2 de febrero de 2012
alcalorpolitico.com
Aunque dos funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) acaban de ser despedidos del cargo luego que el gobierno federal diera a conocer que se extralimitaron en sus funciones al emitir mediante oficio una alerta migratoria que impedía el libre tránsito a tres ex gobernadores de Tamaulipas y sus familiares, lo cierto es que sí existe una investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) abierta desde 2009 contra los ex mandatarios tamaulipecos Manuel Cavazos, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández por delitos contra la salud.
Esto, obviamente, ha prendido los focos rojos en el CEN del PRI y en el bunker de su candidato presidencial Enrique Peña Nieto, quien anteayer, en su gira por el estado de Tlaxcala, aseguró que las acciones de la PGR contra estos ex gobernadores priistas son señal de la andanada que el gobierno federal emprenderá en su contra en el marco de la contienda electoral.
Por su parte, la secretaria general del CEN del PRI, Cristina Díaz, dijo que “no podremos combatir la inseguridad mientras los órganos encargados de la justicia los quieran ocupar en una contienda electoral y los quieran convertir en instrumentos de partido”.
El acoso judicial contra los ex gobernadores de Tamaulipas ha comenzado a preocupar más de la cuenta a los priistas y a Peña Nieto porque en un acto de aparente perversión de la justicia la PGR pretende ahora justificar el curso de la indagatoria con el crimen del ex candidato del PRI a la gubernatura, Rodolfo Torre Cantú, emboscado y ejecutado a finales de junio de 2010 cuando se dirigía al aeropuerto de Ciudad Victoria acompañado de su suegro Enrique de la Garza, del diputado local Enrique Blackmore y cuatro escoltas que también murieron.
La averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/ 012/2009, en la que se implica a estos tres ex gobernadores, fue abierta desde enero de 2009 – casi año y medio antes del crimen del doctor Rodolfo Torre, hermano del actual gobernador Egidio Torre Cantú– por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, de la PGR.
La pesquisa fue iniciada por la SIEDO luego de la captura en la Ciudad de México de Miguel Ángel Soto Parra, uno de los miembros fundadores de “Los Zetas”, quien, como agente de la extinta Policía Judicial Federal comisionado en Tamaulipas entre 1998 y 1999, le dio protección al entonces líder del Cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén.
El CEN del PRI y los operadores políticos de Peña Nieto han emitido una alerta roja a sus gobernadores y demás aliados porque presumen que una vez que inicien formalmente las campañas presidenciales y conforme se acerque la fecha de la elección de julio próximo, la embestida del gobierno federal será aún mayor en contra del partido tricolor y su candidato que en las encuestas mantienen una amplia ventaja sobre los contendientes del PAN y de la alianza de izquierda PRD-PT-MC.
Y es que en las últimas dos semanas el régimen del presidente Felipe Calderón ha mandado sendos mensajes intimidatorios no sólo a la nomenclatura del PRI sino hasta a algunos destacados militantes del PAN que han rechazado abiertamente a su precandidato favorito Ernesto Cordero, como el ex presidente Vicente Fox, quien además de criticar la estrategia calderonista de combate al crimen organizado ha elogiado a Peña Nieto, al cual recibió hace poco en su rancho San Cristóbal.
Precisamente la semana antepasada, por instrucciones de Calderón, la procuradora Marisela Morales desempolvó una indagatoria abierta desde 2007 con base en la denuncia que por presunto enriquecimiento ilícito presentó en contra de Fox el senador del PT, Ricardo Monreal, actual coordinador general de la campaña de Andrés Manuel López Obrador.
En un hecho inédito, un grupo de agentes y peritos de la PGR catearon las propiedades del ex presidente en San Francisco del Rincón, Guanajuato.
Ayer, en la conferencia de prensa organizada para anunciar el encarcelamiento de cuatro implicados en el plan para traer a México a un hijo de Gaddafi, el titular de la SIEDO, Cuitláhuac Salinas Martínez, fue cuestionado sobre la indagatoria abierta contra los tres ex gobernadores de Tamaulipas, pero el funcionario de la PGR sólo respondió que “evidentemente, como lo hice patente, cualquier investigación que está en curso implica secrecía por parte del Ministerio Público, no puedo dar detalles en relación con lo que se investiga…”
Al ser cuestionado sobre los señalamientos de los dirigentes del PRI, en el sentido de que la PGR es utilizada con fines político-electorales en el caso de los ex mandatarios tamaulipecos, el subprocurador de la PGR se abstuvo también de hacer comentario alguno.
¿RECONSIDERACIÓN?
Para salir airoso de una guerra, lo que hasta el mejor estratega militar necesita es un ejército de auténticos guerreros.
El gobernador Javier Duarte, por ahora, ha dado sobradas muestras de que no es fácil de intimidar por los rudos embates de sus adversarios políticos.
Pero el mandatario veracruzano no puede hacerlo ni resolverlo todo él solito.
El caso de los 25 millones de pesos asegurados por la PGR resultó una costosa lección para sus operadores financieros que parecen no tener temple ni oficio político para enfrentar una batalla mediática como la que actualmente se libra por la feroz disputa del poder presidencial.
El tesorero Vicente Benítez González, por ejemplo, se precipitó al presentar su renuncia que –ahora se sabe– no le ha sido aceptada aún por el gobernador Duarte de Ochoa, quien el pasado lunes 30, día en que el funcionario de la Sefiplan dimitió, se encontraba en la ciudad de México.
La sorpresiva renuncia de Benítez enredó todavía más las cosas, pues el secretario de Finanzas y Planeación, Tomás Ruiz González, y la vocera del gobierno estatal, Gina Domínguez Colío, ya habían salido a precisar que el pago en efectivo a la empresa Industria 3, S. A. de C. V. era totalmente legal aunque quizá no muy usual, pero convalidando la operación financiera del tesorero.
Por eso es que Ruiz González, según nos dicen, trató de persuadir a Benítez para que no renunciara, pero el subordinado lo desoyó. Su dimisión sólo sirvió para que los adversarios políticos del gobernador Duarte, del PRI y su candidato presidencial sembraran más sospechas de un acto lícito pero en apariencia irregular.
Quizá por ello es que el gobernador Duarte aún no le hace efectiva su renuncia. Y es que validarla sería darles la razón a sus enemigos políticos.
Esto, obviamente, ha prendido los focos rojos en el CEN del PRI y en el bunker de su candidato presidencial Enrique Peña Nieto, quien anteayer, en su gira por el estado de Tlaxcala, aseguró que las acciones de la PGR contra estos ex gobernadores priistas son señal de la andanada que el gobierno federal emprenderá en su contra en el marco de la contienda electoral.
Por su parte, la secretaria general del CEN del PRI, Cristina Díaz, dijo que “no podremos combatir la inseguridad mientras los órganos encargados de la justicia los quieran ocupar en una contienda electoral y los quieran convertir en instrumentos de partido”.
El acoso judicial contra los ex gobernadores de Tamaulipas ha comenzado a preocupar más de la cuenta a los priistas y a Peña Nieto porque en un acto de aparente perversión de la justicia la PGR pretende ahora justificar el curso de la indagatoria con el crimen del ex candidato del PRI a la gubernatura, Rodolfo Torre Cantú, emboscado y ejecutado a finales de junio de 2010 cuando se dirigía al aeropuerto de Ciudad Victoria acompañado de su suegro Enrique de la Garza, del diputado local Enrique Blackmore y cuatro escoltas que también murieron.
La averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/ 012/2009, en la que se implica a estos tres ex gobernadores, fue abierta desde enero de 2009 – casi año y medio antes del crimen del doctor Rodolfo Torre, hermano del actual gobernador Egidio Torre Cantú– por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, de la PGR.
La pesquisa fue iniciada por la SIEDO luego de la captura en la Ciudad de México de Miguel Ángel Soto Parra, uno de los miembros fundadores de “Los Zetas”, quien, como agente de la extinta Policía Judicial Federal comisionado en Tamaulipas entre 1998 y 1999, le dio protección al entonces líder del Cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén.
El CEN del PRI y los operadores políticos de Peña Nieto han emitido una alerta roja a sus gobernadores y demás aliados porque presumen que una vez que inicien formalmente las campañas presidenciales y conforme se acerque la fecha de la elección de julio próximo, la embestida del gobierno federal será aún mayor en contra del partido tricolor y su candidato que en las encuestas mantienen una amplia ventaja sobre los contendientes del PAN y de la alianza de izquierda PRD-PT-MC.
Y es que en las últimas dos semanas el régimen del presidente Felipe Calderón ha mandado sendos mensajes intimidatorios no sólo a la nomenclatura del PRI sino hasta a algunos destacados militantes del PAN que han rechazado abiertamente a su precandidato favorito Ernesto Cordero, como el ex presidente Vicente Fox, quien además de criticar la estrategia calderonista de combate al crimen organizado ha elogiado a Peña Nieto, al cual recibió hace poco en su rancho San Cristóbal.
Precisamente la semana antepasada, por instrucciones de Calderón, la procuradora Marisela Morales desempolvó una indagatoria abierta desde 2007 con base en la denuncia que por presunto enriquecimiento ilícito presentó en contra de Fox el senador del PT, Ricardo Monreal, actual coordinador general de la campaña de Andrés Manuel López Obrador.
En un hecho inédito, un grupo de agentes y peritos de la PGR catearon las propiedades del ex presidente en San Francisco del Rincón, Guanajuato.
Ayer, en la conferencia de prensa organizada para anunciar el encarcelamiento de cuatro implicados en el plan para traer a México a un hijo de Gaddafi, el titular de la SIEDO, Cuitláhuac Salinas Martínez, fue cuestionado sobre la indagatoria abierta contra los tres ex gobernadores de Tamaulipas, pero el funcionario de la PGR sólo respondió que “evidentemente, como lo hice patente, cualquier investigación que está en curso implica secrecía por parte del Ministerio Público, no puedo dar detalles en relación con lo que se investiga…”
Al ser cuestionado sobre los señalamientos de los dirigentes del PRI, en el sentido de que la PGR es utilizada con fines político-electorales en el caso de los ex mandatarios tamaulipecos, el subprocurador de la PGR se abstuvo también de hacer comentario alguno.
¿RECONSIDERACIÓN?
Para salir airoso de una guerra, lo que hasta el mejor estratega militar necesita es un ejército de auténticos guerreros.
El gobernador Javier Duarte, por ahora, ha dado sobradas muestras de que no es fácil de intimidar por los rudos embates de sus adversarios políticos.
Pero el mandatario veracruzano no puede hacerlo ni resolverlo todo él solito.
El caso de los 25 millones de pesos asegurados por la PGR resultó una costosa lección para sus operadores financieros que parecen no tener temple ni oficio político para enfrentar una batalla mediática como la que actualmente se libra por la feroz disputa del poder presidencial.
El tesorero Vicente Benítez González, por ejemplo, se precipitó al presentar su renuncia que –ahora se sabe– no le ha sido aceptada aún por el gobernador Duarte de Ochoa, quien el pasado lunes 30, día en que el funcionario de la Sefiplan dimitió, se encontraba en la ciudad de México.
La sorpresiva renuncia de Benítez enredó todavía más las cosas, pues el secretario de Finanzas y Planeación, Tomás Ruiz González, y la vocera del gobierno estatal, Gina Domínguez Colío, ya habían salido a precisar que el pago en efectivo a la empresa Industria 3, S. A. de C. V. era totalmente legal aunque quizá no muy usual, pero convalidando la operación financiera del tesorero.
Por eso es que Ruiz González, según nos dicen, trató de persuadir a Benítez para que no renunciara, pero el subordinado lo desoyó. Su dimisión sólo sirvió para que los adversarios políticos del gobernador Duarte, del PRI y su candidato presidencial sembraran más sospechas de un acto lícito pero en apariencia irregular.
Quizá por ello es que el gobernador Duarte aún no le hace efectiva su renuncia. Y es que validarla sería darles la razón a sus enemigos políticos.