12 de enero de 2026
alcalorpolitico.com
La semana pasada, el secretario de Finanzas y Planeación, Miguel Santiago Reyes, confirmó que en la administración estatal anterior, la del exgobernador Cuitláhuac García Jiménez, el gobierno de Veracruz perdió más de 300 millones de pesos del Sector Salud tras la quiebra de Accendo Banco, y refirió que de los nueve estados defraudados sólo en Puebla –entidad de la que es natal el titular de la Sefiplan– ya se ejerció acción legal contra la exsecretaria poblana de Finanzas, María Teresa Castro Corro, quien en octubre de 2025 fue inhabilitada para ocupar cargos públicos por 20 años y se le aplicó una sanción económica por 362 millones de pesos, al comprobarse su responsabilidad en la fallida inversión gubernamental por casi 810 millones de pesos en la fracasada institución bancaria.
Reyes dijo que, aquí, su jefa Rocío Nahle ya instruyó analizar el expediente de las investigaciones sobre ese dinero perdido. “Ya nos pasó la Secretaría de Salud toda la información respecto a esto que nos están comentando y la señora gobernadora dará a conocer cuáles van a ser las acciones que se van a emprender para buscar recuperar ese recurso que se perdió”.
El secretario de Finanzas aseguró que este caso no quedará impune y que obtendrán el recurso de regreso y se buscará a las personas responsables conforme a las investigaciones, “porque al final es un dinero público y es de los veracruzanos y las veracruzanas”.
Pero, hasta ahora, todo parece indicar que al hablantín titular de la Sefiplan lo van a hacer tragar el famoso tubérculo del estado que lo vio nacer, pues los principales implicados en este millonario fraude son el exgobernador García Jiménez, actual director general del Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas), y su exsecretario de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco, un economista pozarricense que el viernes 19 de septiembre pasado fue designado director general del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (Indetec), un organismo del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal creado en 1973, cuya sede como Asociación Civil se encuentra ubicada desde entonces en Guadalajara, Jalisco.
Lima Franco sabía más que su incauto exjefe García Jiménez de los riesgos que representaba esta fuerte inversión financiera, pues el titular de la Sefiplan conocía bien la situación crítica por la que atravesaba Accendo Banco, ya que contaba con información de primera mano por la estrecha relación que mantenía desde hacía años con Arturo Herrera Gutiérrez, quien de julio de 2019 a julio de 2021 se desempeñó como secretario de Hacienda y Crédito Público en la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
El hecho es que pese a que tuvieron una jugosa inyección de capital de varios gobiernos estatales –incluido el de la Ciudad de México, a cargo entonces de Claudia Sheinbaum– no fue suficiente para mantenerse, por lo que el 28 de septiembre del 2021 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) revocó, por malos manejos financieros, la autorización de Accendo Banco para operar como institución de banca en el país.
Juan Pablo Graf, presidente de la CNBV, informó que dicha comisión a su cargo llevó a cabo las acciones que le correspondían, ya que entre marzo y septiembre de ese año “se hicieron revisiones al banco y se determinaron acciones de incumplimiento de liquidez y capital”.
Por su parte, Javier Reyes de la Campa ya había renunciado a la dirección general de Accendo Banco el 23 de septiembre de ese mismo año y, en 2023, fue detenido el expresidente y exdirector Francisco Javier “N”, acusado de operaciones con empresas “factureras” en detrimento del patrimonio del banco por más de 70 millones de pesos.
Enmedio de este escándalo, el entonces gobernador Cuitláhuac García afirmó el 6 de junio de 2023 que, “por fortuna, Hacienda intervino al banco antes de que se declarara en quiebra. Y nosotros hicimos la petición –de devolución del dinero– antes”, cuyo monto total fue de 357 millones 900 mil pesos.
En entrevista con reporteros de medios xalapeños, García Jiménez explicó en aquél momento que “la intervención de Hacienda puso a salvo los recursos que la entidad tenía ahí”, y que “ya, con esa garantía, nosotros no tenemos ningún problema”, lo que ahora ha desmentido el secretario de Finanzas de Rocío Nahle, su sucesora.
A principios de septiembre de 2023, el reportero Jorge García Orozco, del diario digital EME EQUIS (m-x.com.mx), publicó que según la liquidación judicial expediente 308/2021 elaborado por el Juzgado décimo primero en Materia Civil de la Ciudad de México, del Poder Judicial de la Federación elaborada el 9 de marzo de ese año, Accendo Banco debía liquidar todavía a 407 acreedores en total, de los cuales, 15 eran entidades de gobierno.
“En conjunto Accendo Banco todavía debe a sus acreedores, 5 mil 840 millones 982 mil 324 pesos, sobre esto, el Instituto para Proteger el Ahorro Bancario (IPAB) definió, con base a la Ley de Instituciones de Crédito, las cuentas con prioridad de pago. Siendo las entidades gubernamentales que pidieron dinero las cuartas en orden de importancia, ya que primero tienen que pagar a tres bloques antes que a las entidades de gobierno. Primero deben de indemnizar a los trabajadores por sueldos y salarios caídos (30 millones 626 mil pesos), luego deben indemnizar los créditos laborales (7 millones 933 mil pesos), y al final, créditos de obligaciones garantizadas (mil 314 millones de pesos)”, detalló el reportero.
Y desmenuzó que, de esta deuda, 3 mil 041 millones de pesos correspondían a instituciones de gobierno, siendo los acreedores más afectados: Gobierno del Estado de Puebla, con 809 millones 996 mil pesos; Gobierno del Estado de México, con 112 millones de pesos; Gobierno del Estado de Hidalgo, con 807 millones de pesos; Gobierno del Estado de Tamaulipas, con 205 millones de pesos; Servicios de Salud de Hidalgo, 57 millones de pesos; Gobierno del Estado de Oaxaca, 49 millones de pesos; Gobierno de Zapopan, Jalisco, 303 millones de pesos; Gobierno del Estado de Baja California, 51 millones de pesos, y Servicios de Salud de Veracruz, 357 millones 900 mil pesos.
ADULTOS MAYORES DE MARTÍNEZ DE LA TORRE ABANDONAN A ZEPETA
Según reporta el periodista martinense José Prigadaá, de El Sol de Veracruz, este fin de semana en la cabecera municipal de Martínez de la Torre fue convocada la militancia de Morena para una asamblea informativa que sería presidida por el dirigente estatal del partido guinda, Esteban Ramírez Zepeta, y la diputada federal por ese distrito electoral, Mónica Herrera Villavicencio.
La mayoría de los asistentes eran adultos mayores, los cuales comenzaron a llegar desde las 9:30 horas de la mañana para ocupar las decenas de sillas colocadas a pleno sol en los jardines de un conocido hotel ubicado en el bulevar Carlos Salinas de Gortari de la famosa ciudad citrícola. Sin embargo, ante el retraso de tres horas del líder morenista y su comitiva, la mayoría de los presentes comenzaron a retirarse, por lo que cuando el señor Ramírez Zepeta arribó se encontró con muchos asientos vacíos.
Así pasa cuando los políticos pecan de impuntuales y no respetan el tiempo de los contingentes acarreados, ¡perdón!, a sus “bases militantes”.
Reyes dijo que, aquí, su jefa Rocío Nahle ya instruyó analizar el expediente de las investigaciones sobre ese dinero perdido. “Ya nos pasó la Secretaría de Salud toda la información respecto a esto que nos están comentando y la señora gobernadora dará a conocer cuáles van a ser las acciones que se van a emprender para buscar recuperar ese recurso que se perdió”.
El secretario de Finanzas aseguró que este caso no quedará impune y que obtendrán el recurso de regreso y se buscará a las personas responsables conforme a las investigaciones, “porque al final es un dinero público y es de los veracruzanos y las veracruzanas”.
Pero, hasta ahora, todo parece indicar que al hablantín titular de la Sefiplan lo van a hacer tragar el famoso tubérculo del estado que lo vio nacer, pues los principales implicados en este millonario fraude son el exgobernador García Jiménez, actual director general del Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas), y su exsecretario de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco, un economista pozarricense que el viernes 19 de septiembre pasado fue designado director general del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (Indetec), un organismo del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal creado en 1973, cuya sede como Asociación Civil se encuentra ubicada desde entonces en Guadalajara, Jalisco.
Lima Franco sabía más que su incauto exjefe García Jiménez de los riesgos que representaba esta fuerte inversión financiera, pues el titular de la Sefiplan conocía bien la situación crítica por la que atravesaba Accendo Banco, ya que contaba con información de primera mano por la estrecha relación que mantenía desde hacía años con Arturo Herrera Gutiérrez, quien de julio de 2019 a julio de 2021 se desempeñó como secretario de Hacienda y Crédito Público en la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
El hecho es que pese a que tuvieron una jugosa inyección de capital de varios gobiernos estatales –incluido el de la Ciudad de México, a cargo entonces de Claudia Sheinbaum– no fue suficiente para mantenerse, por lo que el 28 de septiembre del 2021 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) revocó, por malos manejos financieros, la autorización de Accendo Banco para operar como institución de banca en el país.
Juan Pablo Graf, presidente de la CNBV, informó que dicha comisión a su cargo llevó a cabo las acciones que le correspondían, ya que entre marzo y septiembre de ese año “se hicieron revisiones al banco y se determinaron acciones de incumplimiento de liquidez y capital”.
Por su parte, Javier Reyes de la Campa ya había renunciado a la dirección general de Accendo Banco el 23 de septiembre de ese mismo año y, en 2023, fue detenido el expresidente y exdirector Francisco Javier “N”, acusado de operaciones con empresas “factureras” en detrimento del patrimonio del banco por más de 70 millones de pesos.
Enmedio de este escándalo, el entonces gobernador Cuitláhuac García afirmó el 6 de junio de 2023 que, “por fortuna, Hacienda intervino al banco antes de que se declarara en quiebra. Y nosotros hicimos la petición –de devolución del dinero– antes”, cuyo monto total fue de 357 millones 900 mil pesos.
En entrevista con reporteros de medios xalapeños, García Jiménez explicó en aquél momento que “la intervención de Hacienda puso a salvo los recursos que la entidad tenía ahí”, y que “ya, con esa garantía, nosotros no tenemos ningún problema”, lo que ahora ha desmentido el secretario de Finanzas de Rocío Nahle, su sucesora.
A principios de septiembre de 2023, el reportero Jorge García Orozco, del diario digital EME EQUIS (m-x.com.mx), publicó que según la liquidación judicial expediente 308/2021 elaborado por el Juzgado décimo primero en Materia Civil de la Ciudad de México, del Poder Judicial de la Federación elaborada el 9 de marzo de ese año, Accendo Banco debía liquidar todavía a 407 acreedores en total, de los cuales, 15 eran entidades de gobierno.
“En conjunto Accendo Banco todavía debe a sus acreedores, 5 mil 840 millones 982 mil 324 pesos, sobre esto, el Instituto para Proteger el Ahorro Bancario (IPAB) definió, con base a la Ley de Instituciones de Crédito, las cuentas con prioridad de pago. Siendo las entidades gubernamentales que pidieron dinero las cuartas en orden de importancia, ya que primero tienen que pagar a tres bloques antes que a las entidades de gobierno. Primero deben de indemnizar a los trabajadores por sueldos y salarios caídos (30 millones 626 mil pesos), luego deben indemnizar los créditos laborales (7 millones 933 mil pesos), y al final, créditos de obligaciones garantizadas (mil 314 millones de pesos)”, detalló el reportero.
Y desmenuzó que, de esta deuda, 3 mil 041 millones de pesos correspondían a instituciones de gobierno, siendo los acreedores más afectados: Gobierno del Estado de Puebla, con 809 millones 996 mil pesos; Gobierno del Estado de México, con 112 millones de pesos; Gobierno del Estado de Hidalgo, con 807 millones de pesos; Gobierno del Estado de Tamaulipas, con 205 millones de pesos; Servicios de Salud de Hidalgo, 57 millones de pesos; Gobierno del Estado de Oaxaca, 49 millones de pesos; Gobierno de Zapopan, Jalisco, 303 millones de pesos; Gobierno del Estado de Baja California, 51 millones de pesos, y Servicios de Salud de Veracruz, 357 millones 900 mil pesos.
ADULTOS MAYORES DE MARTÍNEZ DE LA TORRE ABANDONAN A ZEPETA
Según reporta el periodista martinense José Prigadaá, de El Sol de Veracruz, este fin de semana en la cabecera municipal de Martínez de la Torre fue convocada la militancia de Morena para una asamblea informativa que sería presidida por el dirigente estatal del partido guinda, Esteban Ramírez Zepeta, y la diputada federal por ese distrito electoral, Mónica Herrera Villavicencio.
La mayoría de los asistentes eran adultos mayores, los cuales comenzaron a llegar desde las 9:30 horas de la mañana para ocupar las decenas de sillas colocadas a pleno sol en los jardines de un conocido hotel ubicado en el bulevar Carlos Salinas de Gortari de la famosa ciudad citrícola. Sin embargo, ante el retraso de tres horas del líder morenista y su comitiva, la mayoría de los presentes comenzaron a retirarse, por lo que cuando el señor Ramírez Zepeta arribó se encontró con muchos asientos vacíos.
Así pasa cuando los políticos pecan de impuntuales y no respetan el tiempo de los contingentes acarreados, ¡perdón!, a sus “bases militantes”.