El gobernador Javier Duarte de Ochoa eligió al procurador Felipe Amadeo Flores Espinosa para que ayer, en nombre del gobierno del estado de Veracruz, pronunciara el discurso oficial en la ceremonia conmemorativa del 155 y 95 aniversario de la promulgación de las Constituciones Políticas de los Estados Unidos Mexicanos que datan de 1857 y 1917, respectivamente.

 

Se presume que el mandatario veracruzano decidió que Flores Espinosa fuera el orador oficial porque además de ser el Abogado del estado es uno de los priistas más ortodoxos, aparentemente muy parco al hablar pero eficaz para la operación política y articulación de ideas, líder de uno de los grupos de poder que por su cohesión e institucionalidad ha logrado subsistir los últimos seis sexenios en la entidad veracruzana y que, además, por su interlocución siempre cimentada en acuerdos serios y formales, se ha ganado el respeto hasta de los más recalcitrantes opositores al PRI.

 

Así se corroboró, por ejemplo, cuando en octubre del año pasado Amadeo Flores solicitó licencia a su cargo de diputado federal a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, en cuya última mesa directiva fungió como vicepresidente. Y también cuando días después los 50 legisladores locales de todos los partidos políticos representados en la LXII Legislatura de Veracruz aprobaron por unanimidad su nombramiento propuesto por el gobernador Duarte de Ochoa para que asumiera la titularidad de la Procuraduría General de Justicia del Estado en sustitución de Reynaldo Escobar.

 

Por eso, nadie mejor que Espinosa Flores para fijar ayer la postura de la administración priista de Veracruz que en medio de la feroz disputa del poder presidencial también ha comenzado a recibir coletazos de la Procuraduría General de la República (PGR), brazo persecutor del gobierno federal que ahora amenaza con procesar penalmente a tres ex gobernadores del PRI de Tamaulipas.

 

Precisamente ayer, en el acto encabezado por el gobernador Javier Duarte y después del señalamiento que hiciera el partido tricolor al rechazar cualquier intento de persecución política y el uso partidista de la procuración de justicia en contra de adversarios políticos, porque en una democracia estas conductas son inadmisibles, el procurador de Veracruz expuso que “los ciudadanos no permitirán que en el vano afán de perpetuarse en el poder, se trastoque su legítimo derecho a decidir su futuro en la colectividad”.

 

“Nadie puede utilizar la ley y a las instituciones como instrumento para desprestigiar al adversario porque la intolerancia sólo nos conducirá a la anarquía”, afirmó contundente Flores Espinosa, quien dijo que hoy nos encontramos en un tiempo de renovación y cambio, en un tiempo político que requiere de madurez, respeto por el gobierno y sus instituciones “y ante cualquier interés personal o de grupo se debe privilegiar la armonía institucional a la que nos obliga nuestra Carta Magna”.

 

Directo, sin cortapisas, el ex secretario de Gobierno y fundador de la agrupación política “Vía Veracruzana” indicó que “ningún gobierno está por encima de otro; nuestro pacto federal, vigente y fortalecido, nos obliga a preservar una República donde todos los actores políticos contribuyamos a la unidad nacional y no a la discordia política”.

 

Y luego, al aludir al constructor del Derecho Constitucional Europeo, Peter Häberle, quien asegura que “un texto constitucional es, sobre todo, un pacto entre generaciones, una línea de continuidad histórica, política, social y jurídica que nos vincula al pasado, pero que nos permite avanzar con bases ciertas al futuro”, el fiscal veracruzano reiteró que la Constitución es la ley fundamental del Estado, piedra de toque del orden jurídico e instrumento que define el ser político de un país. “Los pueblos encuentran en la Constitución el fundamento de la propia existencia y el símbolo que los guía en su porvenir como nación. La Constitución ha de recoger las resoluciones y programas, objetivos y experiencias de un pueblo, y debe ser tanto el resultado de la historia y de la realidad social como la expresión de los grandes propósitos colectivos”.

 

Después de hacer un recuento histórico de las Constituciones que dieron vida legal y jurídica a México, Flores Espinosa resumió que “la Carta Magna garantiza nuestra libertad y libre ejercicio de nuestros derechos políticos. Por ello, no debemos permitir que el engaño y la infamia sustituyan a la voluntad de construir un futuro en la democracia”.

 

El encargado de la procuración de justicia en la entidad sostuvo que “la preservación del poder político no puede anteponerse a los propósitos históricos de nuestra Constitución”, y recordó que “quienes así lo han intentado, han sido despreciados por el juicio de los pueblos y despojados de la historia”.

 

El veterano político priista nativo de Cotaxtla dijo que no podemos seguir siendo un país en transición permanente, sino que debemos avanzar hacia adelante, hacia la consecución de mejores leyes que aseguren la protección de los derechos humanos, impulsen la procuración y la administración de justicia, que eleven el nivel de vida de millones de mexicanos con una mejor distribución de la riqueza y que garanticen el ejercicio de una democracia plena.

 

Y parafraseando al ex rector de la UNAM y ex secretario de Gobernación, Jorge Carpizo McGregor, el funcionario duartista dijo que “la aplicación estricta de la Constitución y de la ley es una de las mayores garantías contra la dictadura y la anarquía. La aplicación estricta de la Constitución y de la ley es la salvaguarda de la paz social y del progreso de la Nación. La aplicación estricta de la Constitución y de la ley crea confianza en las instituciones nacionales y las fortalece”.

 

Flores Espinosa refirió que en Veracruz “sabemos que no existe posibilidad de desarrollo social y personal en la aplicación discrecional de la ley. El único camino está en la Constitución y su exacta observancia y en el ejercicio diario de la democracia. En consecuencia, la Constitución y la ley no se negocian, se cumplen.

 

“A la luz de estos principios, Veracruz hoy se consolida como un referente de un proceso constitucional creativo y reformista; donde la ley es el camino que debemos seguir, y que no obstante que los tiempos políticos generen distorsión, tenemos la certeza de que siempre que se actúe con legalidad, las instituciones públicas podrán cumplir eficazmente con sus fines”.

 

Al final se pronunció porque esta fecha, 5 de febrero, sea “un espacio para la concordia y la reflexión. Que sea una oportunidad para renovar nuestro pacto social que nos permita mirar el futuro con optimismo. Que sea la fuerza que mueve a Veracruz y a México”.

 

En contraparte, ayer en el Teatro de la República de la ciudad de Querétaro –donde el Congreso Constituyente de 1917 promulgó la Constitución Política vigente–, el presidente Felipe Calderón afirmó que “es importante ejercer los derechos y cumplir los deberes cívico-políticos con la patria, en particular en un año en que se eligen e integran nuevos Poderes Ejecutivo y Legislativo”.

 

El mandatario mexicano, quien al hacer un nuevo llamado a los legisladores para que aprueben ya las reformas laboral y política, la Ley de Seguridad Nacional y la Ley de Mando Policial Único y Confiable enfatizó que su gobierno ha puesto especial atención en el fortalecimiento de las instituciones, como la Policía Federal, la PGR y las Fuerzas Armadas, convocó a que “en la estabilidad democrática que privilegiadamente tenemos los mexicanos, integremos los nuevos poderes a través del voto libre y respetado, que debe ser fruto de una deliberación ciudadana que sólo puede provenir de campañas también libres y equitativas”.

 

Ayer corrió la versión de que Armando Adriano Fabre, actual subdirector de Prestaciones Institucionales del Instituto de Pensiones del Estado, se perfilaba como el candidato más viable para suceder a Gonzalo Morgado Huesca en la Dirección general del IPE.

 

Quienes conocemos de hace años al talentoso abogado sureño y Notario Público con licencia sabemos que tiene la capacidad administrativa, el conocimiento jurídico y la sensibilidad política para dirigir este complicado organismo público descentralizado.