Según ha trascendido, el acuerdo del gobernador Cuitláhuac García fue que en cuanto la diputada Cecilia Guevara entregara la presidencia de la mesa directiva del Congreso local a la legisladora de Cosamaloapan, Margarita Corro, a la morenista pozarricense le tocaría presidir la Comisión de Vigilancia, una de las más codiciadas porque a dicha instancia legislativa le debe reportar directamente el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) los resultados de las auditorías practicadas a todos los entes estatales, autónomos y municipales fiscalizables, lo que la ha constituido –paradójicamente ahora más que nunca– en un instrumento de control político que el grupo en el poder utiliza lo mismo para presionar a sus opositores como a los correligionarios que se insubordinen.

Eso parece explicar que, hasta ayer, el líder del Congreso del estado, Juan Javier Gómez Cazarín, aún se resistía inexplicablemente a acatar la instrucción del titular del Poder Ejecutivo, quizá por considerarla violatoria de lo que estipula la Constitución sobre la división de poderes, aún a sabiendas de que en el Palacio de Gobierno de Xalapa siguen a pie juntillas la máxima que impera en el Palacio Nacional de la Ciudad de México, de que “a mí no me vengan con que la ley es la ley”.

Y es que hace apenas un mes, a principios de septiembre, Gómez Cazarín acababa de remover como presidente de la Comisión de Vigilancia al incontrolable diputado morenista Luis Arturo Santiago Martínez, del distrito de Ciudad de Mendoza, para poner en su lugar a su incondicional Rafael Gustavo Fararoni Magaña, también de Morena, quien es representante popular del distrito electoral de San Andrés Tuxtla, al cual pertenece el municipio de Hueyapan de Ocampo, su terruño natal, gobernado actualmente por su padre Juan “Yona” Gómez Martínez.


Casualmente en la sesión de ayer, el pleno de la LXVI Legislatura local aprobó con el voto mayoritario de Morena y sus aliados un dictamen que la Comisión de Vigilancia, presidida por Fararoni, se sacó de la manga para intervenir durante dos años la tesorería de San Andrés Tuxtla, cuya alcaldesa María Elena Solana Calzada, también del partido guinda, no se ha querido someter al control de ambos diputados.

Al anticipar su voto en contra, el diputado Marlon Ramírez, presidente del CDE del PRI, reclamó que no le informaran previamente sobre el sentido de este dictamen ni le hayan notificado de la sesión previa de la Comisión de Vigilancia, de la que él también forma parte como representante de su grupo legislativo. Señaló que claramente se está violando las facultades legales del ayuntamiento intervenido y que pareciera que se está usando esta comisión legislativa para “hacer justicia”.

El líder priista dijo que “si vamos a intervenir el Ayuntamiento de San Andrés Tuxtla tendríamos que intervenir varios más, porque cuántos oficios se reciben de manera cotidiana esta Legislatura señalando malos manejos e irregularidades en los ayuntamientos de todos los partidos políticos”.


Advirtió que “si la mayoría vota porque se intervenga la tesorería de un ayuntamiento con base en notas, porque yo no he encontrado en este dictamen un documento que sustente tal intervención, me parecería que se establecería un antecedente muy grave”.

Y tajante afirmó que “estamos violando a todas luces la ley y reglamento de este Congreso”, por lo que exhortó a que se retirara y perfeccionara este polémico dictamen.

“¿Intervenir dos años un ayuntamiento?”, cuestionó, puntualizando que “¡la Ley de Fiscalización habla de uno!”


“Quien va a rendir la Cuenta Pública? ¿El Congreso?, ¿la Comisión, ¿el secretario de Fiscalización?”, concluyó, exhortándolos a revisar lo que dice la legislación y “no mandar un mensaje equivocado”.

Sin embargo, Gómez Cazarín, cegado por la soberbia, parece no haber entendido.

UPAV: FIEBRE SUCESORIA


A casi un mes de que según la ley 276, artículo 17, que rige a la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) venza el primer periodo de cuatro años del actual rector Ome Tochtli Méndez Ramírez –quien fue designado el 14 de diciembre de 2018 por la Junta de Gobierno de esta casa de estudios que preside el gobernador Cuitláhuac García–, en la institución educativa fundada hace 12 años por el fallecido político xalapeño Guillermo Zúñiga Martínez ha comenzado a manifestarse el interés de otros académicos por sustituir en la Rectoría al ingeniero agrónomo con maestría en Gestión Educativa y quien inició en esta universidad como asesor solidario en 2010 para luego desempeñarse, de 2013 hasta 2018, como director de la Licenciatura en Naturopatía.

Uno que ya levantó la mano es el maestro Lenin Torres Antonio, director de la Licenciatura en Ciencias Políticas con sede Xalapa, el cual es apoyado por la Asociación de Académicos, Administrativos y Docentes de la UPAV (AAADUPAV), cuyo Comité Ejecutivo Estatal que preside el licenciado Juan Carlos Hernández Pacheco ha solicitado formalmente por escrito al gobernador García Jiménez que la próxima elección del Rector se someta “a un proceso de auscultación, inclusión y apertura democrática”.

Además del currículo vitae de Lenin, la agrupación que lo respalda hizo llegar al mandatario veracruzano un Plan de Desarrollo Académico que el aspirante a la Rectoría les presentó “para lograr consolidar la UPAV en excelencia académica y educativa y en una plataforma educativa para el desarrollo regional de Veracruz...”


En el diagnóstico que entregaron al gobernador, refieren que “en educación superior la UPAV ha decrecido estrepitosamente su matrícula, teniendo actualmente tan sólo 16 mil 436 alumnos, siendo el 65% alumnos de bachillerato y tan sólo el 35% de licenciatura y posgrado, además que pese a contar con un modelo educativo flexible basado en el autodidactismo y el constructivismo, que le ha permitido llevar la educación a todo lo ancho y largo de nuestro estado de Veracruz, la UPAV no ha sido consolidada para masificar la educación superior y permitir abatir el rezago en educación superior…”

Sin embargo, Cuitláhuac parece tener “otros datos” que hacen presuponer que ratificará en la Rectoría por cuatro años más a Ome Tochtli Méndez, pues hace apenas tres meses, el 11 de agosto pasado, en un acto para conmemorar el décimo primer aniversario de la UPAV, presumió que “con la dotación del título y certificado de estudios electrónicos, plataformas virtuales e instalaciones dignas, el gobierno de la Cuarta Transformación en la entidad ha logrado rescatar a la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, dando una ruta a la esperanza de los 28 mil 288 aprendientes que actualmente conforman su matrícula”.

El Ejecutivo estatal resaltó también que en 2019 coadyuvaron a la certeza de sus programas con la incorporación de títulos electrónicos, validados por la Dirección General de Profesiones de la SEP, siendo la primera universidad en el estado que los otorgó. Y próximamente, dijo, buscarán llevar a la UPAV a lugares sin acceso a la universidad pública, vinculando los perfiles académicos con las regiones para que los estudiantes permanezcan en sus localidades.


Igualmente recordó que además de la adquisición de un edificio como sede administrativa, entregaron a la Rectoría, en comodato, un inmueble al interior de Casa Veracruz que, anunció, “será entregado de manera definitiva antes del término de esta administración”, en 2024.