6 de enero de 2026
alcalorpolitico.com
A mediados de febrero de 2022, en Miami, Florida, la DEA y el FBI desclasificaron documentos judiciales sobre el caso de Alex Saab, un empresario multimillonario de origen colombiano que el gobierno de Estados Unidos consideraba el principal testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, bajo cuya protección realizó jugosos negocios que se basaban en un esquema que intercambiaba petróleo venezolano por alimentos producidos en México y se disfrazaron como acuerdos de “ayuda humanitaria”.
En esta trama se involucró casualmente a Segalmex que todavía dirigía el expriista Ignacio Ovalle Fernández, quien como director del Instituto Nacional Indigenista (INI), entre 1976 y 1982, fue el primer jefe del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Noticias Caracol, de Colombia, reveló el 25 de octubre de 2021 que el FBI realizaba una investigación sobre las despensas alimenticias que una empresa de Saab importaba de México para beneficiar a más de 5 millones de familias venezolanas.
El reportaje consignaba que los CLAP (Comité Local de Abastecimiento y Producción), creados en abril de 2016 y administrados por algunos militares jubilados adeptos al régimen de Maduro señalados por sus nexos con el narcotráfico y tráfico de combustible, eran usados para enviar cargamentos de cocaína de Venezuela a México y blanquear sus ganancias ilegales; que aeronaves adscritas a la Aviación Militar Bolivariana partían de la Base Aérea de La Carlota, en Venezuela, rumbo a Veracruz, donde la carga de cocaína era descargada y reemplazada por las cajas con alimentos en mal estado o caducados, y que luego estos mismos aviones aterrizaban de vuelta en Puerto Cabello y La Guaira, en territorio venezolano.
Los investigadores encontraron también empresas en México que fueron suplantadas como supuestas proveedoras de toneladas de leche en polvo, que en realidad nunca se negociaron con Venezuela.
En una investigación de la reportera Verónica Ayala para Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) se identificó entre 2019 y 2020 a ocho empresas mexicanas asentadas en Nuevo León, Baja California, Zacatecas, Veracruz, Guanajuato y la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, las cuales utilizaron una estructura de al menos 13 importadoras creadas en Honk Kong, Panamá, Uruguay y las Islas Vírgenes Británicas para enviar alimentos a Venezuela por un monto de 64 millones de dólares, equivalentes a 1,200 millones de pesos, según registros del comercio exterior.
No era algo nuevo, esa estructura de importadoras sustituyó a las que habían venido manejando operadores financieros del chavismo, como Alex Saab y Samark López Bello, operadores financieros de Maduro.
Entre 2016 y 2018, antes de López Obrador, dos empresas ligadas a Saab –Group Grand Limited y Asasi Food–, y una atribuida a López Bello –Postar Intertrade–, habían intervenido en la compra de alimentos a 10 empresas mexicanas con valor cercano a los 700 millones de dólares, para los llamados CLAP.
A principios de agosto de 2024, al entonces presidente López Obrador le aconsejaban deslindarse de Maduro, quien ya era insostenible. Y es que el mandatario chavista no sólo no había podido exhibir las actas electorales que confirmaran su cuestionado triunfo en las elecciones del domingo 28 de julio –que habría ganado el candidato opositor Edmundo González Urrutia con 67% de los votos–, sino porque, además, desde el 26 de marzo de 2020 el Departamento de Justicia de EU había emitido una orden de captura en su contra ofreciendo una recompensa de 15 millones de dólares por cargos relacionados con el narcotráfico.
Pero Washington detectó también que en el gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum siguen incrustados chavistas incondicionales de Maduro, como Sady Arturo Loaiza Escalona, un exfuncionario venezolano que en 2021 fue contratado en la Subdirección de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), subordinado del controvertido mexiquense Marx Arriaga, quien la semana antepasada protagonizó tremendo escándalo al convocar a una rebelión contra la Secretaría de Estado que encabeza Mario Delgado porque, acusó, pretende “privatizar la educación”.
Arriaga Navarro, un recomendado de la exprimera dama Beatriz Gutiérrez Müller, llamó a crear comités de defensa de “los valores de obradorismo y la Cuarta Transformación” en todo el país que se conviertan en contrapesos de los actuales funcionarios de la SEP.
EX JEFE DE LA DEA EXHIBE A AMLO POR SALUDAR A MADRE DEL CHAPO
Por cierto, en un texto titulado “Con Sheinbaum las cosas están cambiando; ya no habrá errores como saludar a la madre del Chapo”, que aparece en la más reciente edición de la revista Proceso, su corresponsal en Washington, J. Jesús Esquivel, realizó una interesante entrevista a John Callery, exjefe de la DEA, y a un funcionario del Departamento de Justicia estadunidense, los cuales advierten que la designación del fentanilo como arma de destrucción masiva por parte del presidente Donald Trump coloca a México en el centro de un posible escenario de intervención militar.
Sin embargo, los entrevistados reconocen que la inédita cooperación de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sorprendido por su alcance y efectividad, y ha cambiado las reglas del juego redefiniendo la relación bilateral en torno al narcotráfico.
No obstante, señalan que la designación del fentanilo como arma de destrucción masiva por parte de Trump añade un incentivo a la posibilidad de un ataque del Pentágono contra narcotraficantes dentro de México, pese a la cooperación antinarcóticos sin precedente que ofrece Sheinbaum a Estados Unidos.
Esquivel refiere que en el Departamento de Justicia funcionarios del gobierno de Trump y agentes federales reconocen que, en la lucha contra el narco, Sheinbaum está cada vez marcando una mayor distancia de las tácticas de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
“Con el gobierno de Sheinbaum las cosas están cambiando. Ahora que ella está más asentada sabe qué va a hacer y qué es lo que va a cambiar; por ejemplo, no creo que cometa el error de acercarse a saludar a la madre de un narcotraficante como lo hizo AMLO con la mamá del Chapo”, expuso John Callery, exjefe de la iniciativa contra los cárteles domésticos dentro de la DEA y el Departamento de Justicia.
Los narcoterroristas mexicanos y de cualquier país deben ser eliminados, es la consigna del presidente Trump, y la debemos cumplir, pero hay matices importantes de cooperación en este sentido por parte de la presidenta Sheinbaum que cambian los escenarios", indica un alto funcionario del Departamento de Justicia estadunidense que condicionó la conversación con Proceso a la omisión de su nombre.
En entrevistas por separado, on the record y background, Callery y el funcionario del Departamento de Justicia perciben un “tono de politiquería en las amenazas de Trump al hablar de atacar a narcotraficantes dentro de México”. Sin embargo, no descartan nada.
“Sin duda que hay un antes y un después en la asistencia que nos ofrece la presidenta Sheinbaum respecto del presidente anterior y eso se toma en cuenta. Pero el presidente Trump tiene su propia visión de cómo eliminar la amenaza del narcotráfico”, apuntó el funcionario del Departamento de Justicia.
En esta trama se involucró casualmente a Segalmex que todavía dirigía el expriista Ignacio Ovalle Fernández, quien como director del Instituto Nacional Indigenista (INI), entre 1976 y 1982, fue el primer jefe del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Noticias Caracol, de Colombia, reveló el 25 de octubre de 2021 que el FBI realizaba una investigación sobre las despensas alimenticias que una empresa de Saab importaba de México para beneficiar a más de 5 millones de familias venezolanas.
El reportaje consignaba que los CLAP (Comité Local de Abastecimiento y Producción), creados en abril de 2016 y administrados por algunos militares jubilados adeptos al régimen de Maduro señalados por sus nexos con el narcotráfico y tráfico de combustible, eran usados para enviar cargamentos de cocaína de Venezuela a México y blanquear sus ganancias ilegales; que aeronaves adscritas a la Aviación Militar Bolivariana partían de la Base Aérea de La Carlota, en Venezuela, rumbo a Veracruz, donde la carga de cocaína era descargada y reemplazada por las cajas con alimentos en mal estado o caducados, y que luego estos mismos aviones aterrizaban de vuelta en Puerto Cabello y La Guaira, en territorio venezolano.
Los investigadores encontraron también empresas en México que fueron suplantadas como supuestas proveedoras de toneladas de leche en polvo, que en realidad nunca se negociaron con Venezuela.
En una investigación de la reportera Verónica Ayala para Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) se identificó entre 2019 y 2020 a ocho empresas mexicanas asentadas en Nuevo León, Baja California, Zacatecas, Veracruz, Guanajuato y la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, las cuales utilizaron una estructura de al menos 13 importadoras creadas en Honk Kong, Panamá, Uruguay y las Islas Vírgenes Británicas para enviar alimentos a Venezuela por un monto de 64 millones de dólares, equivalentes a 1,200 millones de pesos, según registros del comercio exterior.
No era algo nuevo, esa estructura de importadoras sustituyó a las que habían venido manejando operadores financieros del chavismo, como Alex Saab y Samark López Bello, operadores financieros de Maduro.
Entre 2016 y 2018, antes de López Obrador, dos empresas ligadas a Saab –Group Grand Limited y Asasi Food–, y una atribuida a López Bello –Postar Intertrade–, habían intervenido en la compra de alimentos a 10 empresas mexicanas con valor cercano a los 700 millones de dólares, para los llamados CLAP.
A principios de agosto de 2024, al entonces presidente López Obrador le aconsejaban deslindarse de Maduro, quien ya era insostenible. Y es que el mandatario chavista no sólo no había podido exhibir las actas electorales que confirmaran su cuestionado triunfo en las elecciones del domingo 28 de julio –que habría ganado el candidato opositor Edmundo González Urrutia con 67% de los votos–, sino porque, además, desde el 26 de marzo de 2020 el Departamento de Justicia de EU había emitido una orden de captura en su contra ofreciendo una recompensa de 15 millones de dólares por cargos relacionados con el narcotráfico.
Pero Washington detectó también que en el gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum siguen incrustados chavistas incondicionales de Maduro, como Sady Arturo Loaiza Escalona, un exfuncionario venezolano que en 2021 fue contratado en la Subdirección de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), subordinado del controvertido mexiquense Marx Arriaga, quien la semana antepasada protagonizó tremendo escándalo al convocar a una rebelión contra la Secretaría de Estado que encabeza Mario Delgado porque, acusó, pretende “privatizar la educación”.
Arriaga Navarro, un recomendado de la exprimera dama Beatriz Gutiérrez Müller, llamó a crear comités de defensa de “los valores de obradorismo y la Cuarta Transformación” en todo el país que se conviertan en contrapesos de los actuales funcionarios de la SEP.
EX JEFE DE LA DEA EXHIBE A AMLO POR SALUDAR A MADRE DEL CHAPO
Por cierto, en un texto titulado “Con Sheinbaum las cosas están cambiando; ya no habrá errores como saludar a la madre del Chapo”, que aparece en la más reciente edición de la revista Proceso, su corresponsal en Washington, J. Jesús Esquivel, realizó una interesante entrevista a John Callery, exjefe de la DEA, y a un funcionario del Departamento de Justicia estadunidense, los cuales advierten que la designación del fentanilo como arma de destrucción masiva por parte del presidente Donald Trump coloca a México en el centro de un posible escenario de intervención militar.
Sin embargo, los entrevistados reconocen que la inédita cooperación de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sorprendido por su alcance y efectividad, y ha cambiado las reglas del juego redefiniendo la relación bilateral en torno al narcotráfico.
No obstante, señalan que la designación del fentanilo como arma de destrucción masiva por parte de Trump añade un incentivo a la posibilidad de un ataque del Pentágono contra narcotraficantes dentro de México, pese a la cooperación antinarcóticos sin precedente que ofrece Sheinbaum a Estados Unidos.
Esquivel refiere que en el Departamento de Justicia funcionarios del gobierno de Trump y agentes federales reconocen que, en la lucha contra el narco, Sheinbaum está cada vez marcando una mayor distancia de las tácticas de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
“Con el gobierno de Sheinbaum las cosas están cambiando. Ahora que ella está más asentada sabe qué va a hacer y qué es lo que va a cambiar; por ejemplo, no creo que cometa el error de acercarse a saludar a la madre de un narcotraficante como lo hizo AMLO con la mamá del Chapo”, expuso John Callery, exjefe de la iniciativa contra los cárteles domésticos dentro de la DEA y el Departamento de Justicia.
Los narcoterroristas mexicanos y de cualquier país deben ser eliminados, es la consigna del presidente Trump, y la debemos cumplir, pero hay matices importantes de cooperación en este sentido por parte de la presidenta Sheinbaum que cambian los escenarios", indica un alto funcionario del Departamento de Justicia estadunidense que condicionó la conversación con Proceso a la omisión de su nombre.
En entrevistas por separado, on the record y background, Callery y el funcionario del Departamento de Justicia perciben un “tono de politiquería en las amenazas de Trump al hablar de atacar a narcotraficantes dentro de México”. Sin embargo, no descartan nada.
“Sin duda que hay un antes y un después en la asistencia que nos ofrece la presidenta Sheinbaum respecto del presidente anterior y eso se toma en cuenta. Pero el presidente Trump tiene su propia visión de cómo eliminar la amenaza del narcotráfico”, apuntó el funcionario del Departamento de Justicia.