caso García Jiménez – se irá a un elevado puesto del gobierno federal por invitación del presidente, y en su lugar entrará un político experimentado, en el caso más reciente Gutiérrez Luna.
Pero algo se desinfló el miércoles cuando el presidente López Obrador dijo que no conoce al presidente de la Cámara de Diputados: "O sea, seguramente lo he visto y eso, pero no lo identifico bien". Muchos –uno entre ellos– habrán recordado la noche en que Jesús Reyes Heroles, presidente del PRI en ese tiempo, declaró que como veracruzano no había votado por Manuel Carbonell de la Hoz para candidato al gobierno del estado. Todo se vino abajo entonces, como tal vez pasó ahora.
Y uno piensa que a fin de cuentas la política es la vaina de lo banal, porque es un asunto cada vez menos serio, y brinda por el cumpleañero y sabe que el tiempo se mide de otra forma cuando se trata de la cosa pública. Nada menos.