NO PERMITIRÉ QUE LA GOBERNADORA ME CALUMNIE CON LA LIGEREZA QUE GOBIERNA
Todo comenzó cuando cientos de pobladores de diversas comunidades de los municipios de Jalacingo y Altotonga, la mañana de ayer bloquearon el centro de Xalapa para exigir la clausura inmediata de un pozo agrícola ubicado en la localidad de Santa Ana.
Y es que afirman que desde que se permitió su construcción, se ha reducido de manera significante el abasto de agua a los habitantes de al menos 15 comunidades.

Por ello, solicitaron la intervención de las autoridades estatales.
Ellos dijeron que esos pozos los explota granjas Carroll y nunca mencionaron, ante los medios de comunicación, el nombre de un particular.
Sin embargo, la gobernadora Rocío Nahle, con su clásico estilo, quiso aprovechar la ocasión para responsabilizar del problema que afecta a miles de familias a un actor político muy importante que es ni más ni menos que José Yunes Zorrilla, quien cuenta con un enorme capital político en todo el estado resultado de las gestiones que ha venido realizando a través de los años en favor de los veracruzanos, lo que representa un grave peligro para Morena pues difícilmente le volverán a arrebatar el triunfo en el 30 cuando vuelva a ser candidato de un Frente Amplio Ciudadano al gobierno del estado.
La zacatecana afirmó que ya solicitó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) revisar la operación de un pozo que mantiene inconformes a pobladores de Altotonga y Jalacingo, y que, según señaló, está relacionado con la familia de José Francisco “Pepe” Yunes Zorrilla.
Nahle sostuvo que, si la revisión determina que el agua concesionada para riego está siendo comercializada sin autorización, deberá retirarse la concesión, segura de que con eso había conectado un buen batazo en favor de la causa morenista.


La mandataria reconoció como legítima la protesta de los habitantes y aseguró que no serán desalojados por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, lo que en un momento sucedió pues los manifestantes habían desquiciado la ciudad por el efecto expansivo que se provoca al tomar la calle de Enríquez.
Al poco rato se desplegó un comunicado dirigido al pueblo de Veracruz en cuyo texto José Francisco “Pepe” Yunes Zorrilla negó que él o su familia sean concesionarios del pozo agrícola señalado por habitantes de Jalacingo y Altotonga por presuntas afectaciones al abasto de agua en comunidades de la región.
De manera respetuosa pero contundente, el excandidato a la gubernatura de Veracruz respondió a las declaraciones de la gobernadora Rocío Nahle García, quien durante su conferencia de prensa relacionó el aprovechamiento con la familia Yunes Zorrilla y pidió a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) revisar las condiciones en las que opera.
“No somos concesionarios de ese pozo y nada tenemos que ver con su operación. Urgimos a la autoridad competente a explicar la situación jurídica de esa concesión y a proceder conforme a derecho”, afirmó Pepe Yunes.
Yunes señaló que su principal preocupación está con las familias afectadas y consideró legítimo que exijan información clara y respaldada documentalmente. Anunció que en los próximos días acudirá personalmente a Conagua para solicitar información sobre la situación jurídica de la concesión y contribuir al esclarecimiento del caso.
El excandidato a la gubernatura también respondió directamente a Nahle y elevó el tono de su posicionamiento: “No permitiré que la gobernadora me calumnie con la misma ligereza con la que gobierna Veracruz”, expresó en el comunicado difundido en sus redes sociales.


EL MODELO BUKELE A DEBATE
La situación que está viviendo El Salvador a raíz de que asumió la presidencia de ese país Nayib Bukele y puso orden, es motivo de debates y reclamos de organizaciones dedicadas al negocio de la defensa de los derechos humanos los cuales, según estos adalides de la defensa de los criminales, se violan en las cárceles de El Salvador donde son mal tratados.
Cuando una persona es condenada por un delito, existe algo que claramente pierde: su libertad.
Pero estar detrás de las rejas abre una pregunta mucho más complicada:
¿Qué otros derechos deberían limitarse como parte de una condena?. El sistema penitenciario salvadoreño se ha caracterizado en los últimos años por una política de disciplina estricta y un fuerte aumento de la población encarcelada, especialmente en el contexto de las medidas contra las pandillas.

Al mismo tiempo, el país ha impulsado iniciativas como Cero Ocio, mediante las cuales determinados privados de libertad participan en actividades productivas, capacitación, aprendizaje de oficios y trabajos de utilidad pública.
Para quienes respaldan este enfoque, cumplir una condena no debería significar permanecer años sin hacer nada.
La prisión también puede incluir disciplina, trabajo, educación y preparación para una eventual reinserción en la sociedad cuando corresponda.
Pero existe otra cara de la discusión.
Organizaciones defensoras de derechos humanos han formulado denuncias sobre las condiciones de detención en El Salvador, incluyendo señalamientos relacionados con alimentación, higiene, atención médica, hacinamiento y presuntos malos tratos.
Y aquí aparece una diferencia fundamental: Una cosa son los privilegios y otra las necesidades básicas.

Recibir alimentación suficiente no debería considerarse un premio.

Tener condiciones básicas de higiene no convierte una prisión en un hotel.
Recibir atención médica necesaria tampoco elimina el castigo de permanecer privado de libertad.
Una persona puede estar sometida a reglas estrictas, vigilancia y restricciones mientras conserva aquellas garantías que la legislación reconoce incluso dentro de una cárcel.
Pero también existe otra pregunta difícil: ¿Qué tipo de persona queremos que se reintegre a la sociedad cuando termine su condena?:

Si alguien eventualmente recuperará su libertad, programas de educación, trabajo y formación pueden formar parte de los esfuerzos para reducir la reincidencia y facilitar su reintegración. Por eso, el debate no necesariamente tiene que ser “mano dura o derechos humanos”.
La discusión también consiste en determinar cómo combinar seguridad, consecuencias por el delito, disciplina penitenciaria, condiciones dignas y posibilidades reales de rehabilitación.
¿Dónde pondrías tú la línea entre garantizar condiciones humanas básicas y conceder privilegios innecesarios dentro de una prisión?
El país mantiene programas oficiales de trabajo y reinserción para determinados privados de libertad, mientras organizaciones de derechos humanos han formulado denuncias sobre condiciones de detención y posibles vulneraciones. Estos señalamientos no implican que todas las cárceles ni todas las personas detenidas se encuentren necesariamente en idénticas circunstancias. La privación de libertad constituye una sanción, pero las condiciones penitenciarias continúan sujetas al marco legal aplicable y a las garantías fundamentales correspondientes.
El presidente Bukele se pregunta: ¿por qué los promotores de los derechos humanos van siempre con los criminales a atenderlos, a ver qué les puede faltar y hacen de lado a las víctimas que son las que deberían llamar su atención primero que nada. Los familiares de descuartizados, de mujeres violadas y asesinadas, a esos no los toman en cuenta, se preocupan demasiado por los pobrecitos asesinos.


REFLEXIÓN
Triste, muy triste está dibujando el final de su vida y de su larga carrera legislativa y judicial la actual Fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos. Persiguiendo inocentes, protegiendo a culpables. No en balde le llaman la defensora de oficio del cartel del Macuspano.

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