Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador ha militarizado la Guardia Nacional, los puertos y aduanas y le ha solapado al Ejército la asignación directa y poco transparente de contratos multimillonarios en mega proyectos que le ha encomendado, ha trascendido que entre algunos mandos de las Fuerzas Armadas subsiste cierto malestar por decisiones radicales del régimen de la 4T con las que no están muy de acuerdo.
 
Una de ellas, nos dicen, es la autorización para que una delegación del Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) visitara el país para entrevistar a representantes de organizaciones civiles, funcionarios, fiscales, familiares de las víctimas y, por supuesto, a los jefes militares, sobre los miles de casos de desaparecidos registrados desde el sexenio antepasado.
 
Durante la administración anterior, la del ex presidente Enrique Peña Nieto, el CED requirió al gobierno mexicano formalizar una invitación para visitar el país ante la gravedad de la situación. Y es que para 2013, las cifras de desapariciones ya se proyectaban como alarmantes: 26 mil personas, herencia de la guerra contra el narcotráfico emprendida por el ex presidente Felipe Calderón, del PAN. Sin embargo, renuente, el régimen priista de Peña Nieto negó esa solicitud en dos ocasiones, incluso en 2017, cuando se hizo un llamado “enérgico” a admitirla.
 

No obstante, el CED continuó sus evaluaciones a México. En 2015, cuando sumaban 29 mil 203 desaparecidos (según el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro) se emitieron las primeras recomendaciones; en 2018, la cifra escaló a 69 mil 556, mientras la renuencia mexicana se mantuvo, pese al “enérgico” llamado del organismo de la ONU, que emitió nuevas observaciones.
 
El más reciente reporte del Sistema Nacional de Búsqueda contabiliza 94 mil 406 personas no encontradas, pero además existe el reconocimiento oficial de que hay una crisis de derechos humanos.
 
Este lunes inició la visita oficial de expertos del CED, la primera que a instancias del actual gobierno de México realiza en el mundo este organismo internacional dependiente de la ONU.
 

Para Karla Quintana, encargada de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), los expertos del CED encontrarán una crisis en materia de justicia, así como falta de voluntad política para atender las desapariciones.
 
“Cada una de las autoridades del Estado mexicano tendrá que asumir las obligaciones que le corresponde”, declaró la titular de la CNB, quien agregó que “se han tenido discrepancias en relación con las obligaciones de las búsquedas, no sólo con la Fiscalía, sino en general”.
 
Precisamente este martes, en el segundo día de su visita oficial en México, los integrantes del CED se reunieron con representantes de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, quienes reconocieron algunos avances en las investigaciones pero afirmaron que son insuficientes, y denunciaron en especial las posturas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Fiscalía General de la República (FGR).
 

¿Acaso la sorpresiva reaparición del general Salvador Cienfuegos Cepeda el miércoles antepasado –cuatro días antes de que iniciara la visita oficial de la CED– en un foro en el que se vertieron fuertes críticas al régimen obradorista, tendrá que ver con la inédita presencia de esta delegación de la ONU? Y es que, hace siete años, el entonces secretario de la Defensa Nacional debió tener información de primerísima mano sobre este trágico caso que marcó al sexenio peñista y que representó uno de los tantos factores por los que el priismo perdió la elección presidencial de 2018.