Cuatro días después de que en el puerto de Veracruz se consumara la tradicional “quema del Mal Humor”, el festejo que marca el inicio del Carnaval, la titular de la Procuraduría General de la República, Marisela Morales Ibáñez, pretendió aguarles las fiestas carnestolendas a los funcionarios priistas del gobierno del estado: el sábado 18, sorpresivamente, operó el cambio de representante de la PGR en la entidad veracruzana y decidió mandar a Fernando García Fernández, un licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México en cuya larga trayectoria en esta instancia del gobierno federal destaca haber sido Agente del Ministerio Público para la Atención de Delitos Cometidos por Servidores Públicos.

Fue la subprocuradora de Control Regional de Procedimientos Penales y Amparo, Victoria Pacheco Jiménez, quien en representación de la procuradora Morales Ibáñez le dio posesión como delegado estatal de la PGR a García Fernández.

La lectura del relevo en la Delegación de la PGR parece no tener equívocos, pues se da en medio de la candente sucesión presidencial y en la que según los adversarios del PAN la administración del presidente Felipe Calderón pretende manipular las acciones del Ministerio Público federal para favorecer electoralmente a su partido.


Coincidentemente, el cambio de delegado de la PGR en Veracruz se dio cuatro días después de la salida de José Luis Vargas de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), una remoción que fue anticipada y duramente cuestionada por el presidente del CEN del PRI, Pedro Joaquín Coldwell, quien en una carta enviada a la procuradora Morales un día antes de que se oficializara esta decisión, le expuso que “nos parece que sería grave la designación de un nuevo fiscal que no cumpla con los criterios de imparcialidad y legalidad que corresponden a la Fepade, e igualmente nos interesa conocer las causas por las cuales se removería al actual fiscal”.

En conferencia de prensa, el lunes 13, el líder priista declaró que existía desconfianza hacia el gobierno federal por el “uso faccioso” que le han dado a la procuración de justicia.

El cambio en la Fepade se consumó al día siguiente. Hasta en el Instituto Federal Electoral no vieron con buenos ojos este movimiento en la Fepade. El consejero electoral Marco Antonio Baños Martínez, presuntamente cercano al PRI, declaró a un noticiero radiofónico que “el IFE es muy respetuoso de las decisiones de la PGR en la sustitución del fiscal especial. Sin embargo, me parece que a medio proceso electoral no es prudente que se haga un cambio de un funcionario que ha demostrado eficacia en el cumplimiento de sus obligaciones institucionales. Conozco personalmente a José Luis Vargas, un hombre dedicado a la legalidad que se ha conducido con estricto apego e imparcialidad".


Durante una gira de trabajo por Ciudad Juárez, Chihuahua, la procuradora Morales Ibáñez les dio respuesta a sus detractores. Dijo que la remoción de Vargas como titular de la Fepade se dio porque durante su gestión sólo se investigó a personas que falsearon datos para obtener su credencial de elector, no resolvió ninguna averiguación previa por otros ilícitos y no concluyó ninguna de las averiguaciones relacionadas con las pasadas elecciones de Michoacán y el Estado de México.

En cambio, reveló que la nueva titular de esta Fiscalía Especial, Imelda Calvillo Tello, colaboró en 2002 en la investigación y captura de una red de funcionarios de la PGR que tenían vínculos con el crimen organizado.

Morales Ibáñez, quien señaló que la PGR cuenta con estructuras para combatir o investigar cualquier intento de los grupos criminales que pretendan impactar las elecciones de julio próximo, sostuvo que Calvillo Tello fue designada para integrar averiguaciones previas e investigar cualquier denuncia, sin filias o fobias políticas, ya que no tiene ninguna militancia, pero es una persona que sabe investigar y perseguir delitos.


En contraparte, refirió que con José Luis Vargas no se pudo ver ni un solo caso de investigación real para prevenir o sancionar la comisión de delitos electorales, y sólo se llegaron a armar expedientes en los que se consignaron hasta 300 personas, que en algunos casos no sabían leer o que fueron víctimas de delincuentes, aunque a estos últimos no se les persiguió.

La procuradora señaló que el trabajo de Vargas al frente de la Fepade se concentró en 90 por ciento a consignar casos de falsificación o alteración de credenciales para votar, por lo que se debe ir más allá, en una investigación profesional, en donde se pongan en juego todas las herramientas que el Ministerio Público tiene a su cargo y podamos ser más efectivos en este combate, y aludió a que no se han aprobado reformas en materia electoral que permitirían mejorar la persecución de ilícitos.

“A veces se dicen muchas cosas en el aire, y en realidad lo que necesitamos es investigar y tener pruebas, evidencias, para poder fincar cargos o responsabilidades, y hablar con objetividad si se está dando o no una conducta delictiva, porque eso (los rumores) es lo que a veces hace mucho daño a las instituciones, e incluso a los propios partidos”, dijo la titular de la PGR.


Por lo mientras, la mirada de la PGR parece estar enfocada en Veracruz, un estado estratégico para el panismo en esta sucesión presidencial por ser la tercera entidad federativa con el mayor padrón electoral del país, sólo superada por el Estado de México donde el candidato del PRI Enrique Peña Nieto pretende obtener más de tres millones de votos, y el Distrito Federal que sigue siendo el principal bastión del PRD.

Por eso no fue casual que el senador veracruzano Juan Bueno Torio, quien acaba de amarrar la candidatura del PAN a la diputación federal por el principio de Representación Proporcional (plurinominal), haya sido enviado el pasado jueves 16 a presentar una denuncia de hechos ante la PGR por los 25 millones de pesos que la Policía Federal le incautó el pasado 27 de enero en el aeropuerto de Toluca a dos funcionarios menores del gobierno del estado de Veracruz y que aún no le han sido reintegrados a la administración del gobernador Javier Duarte pese a que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) acreditó oficialmente que los recursos sí tienen ese origen legal.




El mismo jueves 16, en conferencia de prensa, la bancada de diputados federales veracruzanos del PRI, encabezados por su coordinador Juan Nicolás Callejas Arroyo, exigió a la PGR la devolución de los 25 millones de pesos al gobierno de Veracruz y demandó investigar también a Bueno Torio sobre tráfico de influencias y otras denuncias periodísticas que se le hicieron el sexenio anterior como director de Pemex Refinación.

La confrontación entre el PAN y PRI que arreció con la investigación filtrada por la PGR en contra de tres ex gobernadores priistas de Tamaulipas presuntamente vinculados con la delincuencia organizada amenaza con recrudecerse, pues ahora los del partido tricolor están demandando que se investigue también a dos ex gobernadores panistas de Baja California Norte por sus nexos con el narcotráfico y que la Fepade le abra una averiguación previa a Luis María Calderón, la hermana mayor del Presidente, por presuntos actos ilícitos cometidos en su campaña por la gubernatura de Michoacán.

En Veracruz ha trascendido que la PGR tiene en la mira a varios ex colaboradores y empresarios vinculados con el ex gobernador Fidel Herrera Beltrán, algunos de los cuales siguen siendo funcionarios y contratistas de la nueva administración estatal.


Se sabe, por ejemplo, que de la PGR están solicitando informes en varias oficinas regionales del Registro Público de la Propiedad del estado acerca de los bienes muebles e inmuebles que presuntamente pertenecen a funcionarios del gobierno estatal, entre ellos un subsecretario de la Sefiplan y un ex jefe administrativo de la Secretaría de Gobierno y de la Procuraduría General de Justicia de Veracruz, cuyos patrimonios se incrementaron inexplicablemente durante el sexenio pasado.

Otros están bajo sospecha de haber malversado recursos transferidos por la Federación, entre los cuales se menciona al arquitecto Manuel Barclay Galindo, un ex condiscípulo del ex gobernador Herrera que en esta administración fue ratificado como gerente general del Instituto Veracruzano de Desarrollo Regional, Urbano y Vivienda (Invivienda).

Los golpes de la PGR, por su efecto mediático e incidencia política-electoral, se espera que ocurran obviamente antes de la elección del próximo 1 de julio.