Cuando la Fiscalía General del Estado acusó de terrorismo al periodista Rafael Lafita León Segovia y obtuvo la correspondiente orden de aprehensión del juez José Guadalupe Nucamendi Albores, su titular, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, Lisbeth Jiménez como la conocen sus amigas, no supo lo que hacía, ni quien se lo ordenó, si es que alguien se lo ordenó: puso contra la pared a la presidenta Claudia Sheinbaum ante el mismísimo presidente Donald Trump, pues le confirmó lo que desde el Gobierno federal vienen negando con insistencia: que existe terrorismo en México. Trump no ha descartado intervenir militarmente en nuestro país y lo que quiere es un buen pretexto para hacerlo. En Veracruz ya se lo dieron.
El mismo 24 de diciembre, cuando la fiscalía hizo pública la ficha de la detención y los motivos, seguramente se encendieron las alarmas en Washington, concretamente en el FBI, la agencia de inteligencia y seguridad nacional de Estados Unidos, una de cuyas misiones es proteger a ese país de amenazas terroristas y extranjeras, pues saber que en su vecino país del sur descubrieron a un presunto terrorista debió haberlos puesto en alerta, y a través de su embajada en México debieron haberle dado seguimiento al caso en forma inmediata, incluso por su cuenta ellos mismos han de haber investigado al periodista.
Por eso este lunes, en su conferencia mañanera, la presidenta fue contundente: “No sé por qué la Fiscalía (de Veracruz) usa el delito de terrorismo... no ha habido una acusación por terrorismo en México, yo creo que nunca... la Fiscalía (es decir, Lisbeth Jiménez) tiene que aclarar por qué usa este delito que nunca se ha usado en México... sí, sería muy bueno que, mientras más pronto, explique la Fiscalía del estado”. Hasta ya rumbo a la media noche del lunes, la Fiscalía había guardado silencio, ni su titular había salido a hacer una declaración ni la institución había emitido un boletín de prensa que explicara y sustentara con detalles su grave acusación.

Esta vez, la Presidenta no ponderó a Nahle, y Rocío dejó sola a la Fiscal
Lo que aparentemente inició como un hecho menor en Coatzacoalcos, un choque por alcance sin mayores consecuencias, que el reportero Lafita León Segovia cubrió y reportó en vivo, en plan totalmente informativo, escaló y llegó hasta la Presidencia, y aparte del aspecto legal, el caso tiene una lectura política también: en ningún momento la presidenta Sheinbaum se anticipó para excluir de cualquier responsabilidad a la gobernadora Rocío Nahle, ni la ponderó para ponerla a salvo de los comentarios en las redes sociales y en medios que la señalan que fue quien dio la orden, aunque, eso sí, toda la responsabilidad se la dejó a la fiscal Jiménez Aguirre, lo que horas después hizo la propia Nahle dejando al garete a su recomendada, no obstante que el pasado 9 de diciembre exaltó su “preparación profesional y experiencia” un día después de que a propuesta suya la nombraron fiscal.

Por otra parte, la presidenta proclamó que se deba garantizar la “libertad de expresión por encima de todo”, si bien expresó que “si hay un delito que haya cometido esta persona, aun cuando sea periodista, o sea, un delito probado, real en todo caso, tiene que explicarlo también la Fiscalía; que no tenga que ver evidentemente con su trabajo de periodismo”.

Nahle, de alguna forma, justificó inicialmente la aprehensión
Por su parte, la gobernadora Rocío Nahle, quien el viernes, de alguna forma había justificado el proceder de la Fiscalía cuando declaró que las autoridades no pudieron haber ejecutado una orden de aprehensión contra una persona “nada más porque sí”, este lunes, también en conferencia de prensa descalificó a la misma Fiscalía al expresar que "En la mañana la Presidenta hizo una declaración, la cual comparto al cien por ciento... no, no hay (terrorismo), pero eso después hay que revisar el Código Penal de Veracruz. No hay aquí en México”.

La Fiscal debe renunciar e irse

El país entero, en especial el medio periodístico, e incluso el del extranjero, así como organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Reporteros sin Fronteras y Artículo 19, que han mostrado preocupación por el encarcelamiento del periodista, estarán pendientes de la resolución que tome este martes el juez de control, José Guadalupe Nucamendi Albores, quien tendrá que resolver la situación legal del detenido en una audiencia que comenzará a las 7 de la mañana.
Si la fiscal Jiménez Aguirre cometió una terrible barrabasada legal por ignorancia, sometimiento o por algún deseo de venganza personal, luego del peso del llamado presidencial para que ofrezca una explicación de por qué su proceder, si no da una explicación bien sustentada, convincente, debe renunciar al cargo, o, en todo caso, la gobernadora la debe destituir, pues su permanencia dañaría gravemente la imagen de la Fiscalía, ya que la institución perdería toda credibilidad y estaría siempre bajo sospecha.
Que una autoridad de su nivel clasifique una conducta como terrorismo es muy grave, porque si de por sí hay muchas alertas internacionales contra nuestro país por la inseguridad y la violencia, que una fiscal del estado catalogue jurídicamente un hecho y señale a un periodista de haber cometido un acto terrorista resulta más grave que todas las alertas que hay contra México; es muy grave aplicarlo como cualquier otro delito porque afecta el Estado de derecho del país ante el mundo entero, como grave resulta también que no se actualice ese delito y su aplicación sea una tentación represiva del poder para acallar al periodismo crítico.
Con lo sucedido, queda totalmente al desnudo el costo de llegar a un cargo y rodearse de amigos, conocidos, incondicionales, dispuestos al lacayismo, y no a personas con experiencia, con autoridad para decirle al hombre o a la mujer del poder que no cuando se le tiene que decir que no, y exhibe también lo peligroso que resulta para el ciudadano común saber que, con la mano en la cintura, le pueden imputar el delito más grave, que si no se da la circunstancia que rodea ahora el caso del periodista, puede pasar muchos años en la cárcel siendo inocente. Por otro lado, el fuerte jalón de orejas desde la tribuna presidencial mostró que no hay la mejor relación entre la presidenta y la gobernadora. El pedido de explicación a Lisbeth fue un: te lo digo Juana para que lo escuches y entiendas Chana.

También al juez que avaló el delito deben echarlo

Pero también el juez Nucamendi Albores, que conoce del asunto, debe renunciar porque tenía la obligación de resolver conforme a derecho y no confirmar y calificar como legal todo lo que pidió la fiscalía, como lo hizo. En estricto apego a Derecho, él debió establecer que el delito de terrorismo no se acredita, pero no lo hizo. Debe renunciar de inmediato.
En la judicatura, todos saben que cualquier fiscal puede imputar por 10 delitos o los que sean, pero que debe tener la carga de la prueba, es decir, tiene que acreditar que cada uno de esos delitos se acredita con datos de prueba, lo cual no se cree que pase en la carpeta contra León Segovia por cuanto hace al delito de terrorismo, y ahí es donde el juez debió atajar jurídicamente a la fiscal y decidir que no se acredita. Pero la tacha jurídica a la Fiscalía y al propio Poder Judicial existe y existirá.

Y el senador Manuel Huerta pide que no se vulneren derechos fundamentales
Sobre el tema, el senador Manuel Huerta, de las pocas voces críticas y autocríticas de Morena, posteó: “Desde #Veracruz hago un llamado a que la Fiscalía informe con oportunidad, transparencia y responsabilidad, para dar certeza a la sociedad y evitar interpretaciones que vulneren derechos fundamentales. En la Cuarta Transformación creemos en una justicia que actúe con apego a la ley, respeto a los derechos humanos y compromiso con la verdad. Ese es el camino que Veracruz y México merecen”.