Ya hace algunos ayeres durante mi formación como economista, un profesor nos platicaba a manera de analogía y también de sarcasmo, que la política social “es la ambulancia que recoge a los muertos y los heridos producto de la competencia por el mercado”. Y hoy mejor que nunca pudiera ser utilizado el parangón, puesto que es ahí, en la lucha encarnizada por el posicionamiento en el mercado (de bienes y laboral), donde tiene verificativo la expoliación (material y de expectativas) no sólo por la desigualdad de oportunidades sino también por inequidad de condiciones para tal competencia por parte de algunos agentes (individuos y empresas) que no lograron adaptarse a tal disputa.

Ante ese escenario que algunos llaman “Darwinismo social” en el que la ley del más fuerte impera, es que se justifica la intervención del Estado para corregir las enormes fallas del mercado, en aras de propiciar en la medida de lo posible, bienestar para sus gobernados, Pero… ¿Qué es el Estado de Bienestar? Partamos de esta pregunta. En un primer acercamiento, el estado de bienestar es concebido como aquella entidad garante de los estándares mínimos de ingreso, salud, educación, vivienda, alimentación, etc., a todos los ciudadanos, pero no como una dádiva sino como un derecho. De ahí que las políticas sociales dentro del estado de bienestar no se refieran tanto a la intervención del gobierno sino más bien a la acción de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos y que ésta sea validada y reivindicada por ellos.

La historia de la concepción del Estado de bienestar es producto de la visión política e ideológica de la Europa de finales de 1800. Más recientemente en el contexto de la guerra fría, el socialismo tildaba al capitalismo de ser ineficiente pero sobre todo injusto socialmente, y cuando existían “beneficios” estos solo eran vistos como meros paliativos que lo único que lograban era refuncionalizar interminablemente el sistema. Del otro lado, la postura liberal denostaba el intervencionismo Estatal y mucho menos que éste asumiera responsabilidades sociales, puesto que el actuar del mercado era tan efectivo que la optima asignación de los beneficios se daba en automático, siempre y cuando estuviera libre de regulaciones.


Producto de estas dos posiciones nace lo que se conoció como el Estado Benefactor, que mediante la redistribución del ingreso a través de la seguridad social, legitimaba su intervención ante las consecuencias sociales de la dinámica capitalista, tratando de lograr a toda costa una difícil combinación entre libertad privada e intervencionismo público.

En México, los estudios sobre bienestar social y pobreza son elaborados por economistas, la mayoría de ellos por encargo de alguna institución gubernamental o de los antropólogos que, con frecuencia, se oponen a las políticas de combate a la pobreza por considerar que algunas de ellas atentan contra los “usos y costumbres” de algunos grupos étnicos.

A pesar de lo complejo que significa el estudio del desarrollo y en particular de la pobreza, existe un criterio generalizado entre quienes estudian dicho fenómeno, y éste estriba en cuatro razones fáciles por las cuales los mecanismos gubernamentales pueden ignorar la pobreza:
La primera, es la idea de que evitar las muertes por pobreza es contraproducente, porque nos lleva a una sobrepoblación y con ello a más muertes en el futuro, sin embargo existe evidencia de que la tasa de crecimiento poblacional ha estado disminuyendo.


La segunda razón, igual de fácil, es sostener que el problema de la pobreza es tan grande que no puede ser erradicado. En México, 53 millones de personas viven en un estado de pobreza y en promedio perciben apenas 2 dólares diarios. También es frecuente que se gasten muchos recursos en la administración de los programas de combate a la pobreza sin éxito aparente.

La tercera razón fácil se refiere a que la historia nos ha demostrado que la pobreza no desaparece sólo con inyectar dinero. Sabemos que el presupuesto disponible para combatir la pobreza es insuficiente; la principal dificultad con el uso del dinero es que se distribuye de una manera ineficiente, se da apoyo a múltiples programas que poco tienen que ver unos con otros, y muchas veces los fondos se emplean en programas que tienen como finalidad promover acciones políticas.

La cuarta razón atañe al éxito de las políticas de combate a la pobreza y a la creencia de que ésta, está desapareciendo.


Tales disparates surgen ante la necesidad de simplificar un fenómeno sumamente complejo, pues no es suficiente con canalizar algunos pesos a las regiones con alta marginación para romper el círculo de la pobreza ya que este rezago no sólo es económico, es histórico.

Es en esa complejidad para propiciar y medir el desarrollo y la escaza voluntad política de los funcionarios públicos, donde termina por diluirse el esfuerzo (sí es que lo hay o lo hubo) para generar un verdadero cambio; el cambio estaría dado por una sociedad menos dispersa mediante dos condiciones a saber: primero, igualdad de oportunidades para acceder a los programas de alimentación, salud y educación públicos, sin importar la ubicación geográfica y grupo étnico, y segundo, una vez que se garantizó la “verdadera cobertura universal” entonces tal vez y sólo tal vez podríamos hablar de igualdad de condiciones para acceder, por ejemplo, a la educación superior y elevar la eficiencia terminal de ésta, lo que a su vez generaría una sociedad no solo más educada sino mejor preparada para competir en el mercado laboral con mejores remuneraciones.

Tengo la obligación moral de hacer tres aclaraciones respecto del párrafo anterior: primera, cuando hablo de “voluntad política” no me refiero a los vulgares partidos políticos, sino a la voluntad expresa de ejecutar una acción y más propiamente a la acción, la realización, válgase la expresión, “la acción de hacer”. Segunda, el problema que se está suscitando en la sierra de Chihuahua con la crisis alimentaria de los hermanos Raramuris, es como si le hubieran “pateado el avispero” a Felipe Calderón, pues el iluso ha estado presumiendo de la “Cobertura universal” de los programas sociales, hecho que obviamente está siendo evidenciado y de qué forma. Tercera, es precisamente porque el concepto de desarrollo es demasiado complejo, que los funcionarios ni siquiera han podido encontrar la diferencia entre IGUALDAD DE CONDICIONES e IGUALDAD DE OPORTUNIDADES y su relación con la distribución del ingreso. A pesar de ello tengo que reconocer que no es porque sean incompetentes; el problema es que no tienen visión, la visión que tienen los verdaderos Estadistas, los hombres de Estado.


De seguir en la tónica del “asistencialismo” sin hacer los ajustes necesarios en la política económica, específicamente en la política fiscal, jamás podrá reducirse la gigantesca brecha en la distribución del ingreso. Puesto en perspectiva, no es social ni económicamente justo que, la población en los dos deciles de ingreso más bajo sobreviva con el 4 por ciento del ingreso nacional, mientras que la población en los dos deciles de ingreso más alto concentren poco más del 50 por ciento del ingreso. Con esta abismal diferencia jamás existirá presupuesto gubernamental que pueda por lo menos, paliar semejante desigualdad.