¿EL IPE CON UN DÉFICIT DE 4 MIL MILLONES?
La declaración resulta muy extraña toda vez de que el IPE, luego de que el político José Francisco Yunes Zorrilla, gestionó y consiguió un apoyo directo de la Secretaría de Hacienda en tiempos de José Antonio Meade, por cinco mil millones de pesos anuales y esto permitió a ese Instituto operar sin problemas hasta el sexenio anterior. Por eso extraña que la gobernadora afirme que hoy el IPE enfrenta un déficit cercano a los 4 mil millones de pesos anuales y actualmente no es autosustentable, anunciando que su administración analiza mecanismos para garantizar la viabilidad financiera del organismo.
Ante la sorpresa de los comunicadores conscientes del buen funcionamiento del instituto y de su indudable liquidez, la mandataria ha anunciado que el Gobierno estatal mantiene aportaciones adicionales para cubrir las obligaciones del sistema de pensiones, debido a que los recursos propios del instituto son insuficientes.
Por cierto, a realizar esa gestión acompañó a Pepe Yunes el entonces director del IPE, el contador Gonzalo Morgado Huesca.

“Trae un déficit de casi 4 mil millones de pesos al año. Debería ser sostenible y sustentable, pero no es”, afirmó tajante la gobernadora.
Afirmó también que desde la administración de Cuitláhuac García Jiménez se destina íntegramente al IPE un fondo federal que originalmente podría utilizarse para otros rubros, debido a la necesidad de garantizar el pago de las pensiones, seguramente en referencia al fondo gestionado por José Yunes Zorrilla, el cual autorizó la federación específicamente para el IPE y hasta donde sabemos porque así se maneja, viene etiquetado para el Instituto de Pensiones del Estado.
“Hay un fondo federal que debería usarse para otras cosas, pero Cuitláhuac dijo: ‘Tengo que apoyar al IPE’, y ese fondo se va íntegro para apoyar al IPE”, señaló.
Ante esta situación, la gobernadora indicó que solicitó al secretario de Finanzas y Planeación, Miguel Santiago Reyes Hernández, que revisara alternativas para modificar la situación financiera del organismo.
“Le pedí a Miguel Reyes que analizara cómo le vamos a hacer, porque el IPE debe ser autosustentable y autosostenible”, afirma la gobernadora dando a entender la intención de su gobierno de retirarle al IPE el mentado fondo, lo que sería ilegal.
La mandataria sostuvo que cualquier mecanismo deberá garantizar la protección de quienes dependen del sistema estatal de pensiones. “No podemos dejar a los pensionados a la deriva, pero le pedí a Miguel que viera qué mecanismo pudiéramos hacer para que el IPE sea sostenible”, afirmó dejando la cabeza del IPE en la guillotina.


DEFICIT DEL IPE OCURRE EN MEDIO DE RECLAMOS
El reconocimiento del supuesto déficit ocurre en medio de las inconformidades de trabajadores próximos a jubilarse por la aplicación del salario regulador o ponderado, mecanismo utilizado para calcular las pensiones con base en el promedio ponderado de los salarios de cotización de los últimos 10 años, en lugar de considerar únicamente el último sueldo percibido.
Durante los últimos meses, organizaciones sindicales han cuestionado este esquema al considerar que reduce los montos de las pensiones de trabajadores que tuvieron modificaciones salariales o recategorizaciones durante la última década de servicio.
Representantes de 62 organizaciones sindicales denunciaron previamente reducciones que, de acuerdo con sus estimaciones, pueden alcanzar hasta 40 por ciento respecto del último salario base.
También advirtieron que algunos trabajadores han optado por detener o aplazar sus trámites de jubilación ante los montos calculados por el IPE.

Entre sus propuestas, los sindicatos han planteado revisar el mecanismo y limitar su aplicación a casos considerados atípicos, como las recategorizaciones realizadas durante los últimos años de servicio, en lugar de aplicarlo de manera generalizada.
Hasta ahora, Nahle García no ha detallado qué modificaciones se analizan ni si la revisión financiera del instituto incluirá cambios en la aplicación del salario regulador, uno de los principales puntos de inconformidad de trabajadores y organizaciones sindicales durante este año.

ANDY LÓPEZ BELTRÁN EN LA MIRA DE LOS EU
Andy López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, es investigado por al menos dos agencias estadounidenses, según el New York Times.
De acuerdo con la publicación del diario estadounidense, los organismos analizan acusaciones en contra del morenista que aspira a una diputación local por vínculos con el crimen organizado y contrabando de combustible.

Sin embargo, The New York Times, citando a cinco personas con conocimiento directo en el tema, aclara que hasta el momento no se ha iniciado una investigación formal en contra de Andy López Beltrán.
Incluso, el hijo de López Obrador se ha puesto en contacto con funcionarios de Estados Unidos a través de intermediarios en varias ocasiones durante este año, aunque no han mantenido conversaciones formales, según tres fuentes.
Esta revelación se da a un mes de que Andy López Beltrán anunciara que el Departamento de Estado le revocó la visa para entrar a suelo estadounidense y alegara que se trataba de un acto “político, politiquero y propagandístico”, al estilo “hitleriano”, sin fundamentos ni pruebas de mala conducta.
Tras el anuncio, la presidenta Claudia Sheinbaum salió en defensa del morenista y aseguró que se trataba de un acto político en contra de Morena y la soberanía nacional.
Asimismo, cabe recordar que en mayo de este año, el hijo del expresidente se separó de su cargo como secretario de Organización de Morena e hizo pública su intención de competir por una diputación; desde entonces inició una gira para ganar simpatizantes en Tabasco.


LA TINA GODOY NIEGA QUE AQUÍ SE LE INVESTIGUE
De acuerdo con la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, no hay órdenes de aprehensión o investigaciones en contra de Andy López Beltrán por "huachicol" fiscal. Esta versión ha sido respaldada tanto por la presidenta como por Morena.
Sin embargo, Epigmenio Mendieta, abogado de Fernando Farías Laguna, afirmó que el hijo de Andrés Manuel López Obrador sí se encuentra mencionado en las indagatorias por el delito de "huachicol" fiscal.
En entrevista con el periodista Claudio Ochoa para Latinus Diario, el abogado señaló que el morenista ha sido mencionado por dos testigos en distintas ocasiones.

¿QUÉ PAPEL JUEGAN LAS FACTURERAS EN EL HUACHICOL?

De acuerdo con información dada a conocer por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la impunidad, las factureras cumplen una función clave en las operaciones de huachicol fiscal. Una vez que el combustible ingresa al país, las facturas suelen ser utilizadas para simular que fue adquirido de manera lícita y darle apariencia de legalidad durante su almacenamiento, distribución y venta.
Es por ello que algunos de los mayores deudores fiscales relacionados con la importación y comercialización de combustibles son empresas factureras, como constató una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Del listado de 10 empresas del sector combustibles con mayores adeudos ante el SAT, cinco están en el listado definitivo de factureras: Dalcrise, Marlaya, Grupo Petrotamps, Nafta Aditivos Orgánicos y Julia Mendoza Cruz.
Tan sólo esos cinco contribuyentes acumulan adeudos fiscales por 74 mil 993 millones de pesos. Dalcrise encabeza el grupo con 30 mil 954 millones de pesos; Marlaya, con 29 mil 294 millones; Grupo Petrotamps, con 7 mil 762 millones; Nafta Aditivos Orgánicos, con 3 mil 859 millones, y Julia Mendoza Cruz, con 3 mil 121 millones.
El caso de Julia Mendoza Cruz muestra la versatilidad con la que han operado las factureras. Entre junio de 2017 y junio de 2018, obtuvo de la Secretaría de Energía cuatro permisos para importar hasta 220 millones de litros de diésel y 50 millones de litros de gasolina, además de un permiso de la Comisión Reguladora de Energía para comercializar combustibles.
Antes de ingresar al listado definitivo del 69-B realizó más de 2 mil 700 operaciones de importación por las aduanas de Ciudad Juárez, Matamoros y Nogales; el 80% del valor de esas operaciones fue declarado como preparaciones antidetonantes, aditivos y aceites minerales, que son mercancías con las que se encubren importaciones de combustibles.


Julia operaba desde un pequeño local de la avenida Mariano Escobedo, en Tlalnepantla, ubicado justamente frente a las oficinas regionales del SAT. La proximidad quedó asentada por la propia autoridad. En el requerimiento expedido el 11 de febrero de 2026, el SAT anotó como referencia del domicilio de la contribuyente que se encontraba “enfrente de las oficinas del Servicio de Administración Tributaria”.
El expediente fiscal muestra que el problema venía de años atrás. La Administración Central de Operaciones Especiales de Comercio Exterior determinó desde el 12 de noviembre de 2021 un crédito fiscal original por mil 474 millones 957 mil 279 pesos. Mendoza Cruz promovió un juicio de nulidad, pero el adeudo quedó exigible y el SAT inició posteriormente el procedimiento administrativo de ejecución.
Para febrero de 2026, las actualizaciones, recargos y otros conceptos habían elevado la deuda a 3 mil 121 millones 819 mil 928 pesos, más del doble del crédito fiscal originalmente determinado.
Julia Mendoza fue incorporada al listado definitivo del 69-B en 2024. Para entonces llevaba alrededor de siete años participando en operaciones de importación y comercialización de combustibles. Su caso muestra la distancia que puede existir entre el momento en que comienzan las operaciones y aquel en que el contribuyente termina formalmente identificado por el SAT como emisor de comprobantes de operaciones inexistentes.
De los 85 contribuyentes del sector energético incluidos hasta ahora en los listados definitivos, una tercera parte fueron identificados por el SAT en los dos años recientes: 11 corresponden a 2025 y 17 al 2026...La delincuencia organizada operando a todo lo que da.


REFLEXIÓN
Entonces los dos xalapeños que resultaron muertos durante el fuerte aguacero que nos cayó la noche del pasado lunes se le contabilizan, en términos de responsabilidad, a la alcaldesa Daniela Griego Ceballos “La minatiteca”. Pues sí, el sistema de drenaje tapado por tanta basura que se ha quedado en las calles por la ineficiencia de Daniela dieron como resultado que ante un aguacero el agua no tenga por donde salir. Esa es una de tantas consecuencias que pagamos por tener como autoridad a la peor alcaldesa del país, según la última calificación publicada sobre el desempeño de los presidentes municipales: nos tocó pura basura.

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